“La patria no se vende, la patria se defiende”, gritaban miles de manifestantes del Polo Obrero a las afueras del Congreso de Argentina, en donde este miércoles se votó la “Ley Base”, un compendio normativo de 232 artículos que les permite a Javier Milei y su gabinete libertario empezar las transformaciones legal, social, económica, política y administrativa del paquidérmico estado argentino.

Los choques entre los manifestantes y la fuerza pública, que dejaron más de 30 heridos y 20 detenidos, según la prensa internacional, recordaron aquellas marchas del 2001 contra el “corralito” de Antonio de la Rúa o, incluso, han revivido las protestas en Cutral Có y Plaza Huincul (provincia de Neuquén) y en General Mosconi y Tartagal (Salta), en 1996 y 1997, años en los que nació el movimiento social argentino moderno que se oponía desde entonces al neoliberalismo.

Es Argentina. Un país donde algunos dicen que se marcha más de lo que se trabaja y que ha vivido, década tras década, en medio de una tensa relación entre un gigantesco movimiento social y los gobiernos liberales y conservadores (en posiciones políticas, no de partidos), como fue el caso de Mauricio Macri en 2015, un presidente al que le bloquearon las calles cada día durante sus cuatro años en la Casa Rosada.

Ya, por eso, la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pitovello, formalizaron en enero un protocolo “antipiquetes”, que les da poderes especiales a las fuerzas de seguridad de Argentina para desbloquear las vías y detener a todo aquel que atente contra el orden público.

Bullrich –quien fue también ministra de seguridad de Macri– ha sabido que tiene que equilibrar las fuerzas frente a los piqueteros, los sindicatos, la Cámpora, el Movimiento Evita; sí, todas las fuerzas del peronismo y el justicialismo –son distintos y a la vez lo mismo– que se oponen al proyecto libertario.

El orden público

Con los choques entre fuerza pública y manifestantes, el miércoles, se puso a prueba este protocolo de seguridad. Un sector, asociado con los marchantes y el kirchnerismo, ha denunciado que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. En respuesta, Bullrich ha dicho que se actuó “con profesionalidad, con prudencia, pero sin dudar de cuando hay que ir a atacar y no dejar que se tomen el Congreso”. Para la ministra, quien suele decir que “el que la hace, la paga”, la justicia debe tratar las acciones violentas de los manifestantes como actos de sedición.

La situación de esta semana en Argentina es un capítulo más sobre la dificultad que se tiene en América Latina para definir el orden público y como se recupera. Esto, en especial, en un país donde la protesta social no sólo es un derecho, sino un negocio del que comen y viven miles de personas, no dispuestas a ceder frente a un gobierno que busca eliminar muchas –no todas– las ayudas sociales.

Atípico, Argentina es un país distinto en muchas cosas y una de ellas es que se ha inventado, desde 1996, el desocupado como sujeto político. El que mejor explica esto es el historiador argentino Juan Carlos Torres, quien lo define como: “algo que hasta ahora era incompatible con la teoría clásica del trabajo y de la acción sociales, que es la idea del desocupado como un sujeto político que se organiza por fuera del trabajo, en el barrio, y a partir de la desocupación y la pobreza”.

Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el instituto de los jesuitas, titulado “Vendiendo paz social”, dice que en el país ha habido un cruce, peligroso, entre la acción social y la política. Muchos de estos movimientos sociales, que estuvieron el miércoles frente al Congreso argentino, instrumentalizan a las bases sociales con prebendas.

Por años, desde que Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, los movimientos sociales en Argentina –o gran de parte de ellos– se han beneficiado del programa Potenciar Trabajo, que consiste en prestaciones o subsidios condicionados a cambio de que el beneficiario realice un trabajo. Muchos grupos, como el Movimiento Evita, las Madres de la Plaza de Mayo y Polo Obrero, administran este programa y como contraprestación obligan a que las comunidades pobres salgan a marchar a las calles para recibir la mesada mensual. El desocupado, presionado por su situación de vulnerabilidad y pobreza, convertido en un sujeto político pago.

Ahora bien, para el analista argentino Carlos Pagni, todo esto representa un problema que va más allá de cómo se organiza los subsidios y transferencias condicionadas y no condicionadas, como muchos lo ven. “Hay un núcleo político e ideológico en todo esto que es la promesa de Milei de ordenar la calle, de garantizar un orden, de permitir la circulación. Es un debate muy antiguo en la centroderecha”, escribe en “La Nación” de Argentina.

Se habla mucho de orden y protesta social, pero ambos términos, en una América Latina convulsa y dividida, merecen una definición más clara, precisa y sobre todo actual. El gobierno de Milei ha dado algunas puntadas sobre el asunto con el protocolo “antipiquetes”, que, como se ha dicho, da facultades especiales a las fuerzas de seguridad para recuperar el orden público.

La ministra Bullrich sostiene, además, que el gobierno está en la capacidad de identificar facialmente a los manifestantes responsables de daños al patrimonio público y al que bloquee la calle puede quitarle la plata de un plan social. Estas dos formas, aunque efectivas para el control de la protesta, exigen un control legal y constitucional. ¿El reconocimiento facial viola la Ley de Inteligencia?, se pregunta el kirchnerismo. Pero el gobierno va más allá. ¿El que corta la calle y recibe una contravención de orden penal o administrativa es sujeto a su vez del retiro de las ayudas sociales?

Nada esto se ha aplicado todavía en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. Como en muchos frentes, el gobierno de Milei busca darle un giro al sentido del orden público con unas nuevas normas y, ante todo, una narrativa en la que predomina las ideas de “el que la hace, la paga” y la “Argentina productiva –sin bloqueos– vs. la patria subsidiada”.

*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.