En solo dos semanas el salario mínimo pasó de 30 a 15 dólares ante una hiperinflación imparable. El régimen persigue a los empresarios

__________

UNA semana fue suficiente para que el ‘Plan de Reestructuración Económica’ de Nicolás Maduro chocara con la apoteósica hiperinflación.

Ángel Alvarado, diputado opositor, dio a conocer que el salario mínimo (1.800 bolívares soberanos) pasó de 30 dólares a 15, en solos dos semanas. Mientras que el aparato estatal por diferentes vías intenta acorralar a las empresas privadas que no se sometan al plan de ajustes del Gobierno.

El chavismo insiste en que la economía hasta ahora se está ajustando a los reajustes, que no solo buscan un monopolio económico sino que a su vez condicionan la actividad política a través del Carnet de la Patria.

Los reportes de la última semana demuestran que no hay paciencia que valga con una hiperinflación que al parpadear sube los precios. En diálogo con Globovisión, Alvarado explicó que la “cesta Petare” -canasta familiar que se hace midiendo los precios en el popular barrio de Petare, en Caracas- incrementó 33% en dos semanas, dejando sin vigencia el aumento del salario que Maduro anunció como medida extraordinaria.

Mientras sube la hiperinflación, la moneda ha perdido valor a pasos agigantados. Diferentes instituciones han calculado que de un día para otro el bolívar se devalúa 1.300%, una cifra que se contrata con los precios de los alimentos y los medicamentos, que el Gobierno intenta monopolizar.

El nuevo esquema de Maduro no solo hace agua en la economía del país, los bancos, como han denunciado diferentes sectores de la oposición, ahora tienen que reportarle al gobierno si sus clientes viajan al exterior, cuáles lugares visitaron y por cuánto tiempo. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ha dicho que los bancos deben dar: “Nombre del titular; lugar de destino y período; tipo e identificación del instrumento; tipo, lugar de procedencia y monto de la operación”.

La oposición denuncia que las más afectadas con esta medida son las remesas, las cuales se han convertido en una de las principales herramientas de sostenimiento de las familias venezolanas. Para controlar el ingreso de moneda extranjera el Gobierno anunció que “el envío de remesas desde el exterior debe efectuarse por casas de cambio autorizadas y no por transferencias entre personas naturales o jurídicas que desde el exterior envían dinero por medio de la banca electrónica sin pagar la tasa correspondiente”.

Poca libertad

La poca libertad con la que contaba el venezolano empieza a limitarse con las reiteradas medidas de Maduro. A la falta de confidencialidad de sus movimientos bancarios se le suman los controles que las instituciones chavistas intentan imponer sobre las empresas que siguen vigentes en el país.

Para evitar “la especulación y el remarcaje de precios”, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha iniciado un proceso de fiscalización. Este busca, dicen funcionarios de la entidad, que no se especule con los precios.

Medios asociados al chavismo como La Iguana han acusado a empresas como Farmatodo de “desaparecer” los productos. La farmacia ha respondido los señalamientos diciendo que siempre ha estado al servicio de los venezolanos y ha pedido una reunión urgente con las autoridades.

Semanas atrás Maduro anunció el nombramiento de William Contreras como ministro de Comercio Interior para combatir la supuesta mafia detrás de los precios de los medicamentos y alimentos. Tras su llegada, se han registrado más de 200 detenciones de medianos y pequeños empresarios y más de 500 negocios han sido sancionados, según el portal El Estímulo.

Contreras le ha “declarado la guerra” a farmacias como Farmatodo, Locatel –las más grandes del país- y a Excelsior Gama, una cadena de supermercados. “Farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo. Revise esas redes que estén robando al pueblo. Me informa y vamos con todo, mano de hierro”, ha dicho Maduro.

Las autoridades chavistas buscan que estas empresas se rijan por el control de precios que estipula el Ministerio, medida que afecta la libre competencia y obliga, como dicen los empresarios, a declararse en una quiebra anticipada.

Aparte de las detenciones, el chavismo inició un proceso sancionatorio administrativo contra otras empresas que se han negado a cumplir con estas medidas. Se trata de un esquema que busca ahogar al empresario, algo parecido a lo que se hizo con los medios de comunicación, quienes han sido objeto de millonarias sanciones económicas que han obligado al cierre temporal de muchos.

Exclusión

La radicalización del modelo económico del chavismo igualmente busca dejar por fuera a las opositores y apolíticos de participar en cualquier escenario. Es un plan excluyente que deja un mensaje claro: si no eres chavista, no tienes acceso a nada.

Así lo han dejado claro diversos sectores de la oposición, como la MUD y organizaciones de la sociedad civil, quienes denuncian en especial al Carnet de la Patria, como una forma de mediar la lealtad de los venezolanos a cambio de una serie de beneficios subsidiados.

Numerosas filas llenan las calles de las ciudades venezolanas con gente desesperada por adquirir el carnet. Para muchos es la única forma de conseguir alimentos ante el poco valor que tienen sus salarios y el desabastecimiento que persiste pese a las medidas tomadas por el Gobierno.

Este carnet, además, es usado como una herramienta electoral. O, más bien, de constreñimiento electoral, pues es la forma como el chavismo mide la lealtad de los ciudadanos en las urnas.

Tal Cual, periódico dirigido por el socialista y contradictor de Maduro, Teodoro Petkoff, lo calificó como “una suerte de apartheid político-social” que excluye a la gran mayoría de los venezolanos, quienes no poseen el inefable Carnet de la Patria.

El reajuste económico de Maduro parece un sueño en medio de lo único que se consolida: su régimen autoritario.