Los vaticinios se están cumpliendo. El mundo tiene cada vez más adultos mayores que jóvenes y niños. En esa transición demográfica, proyectada desde mediados del siglo anterior se acelera y América Latina y el Caribe, que por años se consideró una región joven está envejeciendo, y más rápido de lo pensado.

El avance de la medicina ha permitido una mayor esperanza de vida al nacer y la reducción de la mortalidad de los adultos mayores (desde los 65 años) y viejos. Ello, aunado a la caída en la tasa de fecundidad, que en la región es de 1.7 hijos por mujer -más baja que el promedio global-, han apresurado dicha transición, al punto que su futuro es el de ser una de los territorios con mayor población envejecida en 2050, con todos los desafíos que ello implica.

Todos los recientes informes sobre demografía (ONU, Cepal y Banco Mundial, entre otros) reseñan que un niño nacido en los últimos dos años -y de aquí en adelante- puede esperar vivir, en promedio hasta los 71 años, lo que supone casi 25 años más que los que llegaron al mundo a mediados del siglo XX.

Como el envejecimiento de la población es la tendencia mundial de nuestro tiempo al igual que, por lo pronto, un camino irreversible, todas las naciones enfrentan retos en salud, empleo, educación y jubilaciones. De allí que éstos sean los argumentos para modificar los sistemas pensionales en la mayoría del mundo, tan impopulares como inaplazables. Y, a la vez, deberán adoptar políticas públicas que garanticen atención sanitaria y bienestar de la población mayor.

A comienzos de año, el informe Perspectivas de la Población Mundial, destacó tres aspectos: la población mundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1 por ciento desde hace tres años; la tasa de fecundidad ha disminuido significativamente y es altamente probable que en 61 países -la mayoría de América Latina y el Caribe- se reducirá a uno por ciento o más de aquí a mitad del siglo y que el grupo etario de mayores de 65 años se duplicará para hacia esa fecha.

Y aunque esta transición demográfica estaba proyectada desde hace décadas, lo que preocupa es que se ha dado más rápidamente de lo esperado. Así, solo en América Latina y el Caribe, el peso de la población menor de 20 años (aproximación de la población en edad escolar) empezó a disminuir desde fines de la década de 1960. En la medida en que las grandes cohortes de población nacidas antes de esa década fueron llegando a la edad de trabajar, el peso de la población potencialmente activa (20 a 64 años) empezó a aumentar, lo que dio origen al período del primer bono demográfico.

Por otra parte, la prolongación de la vida por el descenso de la mortalidad aumentó la proporción de personas mayores (60 años y más), que del 6% en 1965 subió al 11,8% en 2017 y se proyecta que en el 2037 alcance un 20%, igualando a la proporción de menores de 15 años, lo que representa 147 millones de personas en cada grupo etario.

Vale aclarar que, si la región está en una etapa de envejecimiento acelerado, el ritmo del mismo es desigual ya que, por ejemplo, Cuba y Barbados marcaron en 2010 el hito de igualar la proporción de los dos grupos mencionados (jóvenes y adultos mayores), mientras que la mayor ralentización en este proceso lo tendrán Granada, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.

Lo propio lo harán en menos de 2025, Chile, Uruguay, Santa Lucía, Trinidad y Tobago; cinco años después, Costa Rica y Brasil, mientras que Colombia, Antigua y Barbuda, Jamaica y San Vicente y las Granadinas alcanzarán dicha proporción en un lustro más.  

Se proyecta que en 2065 todos los países de la región tendrán más personas mayores que niños y jóvenes.

Con corte al año pasado, América Latina y el Caribe contaba con 658 millones de personas, de los cuales unos 52 millones eran adultas mayores, colocando a los países grandes desafíos como los mencionados, en un contexto en que organismos internacionales han previsto que se profundizará la desaceleración económica de la región este 2023.
"Yo tengo 65 años y para los empleadores a los 35 ya era muy vieja para trabajar y no pude reinsertarme como enfermera técnica", dice Nelly García, peruana migrante en la capital Lima, a donde llegó con sus padres cuando tenía 10 años desde su natal Huancayo, ciudad del centro andino del país.

