La participación militar en Río de Janeiro busca disminuir la ola de violencia que en el 2017 dejó un balance de 7.800 homicidios.
_____________________________

En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que culminaron este viernes en Bogotá (Colombia), la organización anfitriona, junto a un panel internacional conformado por delegados de organizaciones defensoras de derechos humanos, reflexionaron sobre las intervenciones militares en ciudades latinoamericanas como medio para recuperar el orden social.

En cuanto al proyecto que faculta al Ejército mexicano para realizar labores de seguridad pública en las ciudades del país y atacar a la delincuencia urbana organizada, el experto del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, Ernesto López Portillo, indicó que totalizar los síntomas negativos de la militarización en cualquier urbe es algo apresurado.

López insistió en que no es cierto el paradigma que sugiere un rol nocivo de las FFMM en las ciudades de México y explicó que los militares pueden contribuir a la contención de la violencia, como también provocar muchos daños a la población civil; pero la intervención no es por sí misma de origen destructivo.

El experto en seguridad le dijo a la Agencia Anadolu que “no todos los mexicanos piensan que la intervención militar está mal” y acotó que las Fuerzas Armadas están en la parte superior de la confianza ciudadana en la nación.

Cabe decir que numerosas organizaciones civiles del país norteamericano consideran que la Ley de Seguridad Interior en México, aprobada por el Estado, le cederá un alto grado de impunidad a las Fuerzas Armadas para que no rindan cuentas por su accionar bélico.

Militarización en Río de Janeiro

En el mismo foro se habló de la intervención federal de seguridad a Río de Janeiro, la cual le reconoce a las Fuerzas Armadas mantener el control en la ciudad para frenar la escalada de violencia en los últimos años.

Con esta iniciativa, decretada por el presidente de Brasil, Michel Temer, se pretende mermar la ola de violencia en Río de Janeiro que dejó en el 2017 cerca de 7.800 homicidios, entre ellos, 10 niños y 100 agentes de la Policía.

El decreto rubricado por Temer, y avalado por la Cámara y el Senado, es el primero en su tipo que se pone en marcha tras la promulgación de la Constitución de 1988.

En ese sentido, Camila Asano, vocera de la organización defensora de derechos humanos Conectas de Brasil le explicó a la Agencia Anadolu que “el decreto aprobado por Temer no es constitucional y los crímenes realizados por el Ejército en Río van a ser juzgados por la justicia militar y no por la justicia civil. Una estrategia inocua”.

Asano también criticó las palabras del comandante del Ejército, Eduardo Vilas, quien le pidió al presidente Temer “garantías” para que los militares puedan realizar acciones de seguridad hasta el 31 de diciembre de este año.

Vilas expresó en su momento que “necesitamos tener garantías para no enfrentar, en 30 años, una nueva Comisión de la Verdad”. Esta última se realizó en Brasil entre el 2012 y el 2014 e investigó la violación de los derechos humanos en la dictadura militar.

Según Asano, la actual política de represión contra el tráfico de drogas es el principal justificante para adoptar un lenguaje de guerra militar urbano y exhortó a la CIDH para que haga una veeduría en Río de Janeiro con el objetivo de documentar las violaciones de derechos humanos por parte de los militares en las diferentes favelas.

Por su parte, Fabio Amado de Souza Barretto, coordinador de derechos humanos en la Defensoría Pública de Río de Janeiro, recalcó que en enero del 2018 la Policía asesinó a 154 personas en la ciudad carioca.

Además, señaló De Souza, entre el 2001 y 2011 las autoridades mataron a 10.000 ciudadanos solo en el estado de Río de Janeiro.

De Souza apuntó que “hay un racismo estructural e institucional que acentúa la desigualdad en las favelas de nuestro país, donde, por ejemplo, las operaciones militares están autorizadas a intervenir las casas de los ciudadanos sin ninguna orden judicial”.

“Con la llegada de las Fuerzas Armadas de forma definitiva ciertamente los afectados van a ser los pobres de las favelas. En los últimos 25 años de intervenciones militares, solo una vez hubo una reducción de los indicadores criminales”, concluyó el defensor público.