EN MOMENTOS en que según voceros de su partido, Junts per Catalunya, ultiman “cuestiones técnicas” con el partido socialista español (Psoe) para lograr la investidura como jefe de gobierno de Pedro Sánchez, no sólo crece la oposición a la amnistía que contempla dicho apoyo electoral, sino que la justicia abrió un nuevo proceso contra el líder de estos independentistas, Carles Puigdemont.

Horas después de que el partido del dirigente catalán manifestara que las negociaciones del acuerdo estaban a punto de concluir, con intercambio de documentos para que “la ley de amnistía no tenga fisuras pasibles de ser cuestionadas en la justicia”, la justicia española citó  dicho líder independentista como investigado por los disturbios que se vivieron en Cataluña en 2019, dos años después de la tentativa fallida de secesión por la que también lo reclama.

La Audiencia Nacional acordó "dirigir la investigación por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democràtic contra el eurodiputado y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont" y otras diez personas, informó la máxima instancia penal española en un comunicado.

Los hechos que se le imputan a Puigdemont "podrían calificarse de forma indiciaria, indica el juez, como de terrorismo", explica la Audiencia Nacional en su comunicado.

Tsunami Democràtic era la plataforma que coordinó las protestas que siguieron en 2019 a la condena a penas de cárcel para dirigentes independentistas por el intento fallido de independencia en 2017.

Según la Audiencia Nacional, la finalidad de esta plataforma era "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Puigdemont vive en Bélgica desde 2017, cuando fracasó la secesión, por la que la justicia española quiere juzgarlo. Es eurodiputado, por lo que es aforado y el juez debería pedir permiso al Europarlamento para interrogarlo por esta nueva causa.

El viernes, la Audiencia Nacional ya anunció que juzgará por terrorismo a doce miembros de un grupo llamado Comités de Defensa de la República (CDR), que protagonizaron acciones a favor de la independencia.

Puigdemont atribuyó estos movimientos de la justicia española a sus negociaciones con los socialistas a cambio de una amnistía y los tildó de "golpe de Estado permanente".

La prometida Ley de amnistía de Sánchez ha generado una férrea oposición de la derecha española (Partido Popular) y una parte de la magistratura. A ellos se sumaron obispos españoles, quienes advirtieron que "no es aceptable" la "secesión unilateral" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia.

"Es profundamente inmoral que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de recibir sus votos para seguir gobernando, eso es profundamente inmoral porque supone poner por encima de todo la búsqueda del poder como el valor máximo. El poder se convierte en un Dios, es adictivo. El ansia de poder llega a eliminar nuestros valores, nuestros ideales", dijo José Ignacio mantilla, obispo de Orihuela-Alicante.

Entre tanto el líder conservador, Alberto Núñez Feijó reiteró que “no nos van a callar” y llamó a todos los españoles a participar en las movilizaciones programadas para el domingo en las capitales de provincia para defender del "Estado de derecho" contra un "escándalo (...) de dimensiones sin precedentes en la historia democrática de España", agregó.