El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto al presidente de la Generalitat, iniciar en este mes los trabajos de la mesa de diálogo sobre el conflicto político pactada con ERC en el acuerdo de investidura. Además y, entre otras cosas, le ha prometido estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit "más transitable"; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

Así figura en el documento para una "agenda de reencuentro" que Sánchez ha entregado a Torra en la reunión en el Palau de la Generalitat y en el que se recuerda que el objetivo de esa mesa, compuesta por dos delegaciones paritarias del Ejecutivo español y el Govern catalán, tiene por objetivo "buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes".

A pesar de la presentación de este documento, que contiene 44 puntos, el Gobierno rebajaba esta semana las expectativas de acuerdo ante esta reunión y no preveía que de esta cita saliese la fecha de constitución de la mesa, entre otras cosas porque antes los dos socios del Govern catalán, Junts y ERC, tendría que acordar la que será su delegación.

En cualquier caso, el Ejecutivo español se decía dispuesto a constituirla de manera inmediata, a pesar de su amago -rápidamente rectificado- de posponer el inicio de los trabajos de la mesa a después de las elecciones catalanas, para las que aún no hay fecha pero que Torra ya ha anunciado que adelantará en cuanto se aprueben los Presupuestos de la Generalitat, previsiblemente a principios de abril.

La agenda para el reencuentro planteada por Sánchez se estructura en seis ejes, el primero de los cuales se refiere al diálogo político y a la regeneración institucional. En este apartado, Sánchez plantea asimismo "evitar la judicialización de la política" asumiendo que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse "en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

Recuerda el compromiso del Gobierno de coalición en materia de memoria histórica, y en particular para "anular las condenas y sanciones" a las víctimas de la dictadura, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

En el capítulo de financiación autonómica, el Gobierno adelanta que presentará "una senda más transitable" en materia de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para mañana por la tarde. Es decir, que reducirá el déficit y la deuda pero relajando los objetivos para permitir, asegura el documento, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Y promete a Cataluña cumplir con los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía, así como estudiar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los planteamientos tributarios de la Generalitat, de cara a elaborar el nuevo sistema de financiación autonómica. Un sistema que, dice, debe contar con la participación de todos los territorios y garantizar la lealtad y solidaridad entre los mismos, a la vez que una "justa distribución de los recursos públicos".