Investigadores surcoreanos advirtieron que ejecutarán la orden de detención contra el presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, dentro del plazo establecido hasta el lunes, por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre.
Partidarios y opositores de Yoon acamparon ayer en el exterior del domicilio del presidente, donde lleva semanas encerrado, ignorando tres citaciones sucesivas para ser interrogado en el marco de una causa por insurrección, por haber decretado esa ley marcial.
La orden de detención se ejecutará "dentro del plazo" previsto, que terminará el lunes 6 de enero, dijo Oh Dong-woon, jefe de la oficina anticorrupción.
Yoon, suspendido de sus funciones por una moción de destitución del Parlamento, prometió que luchará rodeado de sus simpatizantes "hasta el final".
"La República de Corea está actualmente en peligro debido a fuerzas internas y externas que amenazan su soberanía ya actividades de elementos antiestatales", escribió en un comunicado distribuido a los manifestantes, según confirmó su abogado a AFP.
Jo Seoung-lae, un diputado del opositor Partido Democrático, calificó el mensaje de Yoon de "muy inapropiado", considerándolo "delirante" y acusando al dirigente conservador de intentar provocar enfrentamientos.
Es la primera vez que se emite en Corea del Sur una orden de arresto contra un jefe del Estado en ejercicio, ya que Yoon sigue siendo oficialmente el presidente a la espera de que el Tribunal Constitucional confirme su destitución, votada el 14 de diciembre por los diputados.
El dirigente conservador sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa una ley marcial en la noche del 3 de diciembre y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.
Pero horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás, presionado por la Asamblea y por millas de manifestantes.
Yoon es objeto de varias investigaciones, incluida una por "rebelión", un delito susceptible de acarrear la pena de muerte, y tiene prohibido abandonar el territorio.
"Deseamos un proceso tranquilo sin perturbaciones importantes, pero también nos estamos coordinando para movilizar a la policía", dijo Oh Dong-woon a los reporteros.
Y advirtió que cualquier acción que se oponga a la detención del dirigente suspendido podría acarrear consecuencias penales.
El equipo legal de Yoon aseguró que la orden de arresto es "ilegal e inválida" y presentó un recurso reclamando que sea anulada.
En el exterior de su residencia, decenas de personas corearon e insultaron a la policía y algunos intentaron atravesar el cordón de seguridad e impedir aparcar cerca de la entrada a un autobús de la policía.
Las autoridades surcoreanas ya fracasaron en el pasado en su intento de ejecutar órdenes de arresto contra legisladores -en 2000 y en 2004-, debido a que miembros simpatizantes de sus partidos impidieron la entrada de la policía durante los siete días de validez de la orden.
Por ahora se desconoce cuándo será detenido el presidente Yoon.
Ayer, la mayoría de los colaboradores restantes de Yoon, incluido su jefe de gabinete y sus asesores especiales, presentaron sus dimisiones al presidente en funciones, Choi Sang-mok, quien las rechazó, llamando en su lugar a la unidad.