VIOLACIÓN a los derechos humanos, represión y represalias contra los manifestantes, desapariciones, impunidad y una creciente crisis económica en Nicaragua evidenció un informe de la ONU, que también alerta de reinante clima de miedo que se vive en este país centroamericano.

Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas publicado este miércoles indicó que el Gobierno de Nicaragua ha cometido varias violaciones a los derechos humanos e ignoró la violencia que desplegaron fuerzas armadas sobre la población.

La ONU documentó violaciones a los derechos humanos en Nicaragua cometidos entre el pasado 18 de abril y el 18 de agosto, y denunció el uso desproporcionado de la fuerza y asesinatos extrajudiciales por parte de la Policía.

La organización también aseguró que en el país centroamericano se han dado desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, torturas y abusos sexuales en centros de detención.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un "clima de miedo" tras meses de violenta represión de manifestaciones opositoras. 

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", señaló Zeid Ra'ad Al Hussein en un comunicado, en ocasión de la publicación de un informe. 

Agregó que “la violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza".

Se quejó de que “la represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo desvía la mirada”.

Las manifestaciones de la oposición en Nicaragua, el país más pobre de América Central dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, comenzaron en abril contra una reforma de la seguridad social -luego abandonada-, para endurecerse y extenderse por todo el país en respuesta a una violenta represión, que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.

Entre las violaciones de los derechos humanos documentados en el informe figuran "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos".

El informe también destaca la violencia de los opositores y subraya los ataques contra miembros del partido gobernante, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, subrayando la muerte de 22 policías.

"El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, reza el informe que reclama la investigación de esos abusos.

La Oficina del Alto Comisionado divide la crisis en distintas fases: la "represión" de manifestaciones por parte de la policía y elementos armados progubernamentales, seguida de una fase de "limpieza" (desde mediados de junio hasta mediados de julio), durante la cual la policía y los elementos armados progubernamentales desmantelaron las barreras en las carreteras y las barricadas.

Finalmente Zeid Ra’ad al-Hussein enfatizó que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos. "Debe haber un cambio de actitud del Gobierno porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada".