Vuelve la polémica por el aumento de la deforestación y las quemas que asolaron a grandes áreas de Brasil, con el trasfondo del agronegocio

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JAIR Bolsonaro, el actual mandatario brasileño, y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, están ejecutando una agenda de manejo ecológico en la Amazonía con graves riesgos ambientales, respecto a la preservación de la ecología, al uso sostenible de los recursos y sistemas naturales, con consecuencias que pueden fácilmente ser planetarias. 

El presidente de la potencia brasileña ha llegado al punto de negarse a aceptar que esa imprescindible e inmensa región de bosques tropicales -Brasil tiene un área de 8.5 millones de kilómetros cuadrados- sea uno de los pulmones del mundo. Ante ello clama por la irrestricta soberanía de Brasil.

Llegados a este punto comienzan las complicaciones. Desde luego, Brasil tiene soberanía sobre su territorio, pero en pleno Siglo XXI, los conceptos de soberanía no son ni mucho menos cheques en blanco para la dirección y gestión de los países.  Esas soberanías tienen restricciones derivadas del proceso de construcción de civilización, de fortalecimiento de los entramados institucionales tanto dentro de una nación como en el ámbito internacional.

Allí están para que se cumplan, por ejemplo, las agendas de los Derechos Humanos, tal y como consta en la Declaración Universal firmada ya hace tiempo, el 10 de diciembre de 1948.  A ese conjunto de derechos, se unen ahora, de manera contemporánea, los acuerdos internacionales más específicos, tales como los de limitación de armamento, de uso sostenido de los recursos naturales y en general lo de control a la contaminación y preservación de nuestro medio ambiente.

Se hace evidente que Bolsonaro muestra una posición anacrónica y peligrosa al no querer darse cuenta de las implicaciones de su política en la conservación de un hábitat importante, imprescindible para la vida humana y en general la biota que se ha desarrollado hasta el día de hoy en nuestro planeta.

Las intransigencias y miopías del gobierno de Brasil ya han dado muestras de su contenido y de los escándalos que ello ha implicado.  A manera de evidencias recientes, tenemos el aumento de la deforestación y las quemas que asolaron a grandes áreas de Brasil.  Se han asesinado a dirigentes indígenas en especial en los estados de Maranhao y Waiapi.  El investigador Will Mota ha dado a conocer que el asesinato de indígenas -7 de ellos- es el número más alto de este tipo de crímenes en los pasados 11 años.

No debemos perder la perspectiva de que esta marea de sangre que se resguarda en la impunidad -más aun con el régimen del capitán Bolsonaro- no es de ahora.  Como se recordará, el 22 de diciembre de 1988, hace ya casi 32 años, en Xapuri, Brasil, un recolector de caucho que era también sindicalista y activista ambiental, fue asesinado, supuestamente por rancheros.  Su nombre: Francisco Alves Mendes Filho, “Chico” Mendes (1944-1988). La noticia se conoció ampliamente en el ámbito internacional, poniendo en los titulares de la prensa, los problemas socio-económicos y ecológicos en la Amazonía, además del clima de violencia prevaleciente. 

Los riesgos ambientales de la política de Bolsonaro ocurren como abrumadoramente se acepta y es evidente, en que la Amazonía es, en efecto lo es, uno de los grandes pulmones del mundo. Sabemos que los vegetales, especialmente los árboles, son grandes transformadores de bióxido de carbono en oxígeno y que amplios planes de reforestación serían imprescindibles para detener en algo el calentamiento global. 

Se tiene evidencia de cómo las políticas de Bolsonaro, desde las primeras semanas de su mandato, están poniendo en riesgo los ecosistemas amazónicos.  Véase cómo recién instalado en el Palacio de Planalto –palacio presidencial en Brasilia- el mandatario intentó suprimir el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).  Pero retrocedió con esta iniciativa al ver los efectos negativos que tal medida tenía en su popularidad.

Al no poder suprimir el MMA, lo “ahogó” orgánica y funcionalmente.  Llevó a cabo una reducción de 24 por ciento del presupuesto de los programas de defensa ambiental.  Ha paralizado además iniciativas de conservación con las que ya se contaba. Despidió técnicos que habían acumulado notable experiencia.  Se puntualiza que se han reducido en un 34 por ciento, para 2019, el monto de multas impuestas a los deforestadores. La finalidad ha sido impulsar los agronegocios.

Aquí una precisión oportuna para quienes no desean ver detalles y buscan las míticas fórmulas mágicas, los “juicios” lapidarios del blanco y negro: no se trata de impedir los emprendimientos.  Por el contrario, las empresas son indispensables.  Sólo en ellas se produce la riqueza, pero en especial en el sector primario de la economía, incluyendo al agrícola, es donde la productividad transita por el uso sostenido de los ecosistemas que pueden llegar a ser notablemente frágiles. Tal y como es el sistema edáfico, de suelos, de la Amazonía.

Las acciones de reforestación y manejo sostenido de los recursos en particular los sistemas naturales renovables -agua, suelo, bosques, en general fauna y flora, germoplasma- son imprescindibles.  No se trata estrictamente de velar por el planeta.  Se estima que este planeta tendría unos 4,500 millones de años -tal y como lo publicó con abundante soporte argumentativo, el diario El País desde España, el jueves 12 de agosto de 2010. 

Se insiste, no es exactamente proteger al planeta. Este planeta sigue sin nosotros y sigue mejor. Véase como ahora estamos en la sexta extinción masiva, la del antropoceno. Se trata de proteger las condiciones que permiten la vida de nuestra especie. Esa es la verdad, por más que Trump hable de “catastrofismos inútiles”.  Es claro: el catastrofismo real es precisamente ese, el conjunto de posiciones negacionistas.

Son el negacionismo suicida y la inacción global, los que nos amenaza en serio, sin que queramos verlo.  

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

(El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna)