En realidad, se trata de la pandemia que continúa galopante, con la marea mortal que embiste con todas las implicaciones del covid-19.  Pero, además, se trata de las condiciones de subdesarrollo o bien de disfuncionalidad social que ahora vemos exacerbadas, con cuatro desafíos mayores que se hacen evidentes con mayor claridad en muchos países: (i) pobreza; (ii) carencias de cobertura y presencia institucional; (iii) inequidad; y (iv) reducción de oportunidades para la población.

Toda esa dinámica se desarrolla en un medio en el cual el fundamento generalizado, en muchos casos, es la débil presencia de entidades del Estado, las que están llamadas a dotar a la población de servicios y bienes públicos.  Precisamente los bienes y servicios que tienen un notable impacto estratégico, un gran efecto multiplicador de beneficio en grandes conglomerados sociales.  Piénsese por ejemplo en la educación, la dotación de agua potable, alcantarillado, servicios de salud.

Referente a estas consideraciones, una ilustración, aunque no la única, la tenemos en América Latina y el Caribe. El virus despliega su presencia con mayor cobertura, profundidad y alcance de impactos, con el viento de popa de la pobreza a lo que va aparejado, una presencia institucional débil en especial en las zonas rurales del continente.

Estas tempestades tienen -entre otros muchos aspectos- sus raíces en vientos ciclónicos que, con la paciencia y constancia hemos ido sembrando desde hace al menos 40 años. Son los vientos que se concretan en el desmantelamiento de las entidades que estaban llamadas a proveer, hasta donde los recursos lo permitieran, los bienes y servicios públicos, entre ellos, los relacionados con la salud.

Desde los años ochenta en especial, considerábamos que el mercado lo resolvía todo. Tiempos de festejos inacabables en pro de la privatización, la desregulación y de disminución de impuestos en especial para los grupos de mayor poder económico.  Se esperaban los efectos del “derrame del crecimiento”. 

Los resultados han sido lamentablemente contrarios y se manifiestan con mayor dramatismo ahora, con esta imprevista pandemia que golpea de pronto, contundente y generalizadamente.

Y por supuesto, los países que tienen mayor desmantelamiento institucional público pagan las consecuencias mortales con golpes cotidianos para su población. Allí están los casos lacerantes de Brasil con un epicentro tempestuoso en Manaos, aunque -justo es reconocerlo- no es ni mucho menos la única ciudad afectada. Allí está el caso de México.  Pero no es de confundirnos, el grupo de naciones que bordean peligrosamente la condición de Estados fallidos no aparecen en las noticias, no debido a que están saliendo bastante bien de la crisis -ojalá eso ocurriera- sino porque sencillamente no hay cifras.  Esos son los casos de Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela y hasta cierto punto Guyana.

Como era de esperarse, es en los países de donde tenemos más datos, de donde podemos hacer con mayor sustentación fundadas inferencias, si es que deseamos un análisis lo más coherente posible. Es decir, análisis basados en hechos, en la solidez de realidades, y con base en ello, proceder por derroteros sensatos y lógicos.

Es de reconocer, sin embargo, que existen otras vías de comportamiento. Hay personas que se empeñan en vivir en “realidades alternativas”, vivir en la incoherencia de los errores. Son inmunes a lo pensante. Allí están los atajos de la desidia mental: pronósticos astrológicos, lectura de cartas, redes sociales o abierta e impúdica ignorancia; condimentado esto con algo peor: desprecio al conocimiento. Lamentable. Hay personas que se empecinan cotidianamente en mostrar el “mito de la racionalidad humana”.

Menciono lo del contar con datos, porque entre los casos más documentados de debilitamiento institucional están, incluso, los de Estados Unidos y Europa.  En el primero de los casos se hace visible que es “media noche en el imperio”, pero la esperanza parece emerger con la administración Biden. No obstante, los estragos de cuatro años de Trump y las amenazas irascibles de los trumpistas se mantienen con vida; no es de olvidar que cuentan con 74 millones de votos en el inventario.

En el caso europeo, este pasado mes de enero de 2021, se ha dado a conocer un informe sobre condiciones de prestación de servicios de salud, por parte de la Corporate Europe.  Uno de los datos que se resaltan en la referida publicación, documenta cómo “la privatización de hospitales y residencias de personas mayores ha desarmado la capacidad de los Estados europeos para enfrentar el virus y evitar la masacre que éste conlleva”.

Esta publicación, de manera oficial enfatiza que una vez que se había generalizado el ataque del Covid-19, expertos con título o sin él, trataron siempre de brindarnos explicaciones sobre los cruciales aspectos de transmisión y mortalidad.  Allí se ubicaron factores tales como interconexión física mundial, turismo, viajes internacionales, la propia naturaleza del virus con todas sus variantes, linajes y mutaciones.

Sin embargo, el factor social y político está presente y se hace cada vez más evidente que algo decisivo ha sido el contenido de políticas económicas: las medidas de privatización, de dejar en manos de corporaciones privadas la prestación de servicios públicos como la salud, del cuidado de ancianos, ha incidido en la débil capacidad de respuesta ante la presente crisis de salud. Si eso ocurre en Europa, en América Latina y el Caribe la situación es peor. Nos aproximamos rápidamente a los 650 mil fallecidos por el coronavirus.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario

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