UNA VEZ más en el Congreso se buscará impulsar un proyecto de ley para la reducción del salario a los parlamentarios, debido al impacto fiscal y los costes de funcionamiento que tienen estos compromisos para la nación. A pesar del déficit económico de la nación, que derivó en un recorte de 12 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de este 2025, los congresistas tendrán su aumento salarial designado, superando los 52 billones mensuales de salario.

La iniciativa fue propuesta por el senador Iván Cepeda, quien inicialmente expuso la idea como una contramedida ante las preocupaciones de la oposición por el déficit fiscal del país. En aquel momento Cepeda escribió en su cuenta de X: “ya que los congresistas que hundieron la ley de financiamiento están tan preocupados por la situación fiscal y quieren que nos apretemos el cinturón desde el Estado, les propongo, colegas: presentemos un proyecto de ley para reducir nuestros salarios, y pedimos mensaje de urgencia para tramitarlo lo antes posible”.

Si bien muchos estimaron que la “idea” se quedaría solo en la enunciación, días después el mismo Cepeda confirmó que ya cuenta con respaldo de múltiples congresistas. De hecho, Iris Marín, defensora de Pueblo, mostró postura favorable al proyecto, tal cual miembros de la bancada del Pacto Histórico como Gabriel Becerra, Heráclito Landinez, Mauricio Gómez Amín, David Racero, María José Pizarro, Alirio Uribe e incluso Jennifer Pedraza de la Alianza Verde, quien en los últimos días ha tenido diversos encuentros con miembros de este partido.

Pero a pesar de la propuesta ¿qué tan viable es que sea aceptada en el Congreso? Si bien es una de las banderas del Gobierno y que en más oportunidades se ha presentado en el Legislativo, nunca ha progresado. Asimismo, cuando esta iniciativa se extendió a las urnas, tampoco encontró la prosperidad necesaria, ya que no fueron suficientes los votos para que pudiese progresar.

Los antecedentes

En solamente nueve años son 10 las iniciativas que buscan la reducción de los salarios a los congresistas, o similares, las que no han logrado prosperar en el Congreso, ya sea en la Cámara o el Senado. De hecho, la más reciente iniciativa también tenía origen del partido de Gobierno, siendo Racero uno de los ponentes y coautores del proyecto de ley, pero que finalmente no vio luz verde, a pesar de encontrar impulso e incluso ganar en la votación, pero sin lograr las mayorías necesarias.

En este proyecto, radicado como ley orgánica, eran necesarias 21 aprobaciones de los congresistas, y aunque logró en Comisión Primera de Senado 15 votos favorables, otros 14 impidieron su avance. Con ello, el 4 de junio de 2024 fue la estocada final para una iniciativa que, con el mismo propósito de lograr un ahorro de las finanzas estatales, se hundió.

Previo a esta iniciativa están los dos proyectos presentados en la administración de Iván Duque. El primero fue presentado por Presidencia, mientras que el otro por la oposición. En ambos casos hubo archivo para la medida, ya que se presentaron negativas para la discusión por parte de los congresistas, por lo que la medida no logró avanzar.

En el caso de la propuesta de Duque, su intención venía respaldada de la propuesta que tiempo atrás había elevado Claudia López en la Consulta Anticorrupción. Esta iniciativa buscó, entre otras, que hubiese una reducción a estos salarios, y aunque fue el punto más votado por parte de la ciudadanía, no logró la meta necesaria para convertirse en una ley vinculante que pudiese tener continuidad en su discusión y, por ende, quedó nuevamente en nada.

En 2016 la medida también vio negativas en el Senado; en 2015 hubo interés en proponerse, pero nunca llegó a la radicación final; también fue un caso similar en los años 1997, 1999 y 2000, donde tuvo un fuerte auge la intención de congelar o limitar los salarios, pero todas finalmente fueron hundidas por falta de votos, mayorías negativas o por su no radicación.

Ahora, con la intención de Cepeda, es un proyecto más que dejará expectante al país y servirá, además, como medidor para los comicios electorales del 2026, pues como ha pasado en años previos, muchos de los opositores a las medidas podrían verse afectados en las elecciones.