TRAS condenar la "orden de detención injustificada" del opositor Edmundo González Urrutia, el rival del mandatario venezolano Nicolás Maduro en las elecciones, Estados Unidos afirmó que sopesa "una serie de opciones" para demostrar al líder chavista que sus actos "tienen consecuencias".

"En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de opciones para demostrarle a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias", dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, en lo que puede interpretarse como un preludio de la imposición de sanciones.

Estados Unidos presiona a Maduro desde las elecciones del 28 de julio en las que fue declarado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin publicar el detalle de las actas.

La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó los comicios.

"Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga, que deje de reprimir a la disidencia, que publique las actas, lo que todavía no ha hecho, y que Venezuela vuelva a su senda democrática, algo que le hemos pedido que haga, pero no ha mostrado voluntad de hacerlo", dijo Miller en una rueda de prensa.

Otros funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden también arremetieron contra Maduro después de que una corte ordenara el lunes la detención de González Urrutia, un diplomático de 75 años que desde hace poco más de un mes está en la clandestinidad.

"Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

En un mensaje en la red social X, el jefe de la diplomacia para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó que Washington se suma "a la creciente lista de aliados internacionales que condenan" la orden de arresto.

"En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas", sostiene.

Las condenas internacionales llegan un día después de que Estados Unidos anunciara la incautación de un avión de Maduro que se encontraba en República Dominicana y su traslado a Florida.

Miller explicó que este decomiso se enmarca dentro de las medidas impuestas al líder chavista a lo largo de los años.

Tiene menos relación con los comicios "y más con las consecuencias que Maduro debe seguir afrontando por sus acciones ilegítimas, represivas y antidemocráticas", afirmó.

A esta condena por la orden de arresto a González Urrutia se sumó el jefe de la diplomacia europea y nueve gobiernos de América Latina.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, rechazó "categóricamente" la medida y exhortó "a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos".

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron "de manera inequívoca y absoluta" la orden de captura.

Venezuela ya rompió relaciones diplomáticas con varios de estos países, tras no reconocer la reelección de Maduro.

La disposición busca "silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política", indicó el comunicado. "En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales".

Por su parte, Edmundo González a través de su abogado, José Vicente Haro, comunicó que "no se ha planteado" la posibilidad de pedir asilo en alguna embajada… Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia".

La justicia lo solicita ahora por delitos que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".

"Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial", explicó el abogado. "Lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho, público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión".

"Si existe una orden de allanamiento, se acatará y se permitirá el acceso debido a los funcionarios. Prestaremos toda la colaboración posible, recibiremos a las autoridades y dejaremos que desarrollen todo lo que tengan que desarrollar de acuerdo a la orden judicial que tengan".