EMPRESARIOS exitosos, millenials, ‘outsiders’ en política y deseos de trabajar por un mejor Ecuador. Eso tenían en común, en mayo del 2023, Daniel Noboa y Verónica Abad, la dupla que sorpresivamente ganó la presidencia de la República y que hoy están más lejos que nunca.

Con la bandera de Acción Democrática Nacional, la coalición de centro-derecha creada para apoyar esa candidatura, la fórmula Noboa-Abad sorprendió a la clase política ecuatoriana tras lograr su paso a la segunda vuelta, por detrás de la candidata del correísmo (izquierda) y en esa definición imponerse con una ventaja de más del 4% a Luisa González, de Revolución Ciudadana.

Electos para completar el período de Guillermo Lasso, quién para evitar un juicio en su contra disolvió el Congreso y anticipó elecciones generales, Noboa y su vice asumieron el poder de Ecuador el 15 de octubre del año anterior y lo que aparentaba ser un “matrimonio político feliz” comenzó a resquebrajarse por desavenencias de criterios e intereses.

Tan solo cinco semanas después, el presidente Noboa nombró a Verónica Abad como embajadora en Israel, cargo que constitucionalmente puede desempeñar, ya que, como en el resto del mundo, la figura vicepresidencial carece de funciones, siendo su principal rol suplir al mandatario en caso de ausencia temporal o permanente.

Poner distancia fue la forma más expedita y acertada que encontró el mandatario ecuatoriano para manejar las diferencias políticas y evitar una crisis. Sin embargo, con mensajes en redes sociales, denuncias y acciones judiciales la situación fue agravándose y un incumplimiento laboral de Abad llevó a un inevitable ‘divorcio’ político y, de paso, generó un hecho inédito en la historia de Ecuador: el nombramiento de una vicepresidenta interina, con lo cual el país tiene hoy dos, se desconoce hasta cuándo y si Abad recuperará el cargo una vez termine su sanción.

En la mañana de este lunes, el gobierno Noboa designó a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina, un paso más en el enfrentamiento con Abad, quién tras ser enviada a Israel, se convirtió en férrea crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una "persecución" en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.

Moya "será la nueva vicepresidenta encargada", señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el ministerio de Trabajo debido al "abandono injustificado" de sus funciones, que equivale a una "falta grave" a la ley de servicio público.

La suspensión por 150 días sin remuneración impuesta por el Ministerio del Trabajo obedece a una falta administrativa por abandono injustificado del trabajo, ya que incumplió el Decreto Ejecutivo No. 353, en el que le ordenó, por su seguridad ante la ofensiva entre Israel y Hamás, trasladarse a Ankara (Turquía), donde debía instalarse a más tardar el 1 de septiembre, pero que llegó ocho días después, sin explicar la causa de su demora.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que la sanción administrativa impuesta a Abad es porque se configuró la falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que es “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos”.

Tras asegurar que la vicepresidenta suspendida no presentó “prueba documental que justifique por qué no se trasladó a Ankara en la fecha dispuesta”, la ministra Núnez fue enfática en señalar que esa funcionaria no está inhabilitada de sus funciones, porque la medida impuesta no lo permite. Y tampoco está destituida porque ese es un proceso que corresponde al Congreso a través de un juicio político”

Agregó la titular de dicha cartera que “Ella (Abad) no tiene restringido ningún derecho político” y que los 150 días de suspensión (y obviamente sin sueldo) los determinó la abogada sustanciadora con base en el principio de proporcionalidad. “La sanción mayor es de 24 meses, o 730 días, la funcionaria judicial sostiene en la resolución que al aplicar dicho principio le da el 20% de lo que es la mayor sanción”.

Tras medida cautelar

Como se ve, la “luna de miel” entre Noboa y Abad duró los cinco meses de campaña y las seis semanas de arranque del gobierno. Desde el nombramiento como embajadora esa relación política fue de alta tensión.

En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa (36) por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de "traición".

Este lunes, la vicepresidenta calificó de "grosera violación" a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).

"Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución ya las leyes ecuatorianas", aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Sostuvo que se trata de una maniobra "con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña".

Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal "impugnando" la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lanza en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.

Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. "Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional", expresó Armijos a la prensa, confiado en que lograrán una medida cautelar.

Entre tanto, el presidente Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029, porque como se sabe, su elección el año anterior era para completar el período de Guillermo Lasso que concluye el próximo marzo.

La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.

"Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretendiente asegurar la reelección", expresó Abad.

La suspendida vicepresidenta también fue objeto este mes de una sanción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Le impuso una multa de 8.500 dólares por realizar campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.

Ese tribunal determinó que Abad incurrió en dicha infracción, aunque aclaró que su conducta no generó una afectación significativa al proceso electoral en su conjunto. Por esta razón, sostuvo que la sanción pecuniaria sería suficiente para disuadir futuras infracciones por parte de ella y otros actores políticos.

Revuelo político y jurídico

El gobierno ecuatoriano argumentó que la designación de Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, como vicepresidenta interina es legal y constitucional, aunque muchos expertos opinan lo contrario.

El Ejecutivo sostuvo que la designación se hizo de acuerdo con el artículo 150 de la Carta Magna, que establece que "en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia", pero constitucionalistas como Rafael Oyarte cuestionan que la nombrada en el cargo no tiene ese rango, ya que funge como Secretaria de Planificación.

En declaraciones al diario “El Comercio” el experto asegura que “la forma como se aparta artificialmente a la Vicepresidenta (Abad) del cargo es irregular” y que además esa ausencia temporal que es de cinco meses terminará siendo definitiva, tal cual lo establece la misma Constitución, que regula el camino a seguir tras una ‘vacancia’ después de tres meses.

Así las cosas, sostiene Oyarte, antes de que cumpla la vicepresidenta Abad la sanción, de acuerdo al marco legal, el Ejecutivo deberá enviar a la Asamblea Nacional una terna vicepresidencial para nombrar funcionario/a en propiedad.

Por ahora hay dos vicepresidentas en Ecuador (una interina y una suspendida) y se desconoce cuándo y quién será la encargada de completar el actual periodo presidencial.