Uno de los rasgos más distintivos de las sociedades latinoamericanas, como parte de las características económicas y sociales prevalecientes, es la disfuncionalidad institucional; la mejorable eficiencia y eficacia que las instituciones mantienen.  Un atributo por demás fundamental, imprescindible para un país desarrollado, o que se precie de estar en esa dirección, es la operatividad de sus entidades.  No sólo es inoperancia sino en  muchos casos la abierta corrupción, lo que beneficia también, en mayor o menor grado, a grandes corporaciones y empresas de todos los tamaños.

Esa disfuncionalidad no deja de transformarse en el “caballo de Troya” que favorablemente tienen a la mano los grupos sociales hegemónicos: señalan la ineptitud y la corrupción, se benefician de ella de manera directa y con esa “base” de argumentos se resisten -este es el quid del asunto- al pago de impuestos.  Un ejemplo de esto último se reporta durante 2017 en México, para poner un caso.  Se estima que durante ese año, el gobierno dejó de percibir 28,000 millones de dólares por concepto de evasión fiscal.

Una de las características más notables en la Latinoamérica, en lo que ya es el cierre de la segunda década del Siglo XXI, es el caso psiquiátrico de Venezuela.  En verdad cuesta creer que el país que constituye la potencia petrolera por excelencia de América Latina, exhiba indicadores cercanos a Haití. Es un país cuya conducción política sostiene su ineptitud con abierta represión.  Algo que la región pensó haber superado luego de las cruentas realidades del período de 1960 a 1990.

La sustentación económica de Venezuela estuvo dada por una auténtica inundación de dólares -entre 18 y 23 millones de US$ por hora de ingreso bruto- lo que permitió que el régimen del teniente coronel Hugo Chávez se afianzara en el poder.  Todo ello era posible porque el crudo constituye un mercado cautivo en el mundo, con pocos substitutos y con gran demanda.  Usted no tiene que hacer publicidad para vender petróleo; le arrebatan la producción si es que la tiene.

Para 2017, la dependencia económica de las exportaciones de petróleo y sus derivados en Venezuela era de 95 por ciento.  En relación con esto, el artículo del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri (1906-2001) publicado el 14 de julio de 1936 -–“Sembrar el Petróleo”- insistía en la necesidad de la diversificación, en seguir una política austera por el gobierno y en generar mayores capacidades basadas en el fortalecimiento de la educación y de la preparación del recurso humano en el país.

Es evidente que todo ello fue desoído. La plataforma para sostener la política y los disparates de quienes están al mando de la gestión del país fue esta fuente de energéticos contaminantes.  Para 1970 la producción petrolera del país llegó a arañar los 4 millones de barriles diarios.  Cuando Chávez llegó al poder, en febrero de 1999, se producían con desahogo, más de 3.4 millones de barriles diarios. 

El drama en la actualidad es que la producción estaría ascendiendo a 1.8 millones al día.  Se tiene tan sólo un 30 por ciento de operaciones en las plantas y el régimen de Maduro, dadas las condiciones existentes, se vería en necesidad de cerrar varias de ellas.

Es de recalcar.  No sólo es que actualmente hay menores ingresos por el volumen de producción y de exportación.  Ahora también golpean los precios relativamente bajos del crudo.  A eso se agrega que casi un 74 por ciento del petróleo venezolano es pesado y extra-pesado, es decir distante con bastante margen, de los petróleos ligeros que muestran en los indicadores del Brent y del West-Texas su referencia de precios desde Europa y Estados Unidos, respectivamente.

Ineficiencia institucional

Por si existen dudas de la calamidad institucional en este particular caso de la patria de Bolívar, se dice -no hay cifras y todos mienten- que mucho del petróleo ya ha sido vendido por adelantado a países como China y Rusia; ello, aparte de lo dotación energética que se entrega a Cuba. PDVSA, la gran petrolera venezolana, la que llegó a manejar casi 150,000 millones de dólares al año en sus flujos de caja, está al borde del colapso.

Las ineficiencias institucionales, además están asociadas a patrones sociales de acumulación de poder y de recursos, y a la generación de poblaciones excluidas.  Esos son los sectores poblacionales que están en la marginalidad, que protestan, que viven el día a día en las ciudades venezolanas, tratando de subsistir a como dé lugar.  Y quizá el rasgo más llamativo: la desesperanza parece haber cundido, cuando se ha intentado de todo, cuando el régimen de Maduro controla los órganos de representatividad ciudadana.

Es evidente que el actual gobierno de Caracas depende de los militares. Por ello, este sector goza de todo el acceso a las arcas nacionales, dentro de ellos se reparten los pocos recursos que se generan.  De allí que sea imprescindible controlar cualquier brote de descontento entre los uniformados.  Al parecer han ocurrido, pero también la prensa se cuida de no darles mayor cobertura.

Incluyendo los resultados electorales de este año, Maduro lo que trata de hacer es buscar algún resquicio de legitimidad, en medio del rechazo, ya bastante notable de la comunidad internacional, del casi 1.6 millones de personas que han salido del país, lo que ha cambiado conformaciones demográficas en Perú, Ecuador, Brasil y muy en especialmente en Colombia.

La dinámica social enfrenta ahora un escenario totalmente novedoso.  Increíble: por primera vez en su historia, Venezuela ha tenido que recurrir a la compra masiva de gasolina importada a fin de satisfacer la demanda interna. Se estima que en general la industria del crudo, que constituye el alma del desenvolvimiento del país, ha retrocedido unos 70 años.  Se está convirtiendo en escenario cotidiano en muchas ciudades venezolanas el conjunto de largas filas de autos esperando su turno para abastecerse.

En América Latina los recursos naturales dominan aún las cuentas que llegan del extranjero, producto de las ventas en los mercados foráneos.  Se trata de procesos y resultados que no tienen mayor valor agregado.  En la región continua el descuido por la capacidad interna de las sociedades.  Las aperturas económicas y el alto precio de materias primas, durante el período 2003-2014 hicieron pensar que la bonanza dejaba siempre para después, el requerimiento de asegurar un futuro viable para las sociedades.

Venezuela es el caso extremo. Aunque el régimen de Maduro busque cualquier asidero de legitimidad, lo imparable, lo inexorable, como todo en la vida, es la lógica de factores y procesos.  La población está desesperada y esto puede hacer que grandes grupos sociales o bien importantes agentes políticos, no descarten un salto al vacío, con todo lo impredecible que esto pueda traer.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.  Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario.  El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.