ESTE NO era solo un tema de campaña. Luego de las elecciones del domingo, en las que derrotó al socialista Fernando Haddad, Jair Bolsonaro ha dejado claro que una de las prioridades de su Gobierno será derogar el Estatuto de Desarme, permitiéndoles a los ciudadanos portar armas de forma legal.

Días antes de la segunda vuelta, el Presidente electo se habría reunido con la bancada de la “bala”, un grupo de congresistas que está a favor del porte de armas por los ciudadanos, para lograr su apoyo en un Legislativo con la mayor fragmentación de su historia (tiene 30 partidos).

El líder de la bancada, Alberto Fraga, del partido de Michel Temer, le aseguró a Bolsonaro que la derogación del Estatuto “sería posible este año”, según lo publicó el periódico Estadao de Sao Paulo.

No es algo nuevo

Con la victoria de Bolsonaro, poco a poco se ha venido despejando el camino para conocer ese Brasil conservador que fue -dicen ellos- apartado durante casi una década por la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT).

Además de la vuelta a la religión (evangélica y católica) como centro del Estado y un rechazo al asistencialismo del PT, el “capitán” ha cautivado a algunos sectores para que apoyen la legalización del porte de armas.

En un país de estas características, destacado en los últimos años por la monopolización del uso de las armas por parte del Estado, siendo además uno los nichos del tráfico de armas ilegales más grandes del mundo, esta iniciativa parece extraña y más proclive a un discurso propio de la agenda del Tea Party en Washington, que el de una bancada defensora de esta iniciativa en Brasilia. 

Bolsonaro, sin embargo, siempre ha creído que los civiles deben portar armas. Desde que llegó al Congreso, en 1993, nunca dejó de defender esta posibilidad, consciente de que “el bandido” (palabra que usa mucho) pensaría dos veces antes de hurtar o cometer un homicidio en un país que el año pasado registró 63 mil asesinatos.

La historia de Brasil muestra que el porte de armas siempre ha existido en sectores importantes del país y fue permitido hasta el Estatuto de Lula, una de las primeras medidas cuando llegó al Gobierno. En ese sentido, el “capitán” parece “contrarresponderle” con la derogación del mismo como primera medida de su mandato.

En el gigante suramericano, hasta 2003, una persona de más de 21 años podía porta un arma en el espacio público sin ninguna restricción. Estas, dicen medios locales, se vendían en secciones de tiendas deportivas, como si se tratara de un balón o unos tennis para trotar.

Al mejor estilo de la National Rifle Asocciation (NRA, siglas en inglés), el mayor patrocinador de campañas políticas en Estados Unidos, el Tribunal Superior Electoral, certificó hasta 2014 el financiamiento de campañas del lobby armamentista –pese a la vigencia del Estatuto de Desarme-.

La tasa de homicidios, según el último reporte, llegó a 29,9%, una cifra que deja opiniones divididas. El PT asegura que desde que se aprobó el Estatuto de 2003 la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes llegaba a 36,1%. Luego de su implementación, se redujo 7%, logrando al menos un estancamiento.

Bolsonaro y sus aliados consideran que por el contrario el Estatuto logró la masificación del mercado de armas ilegales en el país y el fortalecimiento de bandas asociadas al crimen organizado, con un incremento de la inseguridad en grandes ciudades como Rio de Janeiro o Sao Paulo. Este fue para muchos el principal factor que movilizó a la gente a votar por el “capitán”.

Existen igualmente variables culturales que se han dado a conocer tras la victoria de Bolsonaro, algunos de los cuales hacían parte de ese Brasil “silenciado” que salió masivamente a apoyarlo en las urnas. En el sur, cerca de la frontera con Argentina y Uruguay, hay dos estados que se dedican solo a la agricultura, Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Un reportaje del Folha do Sao Paulo muestra que en Santa Catarina el “capitán” obtuvo casi todos los votos por su propuesta a favor del porte de armas. “Muchos de estos votantes viven fuertemente armados en una ciudad bien organizada y rural de 7.070 habitantes”, reza el texto.

Mitad militares

Exparacaidista y excapitán, Bolsonaro, un expulsado de las Fuerzas Armadas, esta semana ha dado señales de que la mitad de su gabinete estará conformado por militares. El denominado “Grupo de Brasilia”, comandado por varios generales, entre ellos Augusto Heleno, ministro de Defensa, y Oswaldo Ferreira, le ha dado una lista de 25 nombres al ministro del Interior, Onyx Lorenzoni, para que la tenga en cuenta a la hora de armas el gabinete.

El Presidente electo, consciente de que los militares jugarán un papel clave en su Gobierno, que comienza en enero de 2019, les ha dado la responsabilidad de dirigir la transición en áreas como infraestructura, trabajo, medio ambiente, política internacional y justicia, según el periódico Estadao. 

Uno de sus más polémicos anuncios ha sido la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, iniciativa que ha generado el rechazo de varios sectores, que ven en esta propuesta más prerrogativas para que la ganadería extensiva se siga expandiendo por la Amazonía, amenazada por la deforestación.

Juez de “Lava Jato”, superministro de Justicia

En su más sonado nombramiento, Bolsonaro hizo a Sergio Moro, juez encargado de la operación “Lava Jato”, que condenó a Lula a 12 años de prisión y envió a otros políticos a la cárcel, como súper ministro de Justicia.

Moro tendrá la tarea de dedicarse a todo el aparato de justicia y en especial deberá promover las prácticas anticorrupción, un tema que genera mucha expectativa si se tiene en cuenta la difícil gobernabilidad que tendrá el Presidente electo en el Congreso.

La izquierda ha criticado el nombramiento, poniendo en duda la imparcialidad de Moro durante la operación “Lava Jato”. Al respecto, el juez nacido en Curitiba, quien viajó a Rio de Janeiro para reunirse con Bolsonaro, ha mantenido silencio.