En una noche de octubre de 2022, en la que celebraba haber derrotado a la “ultraderecha” de Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva prometía muchas reformas, entre ellas reestructurar la policía y, en general, modificar el aparato de seguridad de Brasil, asociado tradicionalmente a la derecha del país desde la dictadura militar (1964-1983).

Entre el júbilo de aquella noche y el año que ha pasado, Lula da Silva no dejó sólo de hablar de la posible reforma del aparato de seguridad, sino que activamente ha promovido una serie de políticas que coinciden paradójicamente con el enfoque militarista de su antecesor, para combatir las tasas de inseguridad de algunas de las principales ciudades del país como Río de Janeiro, Bahía y Recife

El cambio de posición de Lula se da por su escaso capital político, así como por la falta de claridad de su gobierno en temas de seguridad y defensa.

Lula ya no es el fenómeno de masas que llenaba cada fin de semana la Avenida Paulista y era visto en las conferencias internacionales como el líder de los países no-alienados (con China o EE. UU). Hace un año, con poco margen, le ganó a Bolsonaro la segunda vuelta presidencial, lo que ha tenido efectos inmediatos en su gobernabilidad.

GLO

El 1 de noviembre, en una decisión inédita para sus bases agrupadas en el Partido de los Trabajadores (PT) y el noreste de Brasil, Lula firmó una Garantía de Ley y Orden (GLO), figura contemplada en el artículo 142 de la Constitución que le da poderes especiales a las Fuerzas Armadas.

“Libera la actuación de 3.700 militares en los puertos y aeropuertos y refuerza el personal en las fronteras; un aumento de personal y equipamiento para la Policía Federal, la Policía Federal de Caminos y Fuerza Nacional, en São Paulo, Río de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Paraná. El decreto de GLO durará hasta mayo del próximo año”, dice el decreto.

Una semana antes, Lula había dicho: “mientras sea presidente no convocaré la Garantía de Ley y Orden”, declaración que hoy le están cobrando tanto opositores como sus bases, que lo critican de ceder ante de las demandas ciudadanas y políticas que piden políticas inmediatas y no estructurales, como las reformas prometidas.

Militarización

En Brasil el debate siempre se ha dado entre militarizar las ciudades con medidas especiales como la GLO o implantar un modelo que no sólo aborde el crimen desde las acciones tanto policiales como militares y apunte a una reforma carcelaria, así como a medidas de justicia restaurativas y criminal.

Aunque la experiencia ha demostrado que la militarización de la seguridad no lleva a desactivar la criminalidad de forma prolongada y, que, en cambio, un paquete de varias medidas genera mejores resultados como han demostrado los casos de Sao Paulo o Recife, la presión por desactivar con rapidez las estructuras criminales, que recientemente quemaron 30 buses en Rio de Janeiro, hace difícil apostar por soluciones estructurales.

“La situación ha llegado a un punto muy grave. La violencia está empeorando día a día, así que decidimos utilizar el potencial del gobierno federal para ayudar a los estados a deshacerse del crimen organizado, el tráfico de armas y de drogas”, dijo Lula, cuando decretaba la GLO.

El crimen organizado en Brasil hoy es cada vez más grande y complejo. El Comando Vermelho (Rio de Janeiro) y el Primeiro Comando da Capital (de Sao Paulo) representan las estructurales criminales más importantes, y tienen presencia en casi todo el territorio nacional, con tentáculos en América Latina y Europa.

Ahora, han surgido las llamadas “milicias”, grupos criminales formados por militares retirados, responsables de la quema de buses. Todos ellos, en medio de un complejo ambiente criminal, suelen operar tanto en las favelas de Río como en los barrios pobres de Bahía, la ciudad más peligrosa del país.

Un problema de décadas

Cada presidente en Brasil ha experimentado una oleada de violencia. Durante la presidencia de Fernando Henrique Cardozo (1995-2003), un político que apostaba por soluciones técnicas por su pasado académico, las Fuerzas Militares tuvieron poderes especiales para operar con jurisdicción sobre las detenciones y los registros domiciliarios en algunas favelas, según The Intercept Brasil. Eran otros tiempos. Hace sólo diez años Brasil había hecho la transición a la democracia, por lo que los militares seguían teniendo un peso importante en las decisiones de la política de seguridad.

Aunque la era de Cardozo muestra como hasta en los gobiernos más técnicos se ha militarizado la seguridad, la primera vez que realmente se decretó la GLO fue en 1992, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello, con el propósito de militarizar Rio de Janeiro de cara a la Eco-92. A partir de entonces, se han decretado 20 Garantías de Ley y Orden (GLO), demostrando que todos los gobiernos, desde Lula y Dilma Rousseff hasta Michel Temer y Bolsonaro, han tomado las mismas acciones.

Con una nueva crisis de seguridad, que según algunos analistas se asemeja a la de 2017-18, cuando se decapitaron reclusos en varias cárceles, la Policía Federal de Brasil se le ha otorgado nuevamente poderes especiales para llevar a cabo operaciones dirigidas a desestructuras las “milicias” y otros grupos responsables de la violencia en las ciudades brasileñas.

El decreto de estos poderes especiales muestra, también, que la militarización de la seguridad parece inevitable en países como Brasil y otros de la región. Lula prometió lo contrario y, sólo un año después de haberse posesionado, toma hoy el mismo camino que sus antecesores. Esto se debe a que no tiene suficiente popularidad para no caer en la urgencia. Y la urgencia es militarizar.