Los nuevos mandatarios territoriales deben formular y presupuestar en los planes de desarrollo -que se construirán en el primer bimestre de 2016- las líneas estratégicas del Plan de Acción Territorial para la Atención a las Víctimas (PAT).

Así lo recordó ayer el procurador Alejandro Ordóñez a través de un comunicado divulgado por el Ministerio Público.

De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría General de la Nación, los alcaldes y gobernadores electos deben recordar la importancia de considerar en municipios, distritos y departamentos, de manera oportuna, los programas que implementarán las administraciones locales del periodo 2016 - 2019 para garantizar la atención a los colombianos afectados por el conflicto armado.

La Procuraduría rememoró que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) señala expresamente en su artículo 174 que es función de las entidades territoriales diseñar e implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a esta población, los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales dentro de los respectivos planes de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El Ministerio Público formuló este llamado dado que las nuevas administraciones tendrán la responsabilidad de avanzar en la ejecución de la Ley 1448 entre el quinto y el octavo año de los 10 previstos para su implementación, por lo que resulta de vital importancia que se asignen los recursos suficientes para el desarrollo de esta política pública, a partir de la caracterización de la población víctima en cada región.

En el comunicado se anunció que los procuradores regionales y provinciales han recibido instrucciones para vigilar y garantizar que en los procesos de construcción de los planes de desarrollo territoriales se incluyan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, y se definan las estrategias para la implementación de la política pública que en materia de justicia transicional incluye los procesos de desmovilización, desarme y reintegración, necesarios para una real construcción de paz desde los territorios.