A 28 días de un balotaje presidencial inédito entre dos candidatos socialdemócratas, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y el recurrente accionar contra el partido Semilla (liderado por el segundo candidato), que han puesto en jaque al sistema democrático, según analistas y diplomáticos.

Recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera vuelta presidencial, el 25 de junio, y una polémica inhabilitación al partido Semilla de Arévalo (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje del 20 de agosto. También una orden de arresto a una aliada de este candidato, así como el allanamiento a la sede de la colectividad.

Para la analista independiente guatemalteca Marielos Chang, su país vive una situación sin precedentes desde que se volvió a la democracia en 1985, después de tres décadas de dictaduras militares.

"Esto es algo que no habíamos visto en ningún otro proceso [electoral], veo un panorama complicado. No es una segunda vuelta normal ni cotidiana como hemos tenido en otros procesos [desde 1985], sino que va a ser una segunda vuelta muy turbulenta", declaró la politóloga.

El jefe de la misión electoral de la OEA, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, expresó el miércoles ante el Consejo Permanente del organismo que "el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados produjo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país".

"Lo que está ocurriendo en Guatemala nos afecta a todos, socava nuestros compromisos con la Carta Democrática y, lo que es más importante, silencia voces del pueblo guatemalteco, que merece elegir a sus propios gobernantes", declaró ante el Consejo Permanente el embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora.

El ganador de la segunda vuelta sustituirá al mandatario Alejandro Giammattei, que deberá entregar el poder el 14 de enero de 2024, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha.

Arévalo fue la sorpresa de la primera vuelta, pues figuraba en octavo lugar en los sondeos anteriores. Hasta ese día era un desconocido para miles de guatemaltecos, pero con su discurso anticorrupción parece ir ganando adeptos para el balotaje, lo que desespera a algunos de sus prominentes adversarios políticos.

El 12 de julio, el juez Fredy Orellana inhabilitó a Semilla a petición del fiscal Rafael Curruchiche, quien acusó a ese partido creado en 2017 de irregularidades en la inscripción de afiliados. La decisión del juez sacó a Arévalo del balotaje y fue muy controvertida, pues la propia ley guatemalteca expresa que "no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado".

El mismo juez giró esta semana una orden de captura contra Cinthya Rojas, una dirigente de Semilla, lo que llevó a Arévalo a denunciar una "persecución política" contra su partido. Y, este viernes, la Fiscalía allanó la sede de Semilla.

"Los niveles de conflictividad" podrían aumentar si se utilizan "más órdenes de captura en contra de otros integrantes" de Semilla, utilizar Chang.

"Brazo represor"

Unos días después de la primera vuelta, nueve partidos perdedores denunciaron un supuesto fraude en el conteo de votos. La justicia realizó un nuevo escrutinio, que confirmó los resultados, los que se oficializaron apenas hace dos semanas, retrasando el inicio de la campaña.

La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el "brazo represivo que busca asfixiar y estrangular" a los opositores.

Curruchiche fue sancionado por "actos corruptos y antidemocráticos" por Estados Unidos en 2022; Orellana engrosó esta semana la llamada lista 'Engel' de personas consideradas corruptas o antidemocráticas por Washington. Ambos tienen prohibido el ingreso a EEUU.

La judicialización de la campaña electoral generó protestas ciudadanas exigiendo la renuncia de Curruchiche y de la fiscal general, Consuelo Porras, también sancionada por Estados Unidos en 2021.

Porras, Curruchiche y Orellana se han puesto en el ojo del huracán y son responsabilizados por organismos de derechos humanos, académicos e indígenas de la crisis política que atraviesa el país.

Los tres han estado involucrados en la persecución de fiscales antimafias y periodistas críticos al gobierno de Giammattei, quien consiguió en 2022 a Porras en su cargo para otros cuatro años.

La orden de Orellana desató críticas de la Iglesia católica, de la cúpula empresarial, de Estados Unidos, la Unión Europea, de la ONU y varios países latinoamericanos.

Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), presentó esta semana una denuncia ante la misión electoral de la OEA por "la persecución política de la que estamos siendo objeto".

Además, solicitó al Consejo Permanente de la OEA que adopte medidas "para defender el proceso electoral y la democracia en Guatemala".

Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó a la máxima instancia de justicia del país, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenar garantías para la realización del balotaje presidencial, medida que debe ser observada por la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado.

El allanamiento a la sede de Semilla este viernes fue solicitado por el fiscal Rafael Curruchiche y ordenado por el juez Fredy Orellana. La medida se suma a una serie de maniobras legales que han detectado la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones.

El TSE argumentó que existe "la amenaza" de que esas maniobras "vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad".

Tras todos estos hechos, se han multiplicado los pronunciamientos de condena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su "preocupación por injerencias en el proceso electoral, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general", mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la intervención de la sede del partido y llamó a "detener de inmediato estos ataques con multas políticas y respetar el proceso electoral, así como al sistema democrático".

Así, las acciones del juez y la fiscal contra el candidato de Semilla y su partido son vistas, dentro y fuera del país, como un intento de sacar de la contienda al hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).

Manfredo Marroquín, de la ONG Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, dijo que "la población frustró" en la primera vuelta los "planes de continuidad" del actual sistema político que ahora "tiene terror a perder el poder...Están en modo pánico y a toda costa buscan hasta el último recurso en sus manos para evitar el triunfo de Arévalo".