En menos de una semana, han muerto más de 27 personas que protestaban contra el gobierno del presidente sandinista. Después de once años de estar al mando –cooptando con su familia todas las ramas del poder- los nicaragüenses desde las calles buscan una transición. 

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EL PRESIDENTE Daniel Ortega enfrenta el desafío de abrir los espacios democráticos cercenados durante sus 11 años de gobierno, como le exigen las masivas protestas iniciadas la semana pasada y que dejan al menos 27 muertos.

Decenas de miles de personas exigieron el lunes en marchas en Managua y otras ciudades, el fin de la represión de las protestas iniciadas el pasado miércoles tras el anuncio de una reforma del seguro social, y que dejaron en evidencia la disconformidad acumulada en la población bajo la gestión de Ortega.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Ginebra, instó "a las autoridades nicaragüenses a asegurar que haya investigaciones prontas, profundas, independientes y transparentes de estas muertes", muchas de la cuales pudieron haber sido "ilegales".

"La gente pide democracia, libertad, elecciones libres, un gobierno transparente, separación de poderes, estado de derecho, la gente quiere libertad", declaró el excanciller nicaragüense Norman Caldera a la AFP.

"Si (el gobierno) no accede va a ser difícil detener esto (protestas), aquí el pueblo demostró que es una gran mayoría" y "el aparato represivo no da para detener la magnitud de las protestas", advirtió Caldera.

"Que se vayan"

Al inicio de las manifestaciones -que hasta el momento dejan 27 muertos y decenas de heridos- Ortega bloqueó la señal de cuatro canales independientes de televisión, aunque luego liberó a tres de ellos.

La ONU pidió a Nicaragua "investigaciones rápidas, independientes y transparentes" sobre las víctimas de las manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones, lamentando posibles "ejecuciones ilegales".

"Estamos especialmente preocupados por el hecho de que un cierto número de muertes puedan equivaler a ejecuciones ilegales", declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, en una conferencia de prensa en Ginebra.

La presión obligó a Ortega también a ceder a las demandas y revocar la reforma al sistema de pensiones, pero las protestas continuaron y expusieron la disconformidad acumulada a lo largo de los años.

Los nicaragüenses muestran su hartazgo con las maniobras de Ortega para lograr su reelección en 2011 y en 2016, para concentrar el poder, controlar el Congreso, la Justicia y el tribunal electoral.

"Daniel y Somoza son la misma cosa", se leía en una pancarta en la marcha del lunes en Managua, que congregó a estudiantes, trabajadores y empresarios, en alusión al régimen de Anastasio Somoza, cuya familia gobernó con mano de hierro los destinos de Nicaragua desde 1934 y quien fue derrocado por la revolución sandinista en 1979.

"Que se vayan Ortega y Murillo", gritaban para reclamar la salida del presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Murillo, portavoz del gobierno, tendió un ramo de olivo a los manifestantes al declarar: "tenemos la fe de salir adelante unidos, que somos capaces de volvernos a entender como en tiempos duros y de retomar las formas de reconciliación".

Su mensaje contrastó con declaraciones de la semana pasada, cuando calificó a los manifestantes de "vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política".

"Menosprecio"

"Desde el regreso del sandinismo (al poder) en 2007 hasta hoy, la democracia nicaragüense se ha ido desdibujando para convertirse en un régimen cada vez más autoritario", escribió en Twitter el expresidente costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 1987.

"La reacción violenta del gobierno contra estas manifestaciones" ha causado "mucho dolor en el país", valoró por su parte el exdiplomático y expresidente del máximo tribunal de justicia, Alejandro Serrano, a la AFP.

Los manifestantes se apoyaron en las redes sociales para convocarse, denunciar y colgar videos sobre la forma en que eran heridos o muertos sus compañeros, lo que originó una indignación nacional que desafiaron los esfuerzos del gobierno por controlar la información en sus medios de comunicación.

La violencia reveló "un menosprecio por parte del poder" hacia los derechos humanos, al derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la democracia, dijo Serrano.

Diálogo difícil

El excanciller Caldera consideró que el primer paso para aplacar la crisis es abrir un diálogo incluyente.

El Gobierno "debe abrirse a la discusión de los más básicos valores de la democracia, la institucionalidad, el estado de derecho y los derechos humanos", instó por su parte Serrano.

Ortega convocó el sábado al sector privado -que había sido su aliado desde 2007 hasta que se desató esta crisis- a un diálogo, pero el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) lo condicionó al cese de la represión, la liberación de los detenidos en las protestas y la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

"Aquí no puede haber diálogo mientras sigan apaleando y matando a nuestro jóvenes, por lo tanto no nos vamos a sentar a ningún diálogo" con el Gobierno, dijo a la AFP durante la marcha el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Michael Healy.

En tanto, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo que "no veo condiciones para ningún diálogo" y llamó a "detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del (censurado) Canal 100% Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores".