Con "Decreto Dignidad" Italia lucha contra precariedad laboral | El Nuevo Siglo
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Martes, 3 de Julio de 2018
Agence France Presse

El gobierno italiano liderado por la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas y la derechista Liga ilustró este martes el paquete de "medidas urgentes" de carácter social aprobadas la víspera para combatir la precariedad laboral y la llamada deslocalización.

Bautizado con el nombre de "Decreto Dignidad", se trata de la primera medida que toma el nuevo ministro del Trabajo y de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, quien gobierna Italia desde hace un mes junto con la Liga. 

"Los jóvenes italianos viven una verdadera tragedia social. Este decreto representa el Waterloo (la batalla que acabó con Napoleón, ndr) de la precariedad laboral. Hay que empezar por devolver los propios derechos a los ciudadanos", declaró Di Maio.

Las medidas, que tienen un carácter "urgente", tienen como primer objetivo tutelar "la dignidad de los trabajadores y de las empresas", según el ministro y viceprimer-ministro.

"Para el Estado italiano las personas vuelven a ser personas y no índices, porcentajes, objetos", comentó Di Maio al ilustrar las medidas en el curso de una conferencia prensa celebrada en la sede de la jefatura de gobierno, Palacio Chigi.

Entre las medidas más importantes aprobadas figura la de "limitar el uso de contratos de duración determinada", los cuales no podrán superar los 2 años de manera de evitar el uso excesivo del sistema de contratos temporales.

El gobierno anterior de centro-izquierda liderado por Matteo Renzi había limitado el uso a 36 meses y reducido su coste para las empresas, por lo que se abusaba de los contratos temporales, instalando la precariedad laboral con efectos negativos entre las nuevas generaciones. 

Con el nuevo decreto los contratos de duración determinada costarán más a las empresas a partir de la primera renovación y podrán ser renovados al máximo 4 veces.

"No se pueden prolongar los contratos temporales hasta el infinito", afirmó Di Maio, quien está por cumplir 32 años de edad y ha vivido en carne propia ese sistema de contratación.

El decreto-ley apunta también a mantener los niveles actuales de empleo y a luchar contra la deslocalización de las empresas que han recibido ayudas estatales.

"Se necesitaba una ley para impedir que las empresas que han entrado a Italia y obtenido dinero público se vayan al extranjero cuando quieran", explicó Di Maio.

Las empresas que hayan recibido indemnizaciones del Estado deberán pagar entre dos a cuatro veces el monto de la ayuda si se trasladan antes de los cinco años de haber obtenido la ayuda estatal.

Otra medida que el gobierno populista liderado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga considera emblemática es la prohibición de la publicidad del juego de azar así como de las apuestas.

"Había prometido iniciar la guerra contra el juego de azar y ahora cumplo", reconoció Di Maio, cuya formación combate contra ese grave fenómeno.

"Somos el primer país de Europa que dice no al juego de azar", aseguró.

Los italianos gastan una enorme fortuna en juegos de azar, con un monto que se ha multiplicado por ocho entre 1998 y 2016, y que representa un promedio actual de 132 euros por persona por mes, según un estudio presentado en 2017. 

Según cifras oficiales, 24.000 italianos se hacen atender en establecimientos públicos por adicción al juego, pero de acuerdo a otros cálculos serían varios centenares de miles los que sufren de esta dependencia. 

Otro caballo de batalla del movimiento antisistema, la simplificación de las normas y las leyes, también ha sido abordado en el decreto-ley, un trámite para acelerar su aplicación.

Varias organizaciones de empresarios han criticado las medidas, que según ellos perjudican la contratación.

Para Marco Bonometti, presidente de la Confederación de Industriales de Lombardía, la región más rica de Italia, "es mejor un contrato con un plazo fijo que no tener contrato", comentó en una entrevista al diario La Stampa. 

El decreto ley entra en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y debe ser luego ratificado o enmendado entre 60 a 90 días por el Parlamento, donde el gobierno goza de una cómoda mayoría.