EL NUEVO SIGLO: La Contraloría General de la Nación identificó hallazgos fiscales por 11 billones de pesos que afecta al sector salud, de los cuales 6 billones están en 24 EPS por destinación indebida de recursos por parte de las UPC, ¿cómo recibe este informe?

GALO VIANA: Recibimos respetuosamente los análisis e informes de la Contraloría. Son recursos públicos. El Estado y los organismos de control tienen el deber de auditarlos.

Lo que hay que informarle a la opinión pública es que de los recursos que el Gobierno giró durante 2020 para atender la salud de los colombianos, unos 6 billones fueron utilizados para pagar deudas de servicios que se prestaron en años anteriores. Entonces, claro que se utilizaron en servicios de salud, no en otra cosa.

En el concepto de la Contraloría, los recursos del año 2020 son para atender las necesidades del año 2020. Esa es la discusión que debemos darle al país. Son recursos de salud que se utilizaron para pagar deudas de salud para la atención de los colombianos.

En el 2020 si no se hubiera pagado esos recursos del año anterior, los que hubieran sufrido las consecuencias eran las IPS, que no hubieran tenido esos recursos porque lo que está demostrado es que los recursos fueron a las instituciones prestadoras de servicio de salud.

Si algunas cosas extravagantes que sucedan, cada EPS tendrá que determinar de dónde utilizó los recursos. Recordemos que de la UPC hay un 8% en el caso del régimen subsidiado y el 10% en el régimen contributivo, puede utilizarse recursos que son destinados para gastos administrativos; por lo tanto, eso es una división que debemos considerar.

El otro rubro grande es que hay unos valores que en el año 2020 se pagaron por encima de la facturación. Cuando se analiza eso, lo que sucede es que hubo más pagos que facturas porque precisamente se pagaron de años anteriores. Pero son utilizados para servicios de salud.

ENS: ¿Cuáles cree que serán las consecuencias legales y administrativas para las EPS que han utilizado los recursos de la UPC para pagar servicios de vigencias anteriores, como se menciona en el informe de la CGR?

GV: Va a haber una fuerte discusión, una discusión serena y tranquila. Nosotros esperamos que sea así y que se den todas las garantías para dar la argumentación de por qué sí se podían utilizar recursos para pagar deudas anteriores.

Eso quiere decir que los recursos están invertidos donde deben invertirse, que es el servicio de salud. Además, esta teoría o este concepto de la Contraloría no se había explicado ni se había aplicado y llevamos muchos años con este sistema de salud.

Por eso, este concepto habrá que evaluarlo a la luz de toda la jurisprudencia que hay en Colombia. Pero eso rompería todo el esquema de atención de cómo funcionan los servicios.

La manera sencilla es que, por ejemplo, una persona en el mes de octubre del año 2019 está hospitalizada, demora mucho en el hospital, le hacen cirugías, es atendido y luego la IPS le factura en el año 2020, lo que hay que pagar. Pero si no se pudiera pagar tendríamos que devolver un recurso para después pedírselo otra vez al Estado, que es un trámite que se podría volver engorroso e interminable. Se afectaría a la población y a las IPS.

ENS: ¿Cómo evalúa la efectividad de los mecanismos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud frente a las presuntas irregularidades encontradas por la CGR en el manejo de los recursos por parte de las EPS?

GV: La Superintendencia conoce cómo es el flujo entre los recursos. Todas las clínicas del país saben que los servicios se prestan en un mes, se radican en el siguiente y a veces se pueden acumular servicios, porque los procesos de facturación, análisis y auditoría pueden demorar.

Pero la Superintendencia conoce este proceso y, que tengamos conocimiento, nunca anteriormente ha acusado a alguna EPS por utilizar recursos de una vigencia para pagar servicios de salud de las vigencias anteriores.

“No hay desvíos de recursos”

ENS: ¿De qué manera cree que el desvío de fondos y la mala gestión de los recursos afectan la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para los usuarios del sistema?

GV: Aclaro que nosotros consideramos que no hay un desvío de los recursos porque los recursos se utilizaron para pagar servicios de salud. Analizado el 2020, se encontró que se pagaron servicios de salud del año anterior o de años anteriores, pues también eran servicios de salud.

Seguramente el dinero no alcanzó el 2019 o el 2018 y quedaron deudas. Como ahí se pudo tener algún recurso, se pagó. Cada caso será analizado en particular, pero esto va a afectar es porque puede darse que está terminando el año y las EPS van a tener la limitante de si pagamos o no pagamos deudas anteriores con los recursos de este año.

Si lo pagan van a verse agobiadas por estas investigaciones, pero se afectará el flujo de recursos de las IPS.

ENS: Tras este informe, ¿cree que se hace más necesario una reforma a la salud o esta situación se puede corregir con la legislación actual?

GV: A la luz de la legislación actual es cómo se va a analizar este caso. Con otro marco jurídico vendrán otras normas y habrá otras cosas que hacer. Pero la reforma a la salud tiene que ir destinada a resolver los problemas que hay de oportunidad en la atención, tener adecuadamente los servicios en las zonas dispersas. Pero esta no es la argumentación para hacer la reforma.

ENS: ¿Cree entonces que las EPS terminan condenadas a desaparecer?

GV: Sí, están condenadas a padecer si los recursos no alcanzan. Así, no vamos a poder sostener este sistema, no hay forma de que con los recursos actuales se pueden atender las necesidades de los pacientes.

Es que no es el dinero para las EPS, es el dinero para atender las necesidades de los pacientes que se gastan los hospitales y clínicas. Si seguimos en esta situación ninguna EPS va a aguantar.