AL PRESENTARSE una demanda a los artículos de la ley de Jurisdicción Agraria relacionados con la extinción de dominio con fines agrarios, el Alto Tribunal negó el recurso interpuesto por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y que están contenidos en el Sistema Nacional de Reforma Agraria.
Señala la sentencia sobre “la ley 60 de 1994”, que faculta la expropiación estatal de terrenos que no tienen uso para producción agrícola durante tres años o más. Así como, cuando la explotación de estas tierras genera un grave riesgo para el medio ambiente. En la demanda, la congresista explica que la figura de extinción solo procede por adquisición ilegal de predio según el artículo 34 de la Constitución. La corte explicó que la demanda no hace referencia a tierras sin uso a diferencia de los terrenos de origen ilícito, argumento por el cual niega la solicitud.
Frente a esta determinación, la senadora Paloma Valencia, explicó preliminarmente que “frente a los argumentos de la Corte Constitucional, no haré uso del recurso de súplica ante la sala plena de la Corte Constitucional y en su lugar se planteará esta modificación para que no se aplique extinción de dominio a terrenos que no estén en uso de producción agrícola, cuando el proyecto se discuta en la plenaria del Congreso”.
La parlamentaria, agregó que “para hacer una reforma agraria no se requiere la figura de expropiación que de hecho es inconstitucional, porque si el Estado quiere comprar bienes debe buscar quién le venda, pero si no le quieren vender, el Estado no puede decidir que hay unos colombianos que tienen derecho a la propiedad y otros que no lo tienen”.
Congreso advierte en torno a ley agraria
Esta determinación judicial podría implicar cambios en el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria para las sesiones plenarias. Al respecto, el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque explicó a EL NUEVO SIGLO que “en la medida en que el proyecto todavía está en trámite y le falta su aprobación por las plenarias de Cámara y Senado, todo es discutible y no hay nada aprobado o definido y todos esos temas pueden ser objeto de discusión por el pleno de cada corporación”.
De igual manera, el presidente de la Comisión Primera, Ariel Ávila de la Alianza Verde dijo que “ahí no hay ningún tipo de expropiación ni nada de eso. Pero, entendemos que hay una discusión sobre ciertos aspectos, creemos que se ha generado un debate importante y que llegaremos a conciliar todo el articulado. Sin dudas, la ley de Jurisdicción Agraria va ser una realidad para el país en el marco del proceso de paz. Entonces no veo mayor dificultad, hay un debate, eso es cierto, pero vamos a conciliar los artículos que más debate generan sobre esta ley”.
A su turno, el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana explicó que “esperamos que esto no tenga ninguna implicación en el proyecto de jurisdicción agraria que tuvo su primer debate en la legislatura pasada, en el que se aprobó que la expropiación fuera un proceso judicial y no administrativo ante la Agencia Nacional de Tierras, como estaba inicialmente. A esto se llegó a partir de una conciliación y acuerdo entre todos los partidos. El peor escenario sería que se modifique lo aprobado, en cuyo caso, este tema se sumaría a otros que también nos opondremos en el debate de este proyecto, porque no se puede correr el riesgo de que un tema tan delicado que entra en la esfera del derecho a la propiedad se maneje de manera administrativa, esto terminaría en la politización de éstos procesos y a que sean manejados de acuerdo a la ideología del gobierno de turno”.
Posteriormente, el representante Pedro Suárez del Pacto Histórico aseveró que “durante el curso de todos los debates como en este caso la reforma agraria, en cualquiera de ellos se pueden introducir modificaciones siempre y cuando el objeto de lo que se está discutiendo haya sido planteado desde el primer debate. Cómo en este caso estamos hablando de un tema que venía en la Jurisdicción Agraria y que se ha discutido durante varios debates en cualquiera de estos puede ser corregido en la forma qué se considere debe hacerse”.