Alias Romaña, miembro de la delegación de paz de las Farc en La Habana declaró que sería mejor no hacer el desminado humanitario si esto facilita que los grupos paramilitares y las bandas criminales lleguen con tranquilidad a esos territorios.
“Si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, del paramilitarismo y bandas criminales, nada se habrá conseguido. Sí es así no más, es mejor dejar todo quieto”, señaló.
“No se trata simplemente de que sean extraídas de los cerros aledaños unas minas o unos restos de explosivos de guerra, sino de una efectiva restauración de derechos de las comunidades en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso productivo de la tierra. De la garantía de que no volverán a repetirse ninguno de los factores que atentan contra su beneficio económico y social. Como dicen ellas mismas”, agregó el jefe guerrillero.
Ayer el Gobierno y las Farc iniciaron el "plan piloto" de desminado en una zona del departamento del Antioquia (norte), informaron este viernes en La Habana representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz.
Este trabajo en el terreno "tuvo una duración de siete días en campos" en el Orejón, una zona del departamento de Antioquia, con participación de una agencia especializada noruega y el Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo a la prensa el diplomático cubano Rodolfo Benítez.
Esa labor, que busca desescalar el sangriento conflicto colombiano, tuvo "el fin de recopilar las informaciones para identificar las áreas realmente contaminadas de minas", añadió Benítez.
El inicio del proyecto de desminado "es ya una realidad", dijo por su lado el negociador jefe del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle.
Es "un gesto esperanzador para la paz en Colombia", añadió el Comandante Pastor Alape, uno de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las minas, sembradas a lo largo del conflicto armado de medio siglo, están presentes en más de la mitad de los municipios colombianos y han dejado desde 1990 más de 11.000 víctimas, entre muertos y heridos.