Colombia se ubica en el noroccidente de Suramérica y por vía terrestre limita con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá; en la plataforma marítima, con Nicaragua; estos territorios son los que viven entre el olvido y la esperanza.

El Plan Fronteras, impulsado por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo alcanzar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera para disminuir las brechas existentes entre estas regiones y el resto del país, mediante convenios entre entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas y organismos internacionales, de acuerdo con la Cancillería de Colombia.

Por ello, este periódico consultó a altos funcionarios y legisladores de los departamentos fronterizos sobre cuáles son los principales problemas que se enfrentan allí, y si dicha estrategia se está aplicando de manera efectiva en estos territorios.

Panamá: el flagelo de la migración

El diputado Gonzalo Copete, del departamento del Chocó, región que colinda con Panamá, manifestó a EL NUEVO SIGLO que la principal problemática de la frontera con dicho país es el tema de la seguridad “de los migrantes por el paso fronterizo de forma ilegal. Esto, desde luego, ha generado muchos problemas de violencia, los grupos ilegales se han aprovechado de esa situación, ello genera problemas de inseguridad”.

Respecto al Plan Fronteras dijo que este busca “frenar esa migración ilegal con acuerdos de cooperación internacional entre los dos países, de tal forma que se prohíba (la práctica) y se utilicen los mecanismos adecuados para que esta situación de permitir el paso por el tapón del Darién en forma ilegal no continúe”. 

No obstante, indicó que ese Plan Fronteras “no ha sido efectivo, porque continúa el paso en forma ilegal por la frontera, a través de los mal llamados ‘coyotes’, donde ponen en riesgo la vida de las mujeres, los niños, embarazadas, adultos mayores, que fallecen en ese paso por esta frontera que es tan complicado, sumado a la presencia de grupos ilegales; el Plan Fronteras no ha sido efectivo para superar este esta problemática”. Y resaltó que falta compromiso de la Cancillería.

La urgencia en este momento, aseguró el asambleísta, es que el Gobierno implemente mecanismos adecuados, efectivos, en el municipio de Acandí, en Turbo y demás municipios fronterizos, “donde, antes de que estas personas lleguen al tapón, se implementen mecanismos efectivos para que esta situación ilegal no se repita, donde se pueda hacer inversión social en estas regiones, que están muy abandonadas desde el punto de vista de la inversión social del Estado”.

Venezuela: campea la inseguridad

El representante a la Cámara por el Vichada, Javier Sánchez, señaló a EL NUEVO SIGLO que este es el departamento con la mayor extensión de frontera terrestre con Venezuela, 530 km, lo cual “imposibilita el control por parte de la Fuerzas Militares. Por ello se ha visto un aumento desmedido de población migrante irregular, que ha impactado en la invasión a zonas de protección ambiental por los asentamientos humanos ilegales y la inseguridad en los municipios”.
Respecto al Plan Fronteras, el congresista Sánchez explicó que el presidente de la República, Gustavo Petro, “como jefe de Estado y representante de las relaciones exteriores de Colombia, no ha asumido un manejo adecuado de la migración venezolana; la presencia es nula (del Estado) y no se ve ningún tipo de acción estatal”.

Así las cosas, el representante fue enfático en que los vichadenses requieren con “urgencia el aumento del pie de fuerza y de capacidades militares, en especial de la Armada Nacional, para la vigilancia y control fluvial de la vasta frontera, y el aumento del pie de fuerza de policía para la capital del Vichada y el municipio de Cumaribo. Así como la presencia institucional de la Oficina de Migración en Puerto Carreño”.

Por su parte, Jairo Cristo, representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, afirmó en diálogo con EL NUEVO SIGLO que, desde su perspectiva, la principal problemática de la frontera “es el blanqueamiento de los dólares, la corrupción venezolana en la frontera con Cúcuta, esto hace que la ciudad viva hoy una economía ficticia, por todo lo que causa el narcotráfico; el cartel de ‘Los Soles’ en Venezuela, en la salida de las divisas como el dólar, que inundan la economía cucuteña y por ende generan una economía ficticia, una economía irreal en la ciudad de Cúcuta”.

Sobre el Plan Fronteras, Cristo manifestó que se ha visto “como un esquema delictivo entre las dos parte, donde los dos confluyen, porque a Colombia le sirve que ingresen los dólares que produce Venezuela, con la venta de petróleo a países en el mundo en aguas internacionales; a Colombia le sirve la entrada de divisas ficticias, inundar el mercado del dólar negro, a través del narcotráfico, de todo lo que se produce, eso le sirve a Colombia para poder mitigar el problema económico que tenemos”. 

