La crisis de desabastecimiento provocada por una huelga de camioneros en Brasil expuso la fragilidad del gobierno y descolocó a los partidos políticos, aunque todavía es prematuro prever su impacto en las elecciones de octubre, estiman analistas.

La sorpresa provocada por la rápida extensión del movimiento se acrecentó con la negativa a aceptar los acuerdos alcanzados entre los gremios y el gobierno, en centenares de bloqueos donde tenían gran popularidad las consignas favorables a una "intervención militar".

"Los camioneros se encuentran frente a un gobierno muy frágil, muy vulnerable. El gobierno mostró capacidades limitadas de reacción, con muchas vacilaciones", dijo a la AFP el analista político Carlos Pereira, de la Fundación Getúlio Vargas.

Después de subestimar el movimiento, el gobierno del presidente conservador Michel Temer creó un gabinete de crisis y acabó cediendo a numerosas reivindicaciones, incluida una reducción del precio del diésel, que será subvencionada por el Tesoro. 

En el Palacio de Planalto admiten que esta huelga tuvo un diseño logístico capaz de cortar el flujo de cargas en puntos esenciales como refinerías y aeropuertos. 

Los bloqueos disminuían este martes y el abastecimiento empezaba a normalizarse, pero aún persisten paralizaciones promovidas, según el ministro de Seguridad Raúl Jungmann, por empresas distribuidoras que quieren desestabilizar al gobierno. 

Las autoridades investigan la presencia de grupos políticos "infiltrados" entre los camioneros. Una acusación respaldada por organizaciones sindicales. 

"No son los camioneros los que están en huelga. Hay un grupo muy fuerte (...) de personas que quieren derrocar el gobierno", dijo José da Fonseca Lopes, presidente de la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam). 

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Gobierno "zombi", "moribundo"

Para el politólogo Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), las concesiones del gobierno "pueden funcionar a corto plazo, pero van a generar un problema fiscal, un problema de recursos en el presupuesto público".

Hará falta evaluar también el desgaste político que provocará, a cuatro meses de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

En los corredores del Congreso, aliados del gobierno cuestionan la credibilidad de Temer para llegar hasta el fin de su mandato, el 1º de enero de 2019, en caso de que la situación empeore, según Folha de S. Paulo. 

Denunciado por corrupción en dos ocasiones, Temer consiguió congelar la apertura de investigaciones negociando partidas presupuestarias y cargos a cambio de votos en el Congreso. Así, gastó prácticamente todo su capital político, opina el politólogo André César, de la consultora Hold.

"Llegamos a un punto en que el gobierno Temer no tiene más nada que ofrecer. Terminará su mandato extremamente debilitado (...), un zombi en Planalto", afirmó Cesar. 

"El gobierno de Temer es un gobierno moribundo, que (...) perdió la capacidad de coordinación y de interferencia positiva que presentaba al comienzo de su gestión, cuando tenía un perfil reformista y victorioso", opinó también Pereira.

Temer subió al poder en 2016, tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, acusada por el Congreso de manipular las cuentas públicas.

Elecciones y polarización

Con la clase política desmoralizada por los escándalos y la economía recuperándose de forma muy lenta, la huelga de los camioneros despertó cierta simpatía entre la población.

La huelga "muestra una vez más el gran nivel de descontento, de rabia y eso tiende a beneficiar en las elecciones a candidatos con discursos más radicales", opinó Mauricio Santoro. 

Y resucita el fantasma de las protestas de 2013, cuando millones de brasileños salieron a las calles para exigir la mejora de los servicios públicos y mostrar su descontento con el gobierno.

La huelga evidenció además el fuerte activismo de grupos de ultraderecha que piden una intervención de las Fuerzas Armadas para moralizar la política, una bandera delicada en un país que vivió más de dos décadas bajo un régimen militar (1964-1985).

El gobierno restó importancia a esos movimientos, alegando que salen de las cavernas "del siglo pasado", y descartó cualquier tentación golpista en las Fuerzas Armadas.

Santoro prefiere no subestimar esas voces, incentivadas "por la ausencia de un líder político moderado, comprometido con valores éticos, que presente alternativas". 

El diputado Jair Bolsonaro, un nostálgico declarado del régimen militar y segundo en las intenciones de voto, trató de tomar distancia de esos grupos. La idea de un golpe "no me pasa por la cabeza ni pasa por la cabeza de ningún general", aseguró en una entrevista publicada este martes por Folha de S.Paulo.

Los partidos que integran la coalición de gobierno criticaron los bloqueos, en tanto que dos partidos de izquierda dieron su respaldo al movimiento, en respuestas enviadas al diario O Globo.

Manuela D'avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), consideró que los camioneros libran una lucha "justa". 

Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), matizó su apoyo, separando "la protesta legítima de los camioneros" de "los dueños de empresas de transportes que regatean exenciones fiscales y de oportunistas de ultraderecha que defienden una intervención militar".