Le puede interesar: ¿Si covid retrocede por qué sigue máxima alerta global?

Esta peruana sintetiza la realidad de los problemas laborales y asistenciales que tienen muchas personas adultas mayores en la región, más en el caso de las mujeres cuyo ejercicio de la maternidad y del cuidado las obstaculiza oportunidades laborales desde una edad temprana.

"Imagínese a esta edad pues, qué oportunidad de seguro, de pensiones podemos tener personas como yo o mayores todavía y con trabajo informal",  expresó con una amargura esta enfermera que hizo una pausa laboral para criar a sus cuatro hijos y que cuando decidió reincorporarse al mercado no tuvo éxito porque “consideraban que a los 35 años ya estaba vieja”.

Perú, que tiene 33 millones de habitantes, enfrenta una grave situación de crisis económica, política y social, con niveles de pobreza que se acentuaron durante la pandemia a 30% como promedio nacional, pero registrando índices mayores en zonas rurales con 45%.
Su población mayor de 60 años supera los cuatro millones según cifras oficiales, de los cuales solo la tercera parte,  35 %, se encontraba afiliada a un sistema de pensión mientras que 89 % accede al seguro de salud. Sin embargo, cobertura y calidad no van de la mano.

Y esa situación del país andino se repite al calco en toda la región. Es decir, se es ‘viejo’ para el mercado laboral a los 30 años, una alta proporción de la población no logra jubilarse y un bajo porcentaje está afiliado a seguridad social.

Sabrina Juran, asesora técnica regional en Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpra), sostiene que además de la baja tasa de fecundidad en la región, el crecimiento de población está por debajo de 0,67 % anuales, inferior al global.

Detalló que según las últimas proyecciones de Naciones Unidas, en la región habría  alrededor de 695,5 millones de habitantes en 2030 con un pico de 751,9 a mediados del 2050, a partir de lo cual la población disminuiría constantemente hasta alcanzar un nivel de 649,2 millones en 2100.

Juran explicó que se prevé que las nuevas reducciones de la mortalidad den lugar a una longevidad media mundial de unos 77,2 años en 2050 y de 80,6 años a nivel regional. La esperanza de vida al nacer en América Latina y el Caribe fue de 72,2 años en el 2022, tres menos que la registrada en el 2019, debido al impacto de la pandemia de covid-19.

Para la experta, el crecimiento de la población en edad de trabajar -era de 38,7 % en 1990 y es de 51 % en la actualidad- puede contribuir a impulsar el crecimiento económico por habitante, conocido como el "dividendo demográfico", que ofrece maximizar los beneficios potenciales de una distribución por edades favorable.
"Pero este aumento de la población en edad de trabajar no se mantendrá constante, en 2040 alcanzará su máximo, con 53,8 %, y después decrecerá, lo cual significa que hay una ventana de oportunidad a aprovechar", manifestó.
La región soporta profundas desigualdades al punto que según difundió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la semana anterior,  22,5% de su población, es decir, al menos 131,3 millones de personas, carece de recursos para tener una dieta saludable.

"Los países deben invertir en el desarrollo de su capital humano garantizando el acceso a la atención sanitaria, a una educación de calidad a todas las edades y promoviendo las oportunidades de empleo productivo y trabajo decente", remarcó.

"En Naciones Unidas abogamos por medir y anticipar los cambios demográficos para estar mejor preparados frente las consecuencias que surgen", sostuvo, al tiempo que reiteró que el compromiso es "con un mundo donde las personas tienen el poder de tomar decisiones informadas sobre si tener hijos y cuándo, ejercer sus derechos y responsabilidades, sortear los riesgos y convertirse en la base de sociedades más inclusivas, adaptables y sostenibles".

Lograr esta resiliencia demográfica –puntualizó- comienza con el compromiso de contar no solo el número de personas, sino también las oportunidades de progreso y las barreras que se interponen en su camino, lo cual exige transformar las normas discriminatorias que frenan a los individuos y las sociedades.