El postulado para la presidencia catalana está detenido en Alemania y pendiente de un proceso de extradición a España.

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Algunos sectores del independentismo catalán instaron este miércoles en el Parlamento regional a investir nuevamente al expresidente Carles Puigdemont, a pesar de su detención en Alemania pendiente de un proceso de extradición a España donde está inculpado por "rebelión".

"En estos tiempos de emergencia democrática para Cataluña queremos decir públicamente que no renunciaremos a la investidura del presidente Carles Puigdemont", a quien la justicia prohibió ser escogido sin estar presente, señaló la diputada Gemma Geis, de su formación Junts per Catalunya.

Los llamamientos se produjeron durante el debate de una resolución de carácter simbólico, aprobada por la mayoría independentista de la cámara catalana, que defendía el derecho de Puigdemont a ser investido presidente así como la liberación de los nueve separatistas encarcelados.

Después del arresto de Puigdemont en Alemania en virtud de una orden de detención europea, Junts per Catalunya (34 diputados) recuperó la idea de investirlo.

La investidura debería ser a distancia, lo que genera recelos en el otro gran partido independentista Esquerra Republicana de  Catalunya (ERC, 32 diputados), por las posibles consecuencias judiciales para el presidente del Parlamento, Roger Torrent, surgido de sus filas.

En cambio, reúne el apoyo de los más radicales, la pequeña formación de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (4 escaños).

"Pedimos un pleno de investidura ya para investir a Carles Puigdemont como presidente", dijo su líder Carles Riera, ofreciéndose incluso a presidir la cámara y asumir todas las responsabilidades.

"Ustedes lo que quieren es tener un presidente en prisión", les reprochó Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos (centroderecha), la mayor bancada del Parlamento catalán con 36 diputados pero sin apoyos suficientes para gobernar.

A finales de enero, cuando el expresidente se encontraba en Bélgica y con cargos pendientes con la justicia española, el Tribunal Constitucional prohibió su investidura si no se entregaba previamente a las autoridades.

Finalmente a principios de marzo renunció para permitir la rápida formación de un gobierno en la región, bajo control directo de Madrid desde el 27 de octubre, cuando cesó al ejecutivo de Puigdemont poco después de la fallida declaración de independencia del Parlamento catalán.

Pero los siguientes dos candidatos escogidos, el activista Jordi Sánchez y el exportavoz del gobierno Jordi Turull, tampoco consiguieron ser investidos al estar en la cárcel, junto a otros siete independentistas.