Hace una década, el entonces presidente estadounidense Barack Obama lanzó una iniciativa para proteger a los inmigrantes irregulares que llegaron de niños a Estados Unidos, pero los "dreamers" o soñadores, como se les llama, siguen a la espera de una solución definitiva.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue el recurso de Obama para proteger a estas personas contra la deportación y permitirles trabajar, después de que el Congreso, dominado por los republicanos, no aprobara en 2010 la "Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros" (Dream Act).

Desde el lanzamiento del programa los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) han aprobado 835.097 solicitudes.

Para acogerse al DACA estos inmigrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años. También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.

El Instituto de Política Migratoria (MPI) estima que 1,2 millones de inmigrantes irregulares cumplían con los requisitos del programa para postularse, lo que sugiere que más de dos tercios de los elegibles se inscribieron en él.

"Tu casa está aquí"

Al 31 de diciembre del año anterior, las cifras más recientes proporcionadas por Uscis, indica que 611.470 personas tenían este estatus.

"DACA es temporal, pero mi casa está aquí", en Phoenix, Arizona, afirma en un vídeo Karina, una inmigrante acogida a este programa de la oenegé United We Dream.

A lo largo de la década el programa ha recibido numerosos reveses judiciales a los que ha sobrevivido.

"Quiero que todos los soñadores sepan que los apoyamos. Tu casa está aquí, y seguiremos luchando por ti", tuiteó este miércoles la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien aboga por aprobar una legislación que les garantice una vía hacia la ciudadanía, una promesa de campaña del presidente Joe Biden que ha tropezado con la oposición del Senado.

El DACA nació como una medida provisional y sigue siéndolo a falta de una iniciativa definitiva del Congreso, pero se halla bajo amenaza.

En 2017 el entonces presidente republicano Donald Trump quiso ponerle fin alegando que era inconstitucional, lo que provocó una batalla judicial que terminó en la Corte Suprema. Esta última lo mantuvo abierto para los beneficiarios, pero impidió la presentación de nuevas
solicitudes.

En diciembre de 2020, un tribunal lo reabrió a nuevos solicitantes, pero en julio de 2021 un juez federal dictaminó que Obama se excedió en su autoridad al instaurar el programa y que sólo el Congreso tiene potestad en temas de inmigración. La corte volvió a bloquear a nuevos solicitantes.

El gobierno de Biden apeló la decisión ante el Quinto Circuito, que a principios del próximo mes de julio escuchará los argumentos del caso. Para intentar convencer al tribunal, su administración presentó una propuesta para conferir una base legal al programa.

En peligro

El DACA "ha resistido la prueba del tiempo, soportando una década de ataques crueles y partidistas de las fuerzas antiinmigrantes" pero dentro de pocas semanas su futuro vuelve a peligrar, afirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.

Pelosi hace un llamado a los republicanos en el Senado "para que dejen de oponerse" a la American Dream and Promise Act, una propuesta de ley que promete un camino hacia la ciudadanía para millones de migrantes irregulares.

José Muñoz, de United We Dream, pide a los políticos que pasen de la teoría a la práctica. "Los demócratas hacen promesas de protección permanente" y ahora que tienen el poder "es tiempo de que las cumplan", declaró.

Este programa ha dado oportunidades a más de medio millón de mexicanos, "el 80% de todos los beneficiados", destacó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quien destaca su contribución a la prosperidad estadounidense y su trabajo esencial durante la pandemia.

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Según estimaciones citadas por el MPI, los beneficiarios de DACA aportan casi 42.000 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Algunos migrantes, como el mexicano Yair Castellanos, de 20 años, se sienten excluidos. "Yo desafortunadamente no puedo recibir el DACA", declara a la AFP, "porque no tengo forma de demostrar que estaba aquí con mi madre", con quien afirma que cruzó la frontera cuando tenía seis años.

Promesa incumplida

Desde su campaña, Joe Biden prometió una política migratoria "más humana" y, cuando llegó a la Casa Blanca anunció una batería de reformas en tal sentido que, como lo presumía, han tropezado en el Congreso desde entonces ya que aunque tiene asegurada su aprobación en la Cámara, en el Senado la situación es completamente diferente, por la paridad de bancadas demócrata y republicana.

El mandatario demócrata inició una batalla en varios frentes: propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.

En marzo del año pasado, la cámara baja del Congreso votó a favor de un proyecto de ley que abre el camino para regularizar a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y a unos 600.000 jóvenes acogidos al programa de Acción Diferida de los Llegados en la Infancia, DACA.

El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

En la actualidad se aplica a varios Estados latinoamericanos: Haití, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Al mismo tiempo la cámara baja dio el visto bueno a un texto que facilita la obtención de un permiso de residencia a los inmigrantes que trabajen como empleados agrícolas.

Pero ninguno de estos textos pasó en el Senado.

A finales de año, Biden volvió a la carga intentando forzar la aprobación de un apartado migratorio que incluyó en su colosal programa social Build Back Better (Reconstruir Mejor).

Pero también se empantanó en la Cámara alta.

Tras el revés judicial de septiembre del año pasado, cuando un juez federal de Texas decidió que el expresidente Obama excedió su autoridad cuando instauró el DACA en 2012, indicando que sólo el Congreso tiene potestad en temas de inmigración, el gobierno Biden presentó una propuesta para reformularlo y, mantener así la protección a los “soñadores”, evitando su deportación.

En su momento dijo que la propuesta de reglamentación que también exigió el juez "es un paso importante" proteger a estos beneficiarios del programa, a los que reconoció sus contribuciones al país, pero insistió en la necesidad de una solución legislativa definitiva.

"Solo el Congreso puede brindar protección permanente", dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, instando a los legisladores "a actuar rápidamente" para que esos miles de hoy adultos, que llegaron de niños al país, tengan el estatus legal que se merecen.

La normativa presentada en ese momento por la Casa Blanca introduce cambios en el proceso de solicitud del DACA, incluyendo nuevos costos. Sin embargo mantiene las condiciones del programa original, que ampara de la deportación y brinda permiso laboral por dos años, con posibilidad de renovación. Para ello deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas militares y no deben haber sido procesados por un delito, entre otros requisitos.

Y como básicamente los términos del programa no se modificaron, la oposición republicana mantiene sus reservas y cualquier cambio o reforma migratoria no tiene futuro, menos ahora que se los congresistas están en campaña para las elecciones de “medio término”, en noviembre, donde podrían recuperar el control de ambas Cámaras.

Hace pocas semanas varios congresistas pidieron al presidente Biden que use "su autoridad legal" para proteger a los “dreamers”, a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TSP) y a otros migrantes.

Los senadores demócratas Bob Menéndez, Catherine Cortez Masto, Ben Ray Luján y Alex Padilla se reunieron con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y altos funcionarios de la Casa Blanca. Tras el encuentro señalaron que “tenemos la responsabilidad de arreglar nuestro sistema migratorio roto" y llamamos de nuevo al gobierno a "usar su autoridad legal existente” para hacerlo.