El Tribunal Supremo decidió “por unanimidad” frenar temporalmente el traslado de los restos del exdictador español

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A 58 KILOMÉTROS de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, yacen los restos de Francisco Franco, el dictador que gobernó por más de 40 años España y que mandó a construir un gran monumento para inmortalizar su memoria y la de los principales vencedores en la Guerra Civil española (1936-39).

El “Generalísimo”, uno de los instigadores del levantamiento militar contra la República española en 1936 que desencadenó en tres años de una sangrienta guerra civil, gobernó con mano de hierro al país entre 1939 y su fallecimiento en 1975.

Su tumba, siempre cubierta de flores frescas y venerada por los nostálgicos del franquismo, se halla ante el altar de la basílica horadada en el flanco de una montaña y coronada por una cruz de 150 metros de alto.

En el complejo fueron enterrados 27.000 combatientes del bando insurrecto así como alrededor de 10.000 soldados republicanos, trasladados sin el permiso de sus familias desde fosas comunes.

Decisión del Tribunal

Entre un profundo debate sobre la memoria histórica y una batalla judicial, los restos de Franco, que estaban previstos para ser trasladados del Valle de los Caídos en las próximas semanas, han recibido una noticia que les permite, por ahora, permanecer en aquel lugar.

El Tribunal Supremo de España, con sede en Madrid, suspendió el traslado de los restos a un panteón del cementerio de El Pardo, donde está enterrada su esposa. La decisión, dice el fallo publicado por El Independiente, se tomó “luego de un recurso interpuesto por los siete nietos de Franco para que se suspendiera parcialmente el traslado mientras no haya una decisión de fondo”. “Ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde, que debía llevarse a cabo el 10 de junio”, dijo la alta Corte.

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De acuerdo a la alta Corte, no haber tenido en cuenta la petición de la familia del fallecido dictador habría sido “extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso”.

La sala plena, conformada por cinco magistrados, ha dicho que el traslado de los restos podría ser nocivo, ya que aún no se ha estudiado el fondo del asunto. No parece ser solo una cuestión procedimental. En medio del proceso de investidura de Sánchez para formar gobierno, también parece haber algo de política.

La familia de Franco ha defendido que ya ha sido objeto de numerosas decisiones judiciales que no permiten conmemorar en paz la imagen de su ser querido. “Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos”, dice el recurso presentado el mes pasado.

La Fundación Francisco Franco, que defiende la memoria del ‘Caudillo’, celebró en un comunicado el “nuevo varapalo judicial al gobierno ante sus ilegales pretensiones de profanar el cadáver de Francisco Franco”.

En 14 ocasiones, cuenta El País de España, los familiares del dictador han presentado recursos judiciales para impedir el traslado de sus restos.

Gobierno de Sánchez

Desde que asumió el poder como jefe de Gobierno, Pedro Sánchez ha insistido en que uno de los factores centrales de su plan de Memoria Histórica es destinar el Valle de los Caídos a otro tipo de conmemoraciones.

Para el Jefe de Gobierno constituye un “lugar de exaltación” inaceptable que, a poco de llegar al poder en junio de 2018, convirtió su exhumación en uno de sus principales caballos de batalla.

Aunque querían llevarla a cabo durante el verano boreal de 2018, el Ejecutivo se encontró con una guerrilla judicial de los herederos del dictador y la resistencia de los monjes benedictinos que mantienen el mausoleo.

Sánchez necesitó obtener la luz verde del Vaticano y rechazar la proposición de la familia de reinhumar al dictador junto a su hija en una cripta en la catedral de la Almudena, frente al peligro que significaría erigir un lugar de peregrinaje franquista en el corazón de Madrid.

En su lugar, el gobierno escogió el cementerio de El Pardo, un espacio más discreto en el norte de la capital española, donde ya descansan los restos de la mujer de Franco.

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Más de 40 años después del fin de la dictadura las heridas siguen sin cerrarse y la cuestión de la memoria histórica de ese periodo es divisiva.

El anterior gobierno del PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), aprobó en 2007 una ley de memoria histórica para retirar los vestigios de la dictadura, identificar a las decenas de miles de enterrados en fosas comunes y rehabilitar la memoria de los vencidos, condenados bajo el franquismo.

La derecha recela de estas políticas y acusa a los socialistas de reabrir heridas del pasado que, según ellos, estaban cerradas.

De hecho, el conservador Mariano Rajoy, en el poder hasta la moción de censura lograda en 2018 por Sánchez, se jactaba de no haber gastado ni un euro para aplicar esta ley.