La fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles quitar el fuero a los magistrados electorales por presuntas anomalías en la adquisición de un sistema informático en las elecciones de este año ganadas por el socialdemócrata Bernardo Arévalo.

La solicitud fue interpuesta en la Corte Suprema de Justicia "por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad" por los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes, dijo a periodistas el vocero del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Juan Luis Pantaleón.

El portavoz precisó que la acción legal se realiza en seguimiento a denuncia presentada el 29 de junio pasado en contra del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como del departamento informático de la entidad.

El MP, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, ha emprendido una cruzada contra el TSE y el partido político Semilla de Arévalo por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.

El 14 de setiembre, el presidente electo pidió retirar la inmunidad a Porras y al juez Fredy Orellana a quienes acusa orquestar un "golpe de Estado" y no dejarlo asumir el cargo el 14 de enero para sustituir al derechista Alejandro Giammattei.

La persecución legal contra Semilla comenzó después que Arévalo quedara segundo en las elecciones del 25 de junio y pasara al balotaje, el cual ganó el 20 de agosto a la exprimera dama Sandra Torres.

Pantaleón detalló que los magistrados pudieron incurrir en posibles irregularidades al suscribir un contrato administrativo por el programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El TREP fue adquirido por unos 19,3 millones de dólares a una empresa local y sirvió para el conteo de las actas electorales que ingresaban al sistema y agilizar los resultados preliminares de los comicios.

Según la fiscalía, entre las ilegalidades figura que en el documento se consignó que la empresa proveedora recomendó a la entidad que funcionó como supervisor: "usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos".

Esa acción "es ilegal porque existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda", insistió.

Para la fiscalía, los altos funcionarios también cometieron fraude al adquirir un servicio más alto en unos 4,5 millones de dólares al ofertado por otra empresa.