Pero destacó que eso es “realmente eclipsar el problema de la economía, que si bien es cierto estaba muy afianzado el tema del narcotráfico en Colombia, ahora el corredor es Venezuela y permite que esas divisas ingresen al mercado colombiano ayudando a regular un poquito el precio del dólar en Colombia”.

A su turno, el representante a la Cámara por el departamento de Guainía, Alexander Guarín, denunció que se produce una importante migración desde el Parque Nacional Yapacana de Venezuela, lugar que fue epicentro de la captura de varios ciudadanos colombianos que estaban realizando –presuntamente– explotación minera ilegal durante 25 años en el territorio del vecino país. 

“Tenemos que velar por un tratamiento humano para nuestros connacionales, que se les garantice el debido proceso y presunción de inocencia, así como el derecho a la vida en todo momento; todos ellos tienen familias, hijos y seres queridos que los esperan en sus hogares”, expresó el congresista. 

Por lo cual, destacó que “es necesario tener un corredor humanitario y la vigilancia de la Cruz Roja Internacional, para que nuestros ciudadanos puedan retornar a nuestro país con sus muebles, enseres y no sean sujetos de incineración. Se les debe garantizar el derecho a movilizarse sin miedo a una retención ilegal en el vecino país. Junto a esto, necesitamos un plan de contingencia para movilizar a un gran flujo de personas que ingresan al departamento de Guainía y deben remitirse para otros departamentos”.

Guarín también se refirió al Plan Fronteras e indicó que el Gobierno Nacional “tiene siempre buenas intenciones, pero la realidad es que la ejecución no se ve materializada en mejorar las condiciones de los departamentos de frontera. Soy ponente del proyecto de ley 211 de 2023, que busca ampliar el alcance de la Ley 2135 del 2021 con el fin de posibilitar las condiciones necesarias para que el Gobierno Nacional, en su conjunto, intervenga con la mayor celeridad las zonas de frontera. En una reunión en el DNP nos informaron sobre la necesidad de implementar una política pública de frontera y los insumos para esta normativa los está recaudando la Usaid. Sin embargo, a la fecha no hay un documento final para hacer comentarios”.

Brasil y Perú: precaria comercialización 

El representante de Guainía, Guarín, dijo a EL NUEVO SIGLO que en términos generales este punto de frontera del país tiene varias necesidades insatisfechas, debido a que no se tienen los funcionarios suficientes en la sede de Migración Colombia (actualmente son cuatro servidores) para controlar el ingreso de los migrantes. 

Asimismo, la comercialización de productos con Venezuela y Brasil “es precaria, y los pocos productos que se mueven no tienen control de Aduana”. 

En los municipios declarados como zonas de frontera –resaltó Guarín– el Minminas tiene la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, “pero no dura ni 10 días este combustible con un precio especial. Sin embargo, el problema más grande es el olvido, necesitamos priorización de recursos para poder adelantar proyectos de desarrollo e integración fronteriza; ya se está avanzando con el fomento del turismo y se puede seguir con el desarrollo de un plan estratégico para potenciar las condiciones de frontera del departamento”.

La representante a la Cámara por el Departamento del Amazonas, Yenica Acosta, dijo a EL NUEVO SIGLO que en los 1.200 km de triple frontera internacional en el Amazonas entre Brasil, Perú y Colombia, existe un sinnúmero de problemáticas, relacionadas con el narcotráfico, la cacería indiscriminada y la minería ilegal. 

Acosta destaca que la lucha contra estos flagelos se ve obstaculizada por la falta de “una verdadera cooperación entre los gobiernos. Falta de leyes homogéneas en los tres países, aunada a un tránsito libre en la zona, permite que la delincuencia migre de un país a otro para evadir a las autoridades”. 

Sobre el Plan Fronteras aseguró que es evidente que falta una mayor articulación y compromiso de parte del Gobierno Nacional. Por lo cual, la congresista insistió en una mayor intervención del Estado “para atender la grave crisis ambiental por la sequía de nuestro río-mar Amazonas, que en tres meses de la temporada seca ha registrado sus niveles más bajos, afectando a especies endémicas y a la población por falta de agua y dificultades para movilizarse. Además de la inseguridad en la frontera terrestre con Brasil y la precariedad en los servicios públicos”. 
Sumado a ello, la representante dijo que los colombianos residentes en la frontera sur de Colombia “están cansados de anuncios y discursos en torno a la marca Amazonas y defensa del ‘pulmón del mundo’; al Gobierno Nacional exigimos pasar del dicho al hecho. El Amazonas, el departamento más extenso del país, con una gran biodiversidad y capital humano, merece una atención diferencial”. 

