Hoy más que nunca se puede definir la actividad política estadounidense con la  frase: “ojo al 2022”. La razón es que hay una alta posibilidad que en esas legislativas cambie radicalmente la conformación del Congreso y complique la gobernabilidad del mandatario Joe Biden.

Y aunque la cita en las urnas será en más de un año, casi desde el mismo momento del cambio presidencial (enero del 2020), empezaron a implementarse tanto la táctica como la estrategia de republicanos y demócratas para la renovación de la totalidad de escaños en la Cámara de Representantes (435) y 24 de las 100 curules en el Senado. Actualmente la primera de éstas es mayoría del partido de gobierno (222) y, en la segunda hay paridad, aunque el voto de la vicepresidenta Kamala Harris marca la diferencia a su favor.

Si bien las legislativas tendrán lugar hasta noviembre del 2022, en la mira del bipartidismo está esa crucial cita, máxime tras el triunfo presidencial del demócrata Biden, cuestionado por su antecesor, el republicano Donald Trump, quien considera que se registró un fraude, especialmente en las papeletas enviadas por correo, así como irregularidades en algunos estados.

Es en este marco de polarización política y posibles dudas frente a la elección de la Casa Blanca que Biden impulsó una gran reforma electoral, For the People Act” (La ley para el pueblo), la más ambiciosa de las últimas ocho décadas, con el objetivo de “proteger el acceso al voto de todos los estadounidenses”.

En una democracia tan antigua y consolidada como la estadounidense este argumento suena más que obvio, pero lo que en realidad pretenden los demócratas es una ofensiva legal contra sus pares republicanos que, en muchos estados de la Unión, han aprobado 14 leyes en aras de una mayor transparencia electoral y precisamente para evitar que se repitan suspicacias como las surgidas en la presidencial, especialmente con los sufragios por correo, los registros de votantes el mismo día y los errores que cometieron trabajadores electorales.

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El partido de Biden asegura que esa situación que se está dando a nivel estatal, es una estrategia de sus rivales políticos para limitar el sufragio de las minorías, especialmente hispana y afroamericana (que en sus cuentas les favorecen).

Es así como con la mirada puesta en el 2022, la reforma electoral se convirtió en un arduo frente de batalla bipartidista. Y aunque ha evitado por meses tanto mencionar a su antecesor como a poner fin al mecanismo que tiene agónica a su reforma electoral, el presidente Biden se vio forzado a hacer un llamado público para proteger el derecho al voto, lo que calificó como una "prueba" histórica para el país.

¿Una reforma sin futuro?

La gran reforma electoral presentada por los demócratas recibió el aval de la Cámara de Representantes sin mayor problema por ser mayoría en marzo pasado. De allí siguió su trámite al Senado, donde ante el 50-50 del bipartidismo, ni siquiera pasó el filtro para ser debatida. Vale recordar que por ser una ley federal requiere mínimo de 60 ‘síes’.

Pero ese duro revés no significa, según senadores del partido de gobierno como Amy Blobuchar, que la propuesta esté ‘muerta’. Y para hacerla viable tienen dos opciones: lograr el apoyo monolítico de la bancada (50) y convencer a 10 conservadores de que la apoyen o poner fin a la ‘regla del filibustero’.

En el primer caso no tienen mucho chance ya que los republicanos se han mostrado disciplina partidaria y con un expresidente Trump presente y omnipresente en la actividad política también están con el ojo en el 2022. Así, no se arriesgarán a perder el apoyo de su líder ni de su partido.

En el segundo, como lo diría un expresidente colombiano, los demócratas tienen una ‘encrucijada en alma”: poner fin a una tradición de vieja data (nació en 1917) y de la que se valieron en más de una ocasión para bloquear proyectos de la pasada administración Trump o promover un cambio de umbral de la misma (actualmente está en 60 senadores) para sacar avante no sólo la reforma electoral sino muchos de los proyectos bandera de la Casa Blanca que, de antemano, tienen el rechazo de la oposición conservadora.

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De filibusteros y más

Etimológicamente filibustero es una palabra que tiene origen tanto en el “flibustier”, en el inglés “freebooter” y el neerlandés “vrijbuiter” y se refiere a una especie de pirata que a mediados del siglo XVIII actuaba en las costas del mar caribe para asaltar barcos o sitios, es decir que se hacía del botín libremente. Sin embargo, ello nada tiene que ver con su ‘mutación’ al vocabulario político, donde se define simple y llanamente como obstruccionismo.

Y aunque inicialmente hacía referencia a legisladores que para evitar la aprobación de una iniciativa se tomaban la palabra por horas, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos se le dio una nueva concepción y nombre: la regla del filibustero que estableció una mayoría de dos tercios del Senado (67 escaños) para aprobar una ley o medida considerada de gran importancia e impacto.

Esta norma, considerada como un candado contra la aprobación de leyes por mayoría simple fue reformada en 1975, cuando se redujo el umbral de votos requeridos a 60 escaños, el que se mantiene vigente.

Cuando la bancada que está en oposición hace uso de este mecanismo de bloqueo legislativo el mandatario de turno, como le ocurrió al conservador Trump, debe recurrir a los considerador “atajos legales” para implementar sus iniciativas, tales como órdenes presidenciales, lo que conocemos como decretos ley.

Entonces cabe preguntar ¿por qué los demócratas que tienen ahora en su agenda prioritarias iniciativas del presidente Biden como esta reforma electoral, la ley de infraestructura y la reforma migratoria no se dan la pela de modificar la regla y poner fin al bloqueo parlamentario?

La respuesta es tan sencilla como trascendental. Si lo hacen están renunciando, de hecho, a un mecanismo que como dijimos les sirvió en años recientes para frustrar proyectos republicanos y mirando al futuro será clave. Y, porque la idea no “le suena” a la mayoría de su bancada, como a los senadores Kyrsten Sinema, de Arizona, y a Joe Manchin, de Virginia Occidental.

Y, paradójicamente, para cambiar esta regla del filibustero cuyo fin -como reseñamos- es limitar el accionar de la mayoría simple, solo requiere de esa misma mayoría, la que actualmente con sus 50 senadores ostenta el partido de Biden.

Pese a tener las condiciones dadas, por el momento ni Biden ni el presidente de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer parecen contemplar el cambio de la centenaria tradición sin lo cual no tendrá futuro la ambiciosa reforma electoral. El inquilino de la Casa Blanca ha calificado como una “subversión electoral” y una “peligrosa amenaza para la votación y la integridad de las elecciones libres y justas en nuestra historia" las leyes que han logrado los republicanos, a nivel estatal, para blindar los comicios de futuras irregularidades y que van desde estrictos controles al sufragio por correo hasta vigilancia con lupa a la financiación de campañas.

Con la táctica definida y las estrategias en marcha, la pugna bipartidista se centra en la reforma electoral porque, como dijimos, el ojo está en el 2022.