DAR plenos poderes al jefe de gobierno para que cuando lo vea necesario declare “una situación de interés para la Seguridad Nacional” es lo que prevé la reforma del socialista español Pedro Sánchez a la normatividad sobre el tema.

El borrador del proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Nacional, también conocida como “ley mordaza” ha generado gran revuelo político y encendido las alarmas de todos los sectores de la sociedad, sin distingo de partido o actividad.

Un solo artículo (el que propone modificar la mencionada Ley aprobada hace seis años) con cuatro disposiciones finales claves es lo que ha generado la alerta temprana no solo de la oposición política, específicamente del conservador partido popular y la derechista Vox, sino de analistas y expertos constitucionales.

Las razones no son de poco peso, porque según coinciden en señalar todos ellos, dará facultades plenas al que ejerza la presidencia del gobierno español quien podrá abrogarse, sin control alguno, desde la libre movilización ciudadana hasta el manejo de todos los recursos públicos y privados “en aras del bien común”.

“Auténtico disparate”, “atropello a las libertades fundamentales individuales”, “medidas propias de régimen dictatorial que de una democracia consolidada” son algunos de los calificativos que se ha dado a la propuesta de la coalición gobernante (socialistas del Psoe y la izquierda de Podemos).

A comienzos de semana el diario español El País reveló detalles del anteproyecto que si bien ya recibió el visto bueno del Consejo de ministros debe iniciar su trámite legislativo, donde de seguro tendrá grandes cambios para recibir el respectivo aval.

El mismo establece en su exposición de motivos que “la actuación de la seguridad nacional, mediante declaración por el Presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones publicas afectadas, e incluso aquellos que estuvieran en mano de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico”.

Y la propuesta del articulado establece claramente que se “otorga al presidente de gobierno la potestad de dictar directamente el Real Decreto de declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional o al Congreso de los Diputados”.

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De igual forma, en el cambio que se pretende al Título IV, correspondiente a “Contribución de recursos a la Seguridad Nacional” hay un artículo que reza “en los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará́ obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan”.

Y un artículo más que al leerlo trae a la memoria lo dicho por uno de los mayores populistas latinoamericanos de los últimos tiempos señala que “se podrá́ proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así́ como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades”.

En ese ítem, el borrador habla de la posibilidad de nacionalizar empresas para crear “una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial” para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes y suministros considerados básicos.

En otro de los acápites incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo.

Todos estos cambios los justifica en las lecciones que ha dejado la crisis sanitaria generada por el covid-19 en España y anticipa que con las anteriores medidas se evitará que se repitan situaciones como las ocurridas durante esta pandemia cuando se registraron escasez de insumos y aparatos médicos.

Alud de críticas

Una vez divulgado dicho borrador se multiplicaron las voces que con sustento jurídico más    que consideraciones políticas alertaron sobre el peligro que, según manifiesta, entraña para las libertades individuales y económicas.

El primero en elevar su voz de protesta y alarma fue el líder del PP, Pablo Casado, quien, tras calificarla como un ataque directo a los derechos ciudadanos y la Constitución, recordó cómo Sánchez durante la pandemia y ahora que se está mitigando su impacto, en vez de preocuparse por la salud y la reactivación económica ha “avanzando en una agenda que merma las libertades”.

“Recurriremos ante el Tribunal Constitucional la Ley de Seguridad Nacional si no hay cambios y la reforma que está preparando el Gobierno mantiene los poderes absolutos a Sánchez, sin control parlamentario, intenta crear una mili civil obligatoria y permite expropiar bienes y servicios”, sostuvo el joven líder conservador.

Casado fue más allá al asegurar que este Ejecutivo "radical" formado por Podemos y el partido "sanchista, que nada tiene que ver con el Psoe clásico" lo que ha hecho es "aprovechar la pandemia" para "avanzar en su agenda de ruptura legal y social".

En este punto recordó que en los peores meses de la pandemia, Sánchez avanzó en una "agenda de merma de libertades" como, a su juicio, ocurrió con su decisión de "cambiar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hacer una "contrarreforma educativa exprés" o "una purga en la cúpula de la Guardia Civil" por pedir "investigar las manifestaciones del 8M cuando había una alerta internacional".

"Cuando hay miedo en la sociedad, lo aprovechan los enemigos de la libertad y los que no creen en la sociedad abierta ni en la libertad individual ni en el Estado de Derecho y solo creen en el poder por el poder", sostuvo el líder del PP.

En la misma línea se manifestó la portavoz parlamentaria de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ve la mencionada reforma como un ejemplo de "despotismo preilustrado".

"Plenos poderes y sin controles, así es Sánchez 'el totalitario'", trinó Gamarra, mientras que vicesecretaria de Organización del partido conservador calificó el anteproyecto como "otro abuso de poder".

"El Gobierno tiene intención de minar nuestra libertad otorgando a Pedro Sánchez la capacidad de expropiar bienes en situaciones de emergencia. Lo que menos garantiza esta Ley es la seguridad de los españoles", añadió en esa misma red social.

Por su parte, el jefe de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, acusó al presidente Sánchez de querer imponer "un régimen de terror" con la mencionada reforma y lo acusó de querer imponerla con la “antiespaña”, en referencia a sus aliados izquierdistas tanto en el gobierno como en el Parlamento.

Finalmente, los expertos en derecho han advertido que está anunciada reforma a la Ley de Seguridad es ordinaria y no orgánica, que son las únicas que pueden afectar los derechos fundamentales. Además, si bien no tendría el jefe de gobierno control alguno para emitir la declaratoria de interés mencionada, deberá informar a las Cortes tanto de ello como las medidas adoptadas.

Este es el segundo duro enfrentamiento entre los conservadores españoles y el gobierno socialista español en menos de un mes. Como se recordará Sánchez está en el ojo del huracán por los indultos que, sin compromiso alguno, decidió conceder a los independentistas presos, algunos de los cuales ya se reunieron con el exiliado Carles Puigdemont para avanzar en sus inmediatos proyectos políticos: que se les conceda la amnistía y se avance en un estatuto de autodeterminación que desemboque en un referendo, para lo cual se reanudará la mesa de diálogo en septiembre.