EN TAN solo un mes se pasó de la posibilidad de realizarle un juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a una realidad, por ahora con ‘riesgo moderado’ de que sea apartado del poder, tanto por la dificultad de evidenciar el delito que se le endilga como por la votación requerida.

En un caldeado ambiente social, por un descontento generalizado por el elevado costo de vida, la disparada inseguridad producto del cada vez más enraizado narcotráfico y la falta de esperanza en una mejora inmediata de la situación económica, el juicio político al exbanquero y líder del derechista movimiento Creo, se defenderá ante el pleno del Congreso y no echará mano al recurso constitucional de la disolución anticipada de poderes representativo y convocatoria a elecciones, como infundadamente se rumoró esta semana.

Muy impopular -solo tiene el 12.9% de apoyo ciudadano-, una gestión con alta desaprobación -85% la considera mala o regular- y con varios reveses en lo corrido del año -fracaso del referendo que tenía como punto central el restablecimiento de la extradición y la reducción de asambleístas, el frustrado diálogo con los indígenas y el freno legislativo a iniciativas claves, especialmente en temas como lucha contra las drogas ilícitas y situación carcelaria-, el presidente derechista enfrenta este proceso político con la cabeza en alto y su conciencia tranquila.

Así lo ha manifestado cuantas veces y en cuantos escenarios públicos le ha sido posible: “Soy inocente y así lo expondré ante la Asamblea Nacional”, ha sostenido reiteradamente el gobernante de 67 años, al tiempo que ha mostrado su indignación por el “juicio político sin pies ni cabeza” al que me someten por presuntamente haber cometido peculado.

"La democracia se fortalece con más democracia, por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta", dijo Lasso en cadena nacional esta semana tas conocer que ese tribunal diera su aval al Congreso para el proceso político en su contra, pero solo por el cargo anteriormente mencionado, desechando el de ‘concusión’ que también le habían endilgado la comisión anticorrupción del legislativo.

La Corte Constitucional consideró que en la solicitud que le fue remitida “se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", por lo que dio luz verde al Legislativo.

"A mí me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar", señaló Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021.

El aval del juicio, al que deberá ser citado en un plazo máximo de 45 días, se dio con seis votos a favor y tres en contra de los magistrados de la Corte Constitucional.

Esta es la segunda ocasión que el Legislativo -donde la oposición es mayoría, pero está dispersa- pretende remover del cargo al presidente ecuatoriano, ya que el pasado junio, tras las protestas indígenas por el alto costo de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución que fracasó al no lograr los 92 votos requeridos (dos terceras partes del Congreso)

El presidente Lasso considera que este juicio en el fondo pretende "evaluar" su gestión.

Argumentó que el caso por el que será procesado ocurrió entre 2018 y 2020, cuando él no era presidente. Sin embargo, le acusan de haber conocido de un contrato que era perjudicial para Ecuador y no haber intervenido a tiempo cuando empezó su mandato.

"Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente", apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno en un comunicado emitido el jueves y un día después de considerar que el juicio “carece totalmente de elementos políticos y jurídicos…No es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años de mandato".

El proceso contra el presidente tiene su origen en la divulgación de un reporte del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, un cuñado de Lasso, quien no ha ocupado cargos en el gobierno.

En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Eco), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera, que estaba siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico y en la mañana del viernes fue asesinado junto a otros dos hombres y una mujer en un balneario de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena.

Tras ello, el pasado 16 de marzo, un grupo de 59 diputados (son 137) presentaron al pleno de la Asamblea el pedido de juicio político contra Lasso. Ese mismo día, 104 asambleístas allanaron el camino del mismo al aprobar el "Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado", realizado por una comisión anticorrupción.

Tras ello y cumpliendo el trámite fue enviado al consejo administrativo del legislativo, donde también fue respaldado y, de allí, pasó a la Corte Constitucional la que acaba de dar su última palabra avalando el enjuiciamiento.

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La asambleísta Viviana Veloz, del opositor partido Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), asilado desde hace meses en Bélgica, argumenta que “el presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. El presidente siempre supo, siempre tuvo conocimiento (...) y permitió que se hiciera feria (dinero) de estas empresas".

Veloz sostuvo que "el presidente tiene responsabilidad política por el delito de peculado", y que el juicio "es una salida constitucional y democrática para esta grave crisis" que atraviesa el país.

Otros asambleístas opositores admiten que si bien no hay evidencias de que el mandatario haya cometido actos de corrupción, existen indicios de que Lasso fue advertido de la supuesta trama de irregularidades y no actuó para frenarla.

Tras la aprobación de ese informe, Lasso solicitó a la Fiscalía que "desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda rigurosidad y profundidad" para develar los supuestos actos de corrupción y su posible responsabilidad en los mismos.

Los implicados

Bautizado como el caso Encuentro, tras la divulgación del medio La Posta, además del juicio político a Lasso, la mira judicial está sobre los anteriormente mencionados: Danilo Carrera, el cuñado del mandatario y los empresarios Hernán Luque y Rubén Cherres.

Vale recordar que el 9 de enero, la Fiscalía General bajo el mando de Diana Salazar abrió una investigación previa con base en los audios revelados donde se hace referencia a cobros por nombramientos y asignación de contratos en empresas del Estado.

A medida que se fueron profundizando las investigaciones, con diligencias que fueron desde testimonios hasta allanamientos y seguimientos a estados financieros de los antes mencionados, se comenzó a visualizar varias irregularidades presentadas en varias entidades oficiales, entre ellas contratos adjudicados en el sector eléctrico, como en su momento lo informó a la Fiscal el propio presidente Lasso.

Lo que se sabe a hoy es que Luque y Cherres son los directos responsables de comprobadas anomalías, el primero aprovechando su cargo de delegado presidencial en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), nombrado mediante decreto por Lasso y que ejerció entre julio de 2021 y noviembre de 2022, y el segundo, como accionista de no menos de nueve empresas, todas constituidas con un exiguo capital a mediados del 2021.

En la noche de este viernes, la Policía de Ecuador confirmó que Cherres, de 63 años, dos hombres y una mujer que lo acompañaban fueron asesinados por individuos armados que entraron al baloenario donde se encontraban en Punta Blanca.

 vinculado con las presuntas tramas de corrupción a las que se enfrenta el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un ataque violento en Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena.

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la identidad del empresario y aseguró que la Policía "ha desplegado todo su accionar técnico y operativo para determinar responsables y causas de este hecho".

Al cuñado de Lasso se le ha relacionado con este último empresario y por ello se le relaciona con el familiar del presidente al que se le habrían entregado USD 30.000 que se menciona en uno de los audios difundidos por “La Posta”.

Así las cosas, el fantasma de la ingobernabilidad sobrevuela de nuevo Ecuador y, en caso de que en el juicio 92 congresistas apoyen la destitución de Guillermo Lasso le sucederá el vicepresidente Alfredo Borrero.