Finalizó la fase piloto del Gobierno para expedir decretos de calidad y de paso disminuir su emisión desmedida, o ‘decretitis’, en sus entidades. Con ello el país espera ingresar al Comité de Política Regulatoria, uno de los 23 que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, mostró los avances de la política de mejora normativa, en un evento que contó con la presencia del estadounidense Nick Malyshev, director del Comité de Política Regulatoria de la OCDE. Gaviria se refirió a la implementación de estándares de calidad para la producción de decretos, según recomendaciones del mismo organismo internacional.
“Muchas veces las mejores decisiones no se solucionan con expedir decretos. Los funcionarios tienen que tener presentes los costos de la regulación antes de su emisión. El costo de la regulación no puede ser superior al beneficio que representa para la gente. Una mayor estabilidad del marco jurídico tendrá importantes impactos en el ambiente de los negocios y la competitividad”, explicó Gaviria Muñoz.
Señaló que “el costo de la regulación no puede ser superior al beneficio que representa para la gente”.
Las emisiones
En su presentación, el director del DNP citó como ejemplo el caso del primer semestre de este año. Las entidades del Gobierno nacional emitieron 473 decretos, es decir que se emitió un decreto cada 1,3 días. De esos, 148 fueron de carácter sustancial, es decir, que implicaban algún nivel de impacto sobre la economía, las empresas o los ciudadanos. Además, de estos 148, 58 modificaron una norma anterior.
El funcionario afirmó que el país avanza en implementar una metodología en el proceso de emitir normas para resolver estos problemas, y este esfuerzo complementa las acciones que ya ha dado el Gobierno nacional para reducir trámites, abogar por la competencia y promover calidad de productos.
El director del DNP recordó que “el costo de regulación en países OCDE equivale al 3,7 % del PIB. En Colombia debemos dar pasos para entender la magnitud de ese costo en nuestro país”.
Ingresos
El pasado 15 de abril Colombia asistió a la duodécima versión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE en calidad de país invitado, con cuatro delegados, y aspira a ingresar a su segundo comité, uno de los 23 que componen la entidad y que agrupa a 34 países.
Según Nick Malyshev, “el Manual de Análisis de Impacto Normativo es un instrumento más para la administración colombiana. Este país debe avanzar con la práctica de esta herramienta a través de más programas pilotos. Hay que garantizar que la regulación responda a los intereses públicos y no a los privados. Las pequeñas empresas son las que más sufren con los excesos de regulación”.
Sobre quienes emiten los decretos en el país, Planeación señala que en la emisión de normatividad de carácter sustancial participan, al menos, 63 de las 204 entidades de la rama ejecutiva de orden nacional, discriminadas así: 16 ministerios, 6 departamentos administrativos, 10 superintendencias, 4 comisiones de regulación, 15 unidades de administración especiales, 10 agencias y 2 direcciones nacionales.
Impacto
De otro lado, el DNP, que tiene bajo su responsabilidad este comité de la OCDE, trabajó en 2014 cuatro pilotos de análisis de impacto normativo con seis entidades nacionales: la Comisión de Regulación de Agua (CRA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Unidad de Regulación Financiera y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Además, según la DNP, más de 60 entidades han atendido talleres sobre AIN, consulta pública y Mejora Normativa. Y el 70 % de las entidades del nivel nacional que emiten regulación han participado en los talleres.
Frente a los decretos únicos reglamentarios por sector, la Presidencia y los sectores revisaron 10.000 decretos, se compilaron 1.400 decretos y se expidieron finalmente 21 decretos únicos reglamentarios.