Los embajadores de Canadá y Bélgica relatan en este texto los esfuerzos internacionales por prohibir la fabricación y uso de las minas antipersonal desde la Primera Guerra Mundial
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EL PASADO 11 de noviembre el mundo conmemoró el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En el llamado Día del Recuerdo (o Remembrance Day como se le conoce en inglés), se honra la memoria de las víctimas y los sacrificios que realizaron los veteranos de guerra en un conflicto desgarrador. A su vez, nos recuerda que en los cuatro años que duró la “Gran Guerra” (1914-1918), hicieron su terrible aparición nuevas armas, denominadas no-convencionales. A manera de ejemplo, en la batalla por la ciudad belga de Ypres en la primavera de 1915, se empleó el gas, un arma química supremamente destructiva, cuyo uso ha sido en consecuencia prohibido por el derecho internacional humanitario a través del Protocolo de Ginebra en el año 1928. Así como las armas químicas, las minas antipersonal (MAP) también fueron utilizadas por primera vez durante esa guerra.
Más de cien años después, en los campos de Flandes en Bélgica y a lo largo de la ruta de la remembranza, donde se recuerda a los miles de soldados aliados, entre ellos más de 100 mil canadienses que sacrificaron su vida en ese conflicto, siguen enterradas minas antipersonal y municiones sin explotar que implican un riesgo latente para las personas. Un hecho que nos recuerda las graves secuelas que deja en el territorio el flagelo de esas armas pese al paso de los años.
La Convención de Ottawa
Los esfuerzos internacionales por prohibir la fabricación y uso de las minas antipersonal desde la Primera Guerra Mundial fueron lentos. Por el contrario, el uso indiscriminado de estos artefactos aumentó en sucesivos conflictos civiles e internacionales alrededor del mundo. Solo hasta los años noventa la comunidad internacional, particularmente con el liderazgo de Bélgica y Canadá, pudo desarrollar una iniciativa multilateral para lograr su prohibición mediante un tratado internacional jurídicamente vinculante.
La sociedad civil, representada por la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonal (ICBL, por sus siglas en inglés), logró la movilización de los estados para lograr la firma del tratado. Desde 1993, la red Belga de la ICBL comenzó un trabajo de opinión pública logrando que el parlamento belga adoptara en marzo de 1995 una legislación que prohibía las minas antipersonal en su territorio. Este fue un paso sin precedentes que le dio un impulso a la búsqueda del anhelado tratado internacional. Así, en 1996 Canadá decidió acoger una conferencia internacional de los países que estuvieran a favor de una prohibición global de las minas antipersonal para desarrollar una estrategia común. Esta reunión marcó el camino de lo que se denominó el proceso de Ottawa para la firma de un tratado vinculante sobre la “Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre Su Destrucción”.
Durante la Conferencia de Ottawa de 1996, se aprobó un plan de acción para que los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil lograran la efectiva negociación de un acuerdo internacional vinculante. Luego, en una conferencia de seguimiento en Bélgica en junio de 1997 se instó a través de la Declaración de Bruselas a la comunidad internacional para negociar un acuerdo cuanto antes, mientras Canadá acogió de nuevo una conferencia para la firma del tratado en diciembre de 1997. La ICBL, bajo la coordinación de Jody Williams, realizó un rol de abogacía internacional trascendental para lograr la firma del tratado, un trabajo que le valió a esa organización el Premio Nobel de Paz en 1997. Así, en palabras del Arzobispo Desmond Tutu, la Convención de Ottawa fue exitosa gracias “a la asociación entre los gobiernos y la sociedad civil forjada en el proceso que creó el Tratado y que continúa hasta este día”.
Colombia y la Convención de Ottawa
Al día de hoy, 162 países han firmado y ratificado la Convención de Ottawa. Colombia la firmó en diciembre de 1997 y ratificó en el año 2000. Colombia ha cumplido con sus compromisos internacionales y es uno de los 85 países signatarios que ha destruido completamente sus arsenales militares de minas antipersonal.
Colombia ha contribuido al avance de la Convención de Ottawa, incluyendo su participación en todas las reuniones de los Estados Parte, incluyendo la XVII el pasado 26 de noviembre en la Ginebra, Suiza donde presentó reportes de transparencia y detalló las acciones para la implementación del tratado.
Pese a los avances en materia de desminado humanitario como resultado del acuerdo de paz y la atención y reparación a víctimas, estos artefactos continúan siendo empleados por grupos armados ilegales y el número de víctimas en Colombia por causa de minas antipersonal persiste, con 113 víctimas registradas en el último año. Regiones del país aún están contaminadas con minas y la rehabilitación e inclusión social y económica de las víctimas, que es una obligación del tratado, requiere mayor atención.
Tal y como fue posible con la Convención de Ottawa, la unión de los esfuerzos de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional, permitirá continuar dando pasos decisivos hacia la erradicación definitiva de minas antipersonal en Colombia y el mundo.
El Premio CaMINA
Canadá y Bélgica continúan su compromiso de apoyar a Colombia para ser un país libre de minas antipersonal a través del trabajo de organizaciones civiles, como The Halo Trust y Humanidad e Inclusión, en tareas de desminado humanitario y atención a víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto. Asimismo, a través del premio caMINA, que se otorga en conjunto con la Campaña Colombiana Contra Minas y con el apoyo de Reconciliación Colombia, se reconoce el trabajo de organizaciones locales en el país que trabajan por los derechos de las víctimas de minas antipersonal. La ceremonia de premiación se adelantará el próximo 5 de diciembre.
*Embajador de Canadá en Colombia y Embajadora de Bélgica en Colombia