El gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, finaliza el 1 de diciembre de 2018 y en materia de seguridad, economía, derechos humanos y medio ambiente, deja una enorme deuda al país, según expertos consultados por la Agencia Anadolu.

Además de los récords históricos en estadísticas de delitos de alto impacto, los analistas consultados consideran que hay una crisis en los derechos humanos, un esquema de despojo de los recursos naturales y un bajo crecimiento económico.

Todo lo anterior resulta contrario a las promesas realizadas durante las campañas de 2012 y establecidas en su programa de gobierno.

Hoy el actual mandatario, perteneciente al tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el presidente con el sondeo más bajo de aceptación desde los años ochenta, de acuerdo con la empresa Consulta Mitofsky.

La casa encuestadora registró a Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), que obtuvo un 73.1%; luego Ernesto Zedillo (1995-2000) con 54.9%; Vicente Fox (2001-2006) con 57.9%, Felipe Calderón (2007-2012) con 56.6%; y en su último sondeo previo a las elecciones, a Peña Nieto (2012-2018) con el 38.1%.

Los especialistas entrevistados en cada una de estas materias concluyen que se trata uno de los “peores” sexenios en la historia mexicana. Para la coordinadora del colectivo Seguridad Sin Guerra, Ixchel Cisneros, el encargo para el presidente electo es “voltear a ver las graves violaciones”.

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Crisis de DDHH

“Justo en esta administración se ha agravado la crisis de derechos humanos”, considera Cisneros, también directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

La defensora de derechos humanos abona que “hay más de 35 mil personas desaparecidas que, según los colectivos, podría ser tres veces mayor a la oficial. El año pasado tuvimos el récord de homicidios y como nunca tenemos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al estado mexicano por cometer violaciones”.

Para ella, el caso emblemático del gobierno de Peña Nieto son los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre del 2014, “no solo por todas las violaciones a los derechos humanos a estudiantes, sino por cómo el Estado mexicano intentó presentar una verdad engañando a la prensa nacional e internacional”.

El antecedente de esta violencia se desató en el 2007 en la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón. Según la experta, Peña Nieto la continuó sin mejorar las policías civiles y atacando al crimen organizado con el Ejército.

Cisneros es una de las coordinadoras del Colectivo Seguridad Sin Guerra, el cual se opuso a la Ley de Seguridad Interior, cuyo contenido legaliza las acciones del Ejército en las calles, así como su participación en procesos judiciales civiles.

Actualmente hay una batalla jurídica entre organizaciones de la sociedad civil y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta ley.

El año pasado, cuando Peña Nieto recibió el informe anual 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, explicó que “a pesar de que falta camino por delante, México avanza en la implementación de los derechos humanos”, al tiempo que el presidente de la Comisión, Luis Raúl González, criticó que “hasta hoy el balance en los derechos humanos no es favorable”.

 

Más violencia

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en 2017, colocaron a la inseguridad como el tema que más preocupa a los mexicanos.

Gran parte de esa etapa insegura viene desde la guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2007, estrategia que intentó cambiar durante su primer año el gobierno de Peña Nieto, según el doctor Martín Barrón del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Barrón enfatiza que “fracasó y tan fue así que siguieron la misma lógica del sexenio pasado, donde empezaron a hablar nuevamente de los objetivos prioritarios”.

Uno de ellos, el más buscado por la DEA, era Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, cuya detención, su posterior escape, y luego la reaprehensión y extradición a Estados Unidos, causaron que “iniciara una guerra intestina entre organizaciones criminales”.

Según el criminólogo, de 7 grandes cárteles de la droga, hubo una fragmentación y nacieron entre 130 y 150 subgrupos que trabajan de manera independiente.

En ese panorama, tuvo lugar “la aparición con mayor fuerza y beligerancia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó que el Ejército y las fuerzas armadas se vieran involucradas en cada vez más enfrentamientos”.

Un capítulo caótico contra las fuerzas armadas fue cuando, en 2013, el cártel derribó un helicóptero con un lanzacohetes en Jalisco, lo que llevó a la Federación a activar un “código rojo”.

