La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó que la destitución del ahora expresidente peruano, Martín Vizcarra, por parte del Congreso, supone una "amenaza para el Estado de Derecho", por lo que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una sesión urgente en el Consejo Permanente.

Para la organización, la moción de censura contra Vizcarra "por incapacidad moral permanente" puede tener consecuencias "inmediatas" en la independencia del Tribunal Constitucional del país.

Así HRW lamentó que la destitución se haya llevado a cabo mediante la "invocación de facultades legales dudosas" debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, las cuales están aún siendo investigadas. "Decenas de legisladores en el Congreso, que también están bajo investigación penal por diversos delitos, habían intentado destituirlo infructuosamente por otras razones en septiembre".

Vizcarra, precisamente, había impulsado varias iniciativas contra la corrupción, lo que afecta a diversos diputados. El presidente del Congreso, Manuel Merino, fue nombrado presidente a pesar de las protestas multitudinarias contra la salida del presidente.

"Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG.

Asimismo “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a las autoridades a garantizar la institucionalidad democrática como condición indispensable para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en el país”, dijo el organismo americano.

“Si bien la CIDH rechaza cualquier acto de corrupción porque afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos, dichos actos deben ser investigados, juzgados y sancionados en estricta observancia de las garantías judiciales propias del debido proceso penal”, resaltó la Comisión.

El organismo subrayó que este fue el segundo proceso de destitución en contra del exmandatario por el concepto de “’permanente incapacidad moral, cuya falta de definición objetiva permite un alto grado de discrecionalidad que puede socavar el principio de institucionalidad democrática”.

“La CIDH reitera que, en el sistema interamericano, el acceso y ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia representativa. En este sentido, análogamente, la Comisión sostuvo que la destitución de una persona mandataria democrática y constitucionalmente electa, no debería quedar librada a la decisión política discrecional del Congreso, sino que requiere la verificación de la existencia de algunos de los delitos o infracciones contemplados en la Constitución”, expresó el organismo.

La Comisión hizo un llamado a que “resuelva su actual crisis política” respetando la democracia y los derechos humanos” y pidió garantizar el derecho a la protesta.