“No estamos rodeados de mar, pero vivimos aislados de las prioridades del Estado. No se puede hablar de una urgencia principal, cuando lo que realmente imploramos es una transformación en todos los sectores”, enfatizó Acosta.

Finalmente, señaló que al estar tan alejados de las grandes ciudades, las dificultades en torno al acceso a los servicios de salud, por ejemplo, y la falta de oportunidades para los jóvenes, son evidentes. 

Entre tanto, el representante a la Cámara por el departamento de Vaupés, Hugo Lozano, afirmó que esta es una frontera selvática, es decir, “no tenemos comercio fronterizo, porque la frontera es prácticamente de selvas; compartimos la selva amazónica, tenemos el punto de frontera con el pueblo de Yavaraté y otro punto que es Bocas del Querarí”. 

Lozano sostuvo que saben que en la frontera, bajando por el río Vaupés hasta Brasil, “hay una ruta para llevar droga que ya fue identificada por el Ejército Nacional”. Es uno de los principales inconvenientes que existen en el departamento.

De igual manera, el congresista manifestó sobre el Plan Fronteras que le han reclamado al Gobierno Nacional “inversión no solamente en temas de estrategia militar, sino en lo social”. 
Así las cosas, Lozano indicó que al ser un departamento que no tiene vías, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluyeron la inversión para la única vía Mitú con Monfort, que es una vía que comunica a la capital del departamento del Vaupés con la zona fronteriza con Brasil.

“La otra inversión importante que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional es el tema de los aeródromos; son aeródromos sociales, no pertenecen a la Aerocivil, a excepción del aeropuerto de Mitú. Ahí tenemos el municipio de Taraira y el municipio de Carurú, donde necesitamos esa inversión en los aeródromos para mejorar todo el tema del transporte de carga y pasajeros, y esperamos que Satena llegue con las rutas sociales a esos dos municipios, pero necesitamos, obviamente, el arreglo de esas pistas”, concluyó.

Ecuador: economías ilegales

El representante a la Cámara por el departamento de Nariño, Juan Daniel Peñuela, indica en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la frontera con Ecuador es de aproximadamente 294 km y viene desde la costa Pacífica de Tumaco hasta los municipios del sur del departamento, como Ipiales y los municipios que la rodean. Allí el principal problema “es que es una zona que no se ha logrado posicionar económicamente, que incentive la inversión”. 

Por el contrario, destaca Peñuela, hay unas economías ilegales muy fuertes, como “el contrabando, el narcotráfico y sus rutas, el tráfico de armas y problemas muy graves de seguridad, además que hay un tránsito de migrantes que es incontrolable; es una frontera supremamente porosa, que tiene muchísimos pasos informales que son utilizados para todas estas economías ilícitas”.

Sobre el Plan Fronteras expresó que “no se ha sentido ese plan de frontera, no ha logrado generar un verdadero desarrollo fronterizo que incentive la inversión”, aprovechar que Ecuador tiene una economía dolarizada y que “mueva mucho más los sectores productivos de Nariño, atrayendo una mayor demanda”.

El congresista dijo que en la región están “los principales indicadores de necesidades básicas insatisfechas, el acceso a servicios públicos, el acceso a la educación y al desarrollo productivo, no hay buenas vías, ni atención en salud”.

RECUADRO

Límite marítimo con Nicaragua

La representante a la Cámara por San Andrés Islas, Elizabeth Jay-Pang, se refirió al proceso de implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia que negó las pretensiones de Nicaragua de ampliar su territorio marítimo y obtener derechos adicionales sobre la plataforma continental colombiana.
Dijo que tras ello aún queda pendiente la definición de acuerdos que aseguren los derechos de pesca del pueblo raizal y la protección de los recursos de la Reserva de Biosfera Seaflower. 
Precisó que actualmente se espera que el acuerdo para la protección de los ecosistemas transfronterizos afectados por los litigios entre los Estados en el área sea firmado en la COP16 en Cali, por Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá, garantizando la conservación de estos ecosistemas compartidos.
Es fundamental seguir adelante con la firma de acuerdos con los países vecinos en áreas de pesca, protección ambiental y comercio de alimentos, agregó la congresista.
Otros dirigentes de la isla advirtieron sobre el aumento de los problemas de narcotráfico y migración ilegal.