La Fiscalía de Perú, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este lunes 27 de mayo, ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado.
Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República.
Además, por los actos efectuados, como la rúbrica del Decreto Supremo de Perú n.º 033-2023-EF, del 8 de marzo de 2023; Decreto Supremo n.° 053-2023-EF, del 1 de abril de 2023; Ley n.º 31728, del 22 de abril de 2023; Decreto de Urgencia n.° 020-2023, del 23 de mayo de 2023; Decreto Supremo n.º 161-2023-EF, del 27 de junio de 2023; Decreto de Urgencia n.° 029-2023; Ley n.º 31912, del 27 de octubre de 2023; y el Decreto de Urgencia n.º 06-2024, del 23 de marzo de 2024.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. pic.twitter.com/l5lF6fxWzt
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 27, 2024
Por su parte, el juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú Juan Carlos Checkley ha declarado infundada la tutela de derechos presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la investigación por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión de declaración por el conocido como Caso Rolex.
La defensa de Boluarte alegó una vulneración del derecho a la defensa y de igualdad ante las partes porque la Fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta. Es decir, informes publicados en diferentes medios de comunicación.
Checkley escuchó al abogado defensor Eduardo Barriga, que dijo que Boluarte ha visto "violados sus derechos constitucionales al ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de su defensa técnica". El fiscal Hernán Mendoza alegó que las actas tienen contenido de fuente abierta y que no existe una causal para declarar nulos estos documentos.
Finalmente, el juez declaró infundado el recurso en un documento con firma del pasado 24 de mayo que destaca que "no es necesaria" una disposición expresa sobre la recogida de información de fuente abierta.
Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. La Policía y la Fiscalía llegaron a registrar el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.
Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre, así como otras formaciones políticas, tratan de someter a la mandataria a una moción de censura por incapacidad moral.