“No hay propiamente una estrategia de contener la delincuencia organizada en sus distintas fases y modalidades. Parece ser que la autoridad en el proceso de investigación ha fracasado rotundamente”, añade el académico del Inacipe, quien en una de sus investigaciones demostró que nunca hubo un documento y una estrategia diseñada.

Para Barrón, el caso emblemático del gobierno de turno es el de Ayotzinapa, pues “ya vamos a cumplir 4 años del suceso y no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, más allá de la verdad histórica, eso ha llevado a un descrédito de las autoridades de procuración de justicia”.

En abril de este año, el presidente dijo en un evento público que “en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer, sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”.

 

Economía a la baja

Una de las primeras acciones del presidente Peña Nieto a su llegada fue convocar un “Pacto por México” con los partidos del PAN y el PRD, con el fin de impulsar reformas estructurales que beneficiaran la economía mexicana.

Pero a unos meses de que concluya su sexenio, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocio de la UNAM, Ignacio Martínez, destaca que el crecimiento quedó por debajo de los dos mandatarios que lo antecedieron.

El crecimiento económico sexenal muestra que con Vicente Fox fue de 3.4%, luego con Calderón de 2.8%, y finalmente con Peña Nieto de 1.8%.

Sumado a ello, Martínez comenta que “las 13 reformas que se probaron con Peña Nieto no arrojaron los signos positivos en materia de crecimiento que se pronosticaban en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, que se da a conocer en 2014”.

Agrega: “En ese documento lo que se precisaba es que para 2019 la economía estaría creciendo en un orden de 5.3%, y a lo que más hemos crecido de manera anual tomando en consideración los 6 años, es 2.1%”.

Para el especialista en economía, los casos que más laceraron a los mexicanos fueron los aumentos en los precios de la gasolina, la caída significa en las exportaciones hacia los Estados Unidos, el incremento de la inflación, la no conclusión del Tratado del Libre Comercio para América del Norte y el encarecimiento del dólar.

Sin embargo, para el presidente, hubo “en los últimos cinco años resultados económicos muy favorables como la creación de empleos, la atracción de inversiones y el aumento en el comercio internacional. Y todo ello se ha visto reflejado en crecimiento, que si bien sigue siendo menor al deseado, ha sido constante y supera lo registrado en los dos gobiernos anteriores”, apuntó en la XXII Conferencia Latinoamericana de Santander en enero de este año.

 

Despojo

Entre los grandes escándalos del Gobierno mexicano fue el relajamiento de marcos jurídicos para proteger áreas naturales, favorecer a empresas que despojan los recursos naturales y colocar a funcionarios sin experiencia en las instituciones ambientales.

Según el doctor en Ciencias, Víctor M. Toledo, “en términos ecológicos ha habido un profundo deterioro tanto de naturaleza como el ambiente, que se puede expresar de muchas formas: la poca seriedad que hubo con lo que sería el brazo ambiental, Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Se convirtió en un refugio de políticos del Partido Verde de México (PVEM)”.

Organizaciones como Greenpeace han denunciado al PVEM por impulsar leyes con objetivos “mercantiles” y “despojo”.

También añade que el presupuesto del 2017 se redujo 35%, al tiempo que su equipo de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM detectó 560 conflictos socioambientales ocasionados por minería, hidroeléctricas, petroleras, proyectos carreteros y complejos megaturísticos.

El científico explica que detrás de esos conflictos socioambientales, también se registraron 99 asesinatos de ambientalistas.

“Eso nos da una idea de cómo se ha agudizado la conflictividad ambiental. Por lo menos durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto son los sexenios del despojo, incluso peor todavía con Calderón, porque él se preció de ser un presidente a favor del ambiente, fue una cosmética”.

Toledo agrega a todos estos puntos el “relajamiento” en los marcos legales, los cuales tuvieron como objetivo “pasar por encima de la protección de áreas naturales”.

A pesar de todos los pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales en contra de sus políticas verdes, Peña Nieto señaló en marzo durante la Cumbre de los Océanos que “está comprometido con el cuidado del medio ambiente. México busca contribuir a la solución de este gran reto y, por ello, hemos dado especial atención al cuidado de nuestros ecosistemas”.