Ahora, a fines de este junio, se cuenta con información oficial y actualizada de oficinas de migración de Estados Unidos, según la cual se tienen en el país del norte cerca de 62 millones de personas de origen latinoamericano. Esto equivale al 19% de la población total estadounidense.

Los principales países de origen de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos son México (36.6%), El Salvador (10.9%), Guatemala (9.3%) y Honduras (8.2%). Claro también hay del resto de países de la región. Siguiendo el criterio de la condición migratoria, se tiene que el 44% de los latinoamericanos en Estados Unidos son ciudadanos naturalizados, mientras que el 34% son residentes permanentes y el 22% conformarían el grupo de indocumentados.

Estos son los datos más evidentes, sin embargo, sí deseamos identificar las raíces de estos fenómenos, si aceptamos que los mismos son síntomas de factores que vienen actuando desde hace tiempo, debemos reconocer las causalidades que operan. Especialmente ahora que la Administración Biden -en lo que aparenta ser un movimiento para ganar votos en la proyección del próximo noviembre- endurece las medidas en la frontera.

Las personas de las caravanas de migrantes por lo general huyen de las condiciones de violencia y falta de oportunidades en sus países.  Buscan las alternativas de vida de las que carecen, las tratan de encontrar en naciones más desarrolladas. Lo que desean es contar con medios para ellos y sus familias inmediatas.  Y algo más, que se hace indiscutible: poder también contribuir con los familiares que han quedado en los países de origen. 

Véase en este último sentido, por ejemplo, cómo las remesas constituyen la variable que explica la estabilidad de la economía guatemalteca y salvadoreña, para sólo citar dos casos.  Son las remesas familiares las que permiten obtener buen parte de las divisas esenciales en estos países que, por otro lado, exportan café, banano, azúcar.

En todo caso, el punto a subrayar es que las familias que logran obtener en otras naciones, las oportunidades de vida a las que no pueden tener acceso en sus países se convierten en un factor muy importante para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo económico en sus latitudes de origen.  La exportación de mano de obra también resulta favorable para naciones por lo general pequeñas y de escaso desarrollo social.

Esa carencia de oportunidades ocurre en muchas sociedades disfuncionales. Véase cómo Honduras, junto a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Haití, y hasta cierto punto Guyana y Bolivia, conforman el grupo de países menos funcionales en Latinoamérica.  En contraste con países de mayor funcionalidad económica y social, tales los casos de Uruguay, Costa Rica, Trinidad y Tobago, además de Chile.

La disfuncionalidad social es resultado de varias y complejas causas.  Sucede una situación análoga con la pobreza, es el resultado de un problema complicado.  No es unifactorial, como se desearía ver.  De allí que las soluciones no sean ni simples ni rápidas, si lo que se desea tener son soluciones sostenibles, es decir estables, perdurables.

De conformidad con los profesores de la Universidad de Harvard, Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su obra “¿Por qué fracasan los países?” (2012) un componente clave para el desastre -a su vez convergente de otras causas- es la existencia de instituciones excluyentes, tanto en lo económico como en lo político. 

En lugar de tener instituciones y mecanismos tanto económicos como políticos que sean incluyentes, que permitan incorporar el esfuerzo de la sociedad en el crecimiento y el desarrollo, las condiciones de muchos países excluyen a esa población y la mantienen en condiciones de marginalidad. Las demandas reales -necesidad de satisfactores para los requerimientos psico-bio-físicos- no se traducen en demandas efectivas. Allí están para atestiguarlo, las cifras de subempleo, de pobreza, de indigencia. Esto es en lo económico.

En lo social y político también existe exclusión. No hay opciones o alternativas en la conducción de los países. Es decir, alternativas de fondo. Los grupos de mayor presión conservan sus poderes en escenarios que limitan la generación de inclusión política más allá de la preservación de condiciones de vida que tienden a perpetuar las marginalidades. De allí que los comicios de estas repúblicas sean más acentuadamente, concursos de popularidad. 

A esto, desde luego, se unen las carencias educativas generalizadas; un factor que se hace totalmente relevante en relación con las circunstancias del subdesarrollo: carencia de capacidades, falta de oportunidades que marcan la pobreza, se traducen en baja producción, baja productividad, escasa integración social, redundando esto, en mayor marginalidad.

Y sí, por otro lado, tiende a existir mayor presión demográfica en los sectores con menos ingresos. De nuevo, el problema es complejo. Pero actúa allí -entre otros componentes- la carencia de instituciones de seguridad y protección social.

Son los casos de círculos de causalidad acumulativa, de los que hablaba Gunnar Myrdal (1898-1987) Premio Nobel de Economía en 1974.  Véase la vigencia de sus planteamientos, en obras como, “Elementos Políticos en la Teoría del Desarrollo Económico” (1972), “Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas” (1967) y “Los Desafíos de la Pobreza Mundial” (1972).

Las votaciones y cambios de gobierno a partir de estas consideraciones de exclusión y carencia de alternativas se convierten en ejercicios electorales sin mayores esperanzas. Anecdotarios para las revistas “del corazón”. Muchas veces prevalece la perspectiva que continuarán dominando factores negativos: la corrupción e impunidad.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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