En el marco de la sesión 169 de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevan a cabo en Boulder, Colorado (EEUU), los participantes del encuentro le solicitaron al Gobierno venezolano que cese la exigencia del ‘Carnet de la Patria’ como requisito para cobrar la pensión o acceder a cualquier derecho por ser un mecanismo de exclusión y discriminación.
Los miembros de las audiencias del CIDH también indicaron que le “solicitamos al Estado un plan nacional de envejecimiento donde los niveles de gobierno, ONGs, universidades y colectivos organizados de adultos mayores garanticen un envejecimiento digno y saludable a través de adecuadas políticas públicas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno de Maduro que atienda de manera urgente los problemas del sistema de salud, el cual está sumido en una profunda crisis.
Según varias ONG, en Venezuela hay una escasez del 80% de medicamentos para la presión arterial alta y los niveles de azúcar altos, dos de las afecciones más comunes entre las personas mayores.
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Además, unos 16 niños menores de cinco años han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Zubillaga en el estado Lara en lo que va del 2018. Dichos decesos ocurrieron por infecciones causadas por la deficiente higiene que presenta el establecimiento médico.
El llamado ‘Carnet de la Patria’ fue creado por Maduro en enero del 2017. El mismo funciona como una monedera virtual que, entre tras cosas, sirve para que los pensionados del país cobren su dinero. También se utiliza para recibir los servicios médicos, obtener vacunaciones y para depositar el dinero con el que se compran las cajas de alimentación CLAP.
El jefe de Estado venezolano aseguró que unos 18.400.000 ciudadanos se inscribieron en el sistema del ‘Carnet de la Patria’.
Los críticos de dicho documento aseguran que es instrumento utilizado para controlar los recursos estatales y maquillar la crisis económica.
Encuestadoras en Venezuela indican que el carnet tiene una desaprobación del 70%, pero los ciudadanos optan por tenerlo para acceder a bienes y servicios.