Expertos internacionales independientes convocados por la secretaría de la OEA concluyeron el martes que hay "fundamento suficiente" de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI), suscitando el enérgico rechazo de la delegación venezolana.

"Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014", concluyó el informe de los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá), convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Al presentar el reporte en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el panel recomendó a Almagro enviar el informe a la Fiscalía de la CPI, así como invitar a los Estados parte en el Estatuto de Roma solicitar a la fiscal "la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad" recogidos.

El informe de 400 páginas y 400 más de anexos, identifica 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014, "perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos".

"Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar", asegura.

Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde 2015. "Esta cifra alarmante demuestra aún más el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato", dice.

También da cuenta de 12.000 venezolanos "arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013", en las que Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez.

Más de 1.300 personas han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, según el panel, que dijo haber comprobado "la existencia de un evidente nexo de persecución por motivos políticos".

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Maduro y otros 10 "autores intelectuales"

Además de Maduro, el informe señala a diez funcionarios venezolanos como "autores intelectuales de la represión". Aparecen el vicepresidente, Tareck El Aissami; el canciller, Jorge Arreaza; el vicepresidente para el Desarrollo Social, Elías Jaua; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. 

También están el ministro del Interior, Néstor Reverol; el jefe de los servicios de inteligencia (Sebin), Gustavo González; el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides, y el director de la Policía Nacional, Carlos Alfredo Pérez.

"Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar", apunta el informe. 

Maduro "puede ir preso", dijo a la AFP Cantón al ser consultado sobre las consecuencias de este informe. 

"Ahora el secretario general tiene que enviar el informe a la CPI y esperemos que algunos gobiernos también lo presenten", añadió.

"Grotesca farsa mediática"

"No es más que una grotesca farsa mediática", señaló en un comunicado la misión venezolana ante OEA, negando que Almagro, abierto opositor a la "dictadura" de Maduro, tenga atribuciones para convocar juristas.

La delegación diplomática, que ya denunció en noviembre pasado el "uso y abuso" de la plataforma de la OEA para "desestabilizar y derrocar" al gobierno de Maduro, insistió en que el panel fue creado a "iniciativa personal" de Almagro e integra "una campaña de propaganda contra el Estado venezolano" para desestabilizar las instituciones democráticas y generar "caos" y "violencia" en el país.  

El texto volvió a cuestionar la "integridad moral" del exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, a quien Almagro le había encomendado diseñar y conducir las audiencias del panel, pero a quien le agradeció sus servicios antes de que concluyeran.

Moreno Ocampo, bajo investigación de la CPI tras denuncias periodísticas de transacciones financieras inadecuadas, sugirió entonces que el gobierno de Maduro estaba detrás de las denuncias en su contra, que alegan que posee una empresa en un paraíso fiscal.

"La práctica negativa que se ha instaurado en la OEA de publicar informes, emitir declaraciones y convocar a eventos a nombre de la Organización, sin que en realidad respondan a un consenso o mandato de los Estados Miembros, sólo profundizará la crisis institucional de la OEA", concluyó el texto de la misión venezolana.

El panel convocado por Almagro realizó en septiembre, octubre y noviembre pasado cinco audiencias públicas en la sede de la OEA, en las que recibió 26 declaraciones de testigos. 

Además, decenas de víctimas, sus familiares y otras partes dieron sus testimonios a lo largo del proceso, que también se nutrió de documentos de más de 40 organizaciones venezolanas e internacionales, informó la oficina de Almagro.