LENTO pero seguro avanzan los procesos judiciales en Perú por la corrupción de Odebrecht y con el expresidente Alejandro Toledo, de nuevo tras las rejas, se abre una posibilidad de que se extiendan los tentáculos de ese mega-escándalo en dicho país, el segundo más golpeado por éste tras Brasil, cuna del conglomerado de negocios de ingeniería y construcción, entre otros.

Toledo, quien gobernó la nación inca entre el 2001 y el 2006, está acusado de recibir millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para millonarias obras públicas, así como para financiar su campaña política. Se enfrenta a una condena de más de 20 años de cárcel y, aunque reiteradamente ha alegado inocencia, existen decenas de pruebas testimoniales y documentales que lo comprometen.

Como se sabe, el escándalo de dicha empresa estalló en 2014 en Brasil, con la llamada operación Lava Jato, porque precisamente un lavadero de autos servía de fachada para blanqueo de dinero y pago de sobornos, a nivel regional, de esa constructora para hacerse a importantes obras de infraestructura y financiar campañas políticas.

Dos años después se hizo evidente que los tentáculos de esta práctica corrupta alcanzaron a varios países de América Latina y dos de África, implicando desde jueces y empresarios hasta jefes de gobierno. Así, en Perú, a cuatro presidentes –o en su momento ya exmandatarios- se les abrieron procesos penales, a saber: Alejandro Toledo, Alan García (quién se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Humala (60 años) cumplió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht durante su campaña electoral. Fue acusado en 2019 y está en juicio, junto con su esposa Nadine Heredia, de 46 años, desde el 21 de febrero de 2022. Ambos comparecen ante la justicia bajo libertad condicional y se exponen a una pena de alrededor de 15 años de cárcel.

Entre tanto, Kuczynski, quien se vio forzado a renunciar en marzo de 2018, en vísperas de que el Congreso lo destituyera por el mismo escándalo de corrupción, espera el juico tras tres años preso en su domicilio (hasta abril de 2022) por su avanzada edad (84años).

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A ellos se suma, también presuntamente por recibir sobornos, pero no de Odebrecht, para adjudicar obras cuando fungió como gobernador de la sureña región de Moquegua, Martín Vizcarra, quien ejerció la presidencia del país entre 2018 y 2020 y, recientemente, des destituido y encarcelado Pedro Castillo, por un caso similar.

El retorno a Perú de Toledo reactiva las investigaciones por el escándalo Odebrecht y el expresidente deberá demostrar que es inocente, tal y como alega desde hace años, pese al abultado expediente de pruebas en su contra.

Exactamente hace cuatro años (abril 24 de 2019), se dieron dos contundentes testimonios en su contra, los del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Josef Maiman, el empresario israelí, por ese entonces amigo cercano de Toledo, hoy fallecido.

Al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Barata entregó detalles de los sobornos que la multinacional brasileña hizo a varios funcionarios y dirigentes políticos, entre ellas al entonces presidente Toledo, que según dijo ascendieron a USD 31 millones para que les fuesen adjudicadas las obras del IIRSA sur, es decir, los tramos dos y tres de la carretera Interocéanica sur e inclusive para financiar el tramo final de su campaña presidencial.

Ante el fiscal líder del Equipo Especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, el exdirectivo de Odebrecht entregó detalles del monto de los sobornos y cómo fueron allegados a Toledo, por las cuentas del empresario Naiman, que posteriormente ante el mismo funcionario judicial confirmó.

En los interrogatorios de ese año, Barata y Maiman anunciaron –y de seguro entregaron- pruebas documentales tanto sobre la ruta transaccional de los millonarios pagos como de las reuniones que sostuvieron los dos declarantes en una ciudad brasileña para ‘cuadrar el negocio’, los que según informes periodísticos estaban registrados en el Sector Operaciones Estructuradas de la constructora, en Perú.

Barata, en el marco del acuerdo con la Fiscalía, sostuvo que los pagos al exmandatario se movieron por las cuentas de Maiman y que se hicieron en cuatro consignaciones al año, el último de ellos en el 2010. Inclusive recordó el “¡Oiga, Barata, paga carajo!” que presuntamente en una ocasión le dijo Toledo por no haberle girado en la fecha acordada.

El exjefe de Odebrecht Perú sostuvo al fiscal especial Pérez que USD 27 millones de los USDD 31 millones fueron pagados para que se les adjudicaran las obras viales a través del ahora fallecido empresario israelí y que el restante se le entregó a Toledo “sin ese intermediario”.

En su ventilador, Barata también aseguró que, para la campaña presidencial de Toledo en 2011, Odebrecht giró de una de sus divisiones establecidas en la casa matriz de Brasil para el financiamiento político a partidos políticos en los países donde operaba, conocida como ‘Caja 2’, USD 700 mil dólares.

Por su parte, Maiman, quien falleció en octubre del año 2021, refirió en los testimonios de esa fecha, que recibió en sus cuentas entre 30 y 31 millones de dólares de Odebrecht, así como 4 millones de dólares de la constructora Camargo y Correa que buscaba la adjudicación del tramo 4 de la Interoceánica.

El empresario israelí también informó de un viaje que hizo a Río de Janeiro para encontrarse con Toledo y conocer a Marcelo Odebrecht, por ese entonces presidente de la gigantesca multinacional brasileña.

“En noviembre de 2004, Toledo me presenta a Barata en el hotel, donde Barata me dice que puedo reunirme con Marcelo (Odebrecht). Todo sucede en el Marriott. Fue una buena reunión porque despertamos el interés de Marcelo [...] la reunión consistió en la presentación de mi empresa porque queríamos cooperar con Odebrecht en proyectos de otros países”, manifestó Maiman al fiscal Pérez.

Sostuvo todos los ingresos que recibió vía sus tres empresas (Merhav, Warbury y Trailbrige) que realizan transferencias a Confiado International y finalmente de allí salieron a empresas creadas en Costa Rica que luego los traspasa a Ecoteva. Todo ello estuvo documentado y así lo entregó a la Fiscalía.

El ente acusador peruano ha podido corroborar estos testimonios, sustentados como reseñamos anteriormente, en varios documentos, en lo que también se revela cómo se cambió la normatividad para facilitar la adjudicación y las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera interocéanica sur, tal como lo había denunciado Barata.

Así, se descubrió el Decreto 022 del 2005, donde se exoneró del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a esos tramos de la mencionada vía, al igual que el 4, que se entregó a otro concesionario.

De igual forma, la ruta del dinero, se comprobó que ocurrió tal y como el hoy fallecido empresario Maiman testificó, y existen comprobantes contables de esas operaciones interbancarias.

¿Perdón total?

Causó extrañeza que la Fiscal General, Patricia Benavides, fuera a recibir a Toledo el domingo, cuando fue extraditado de Estados Unidos y que, según informaron los medios peruanos, le habría hablado de beneficios penitenciarios si decidía acogerse a una sentencia anticipada y colaborar con el ente acusador.

Aunque el comunicado oficial de la Fiscalía indica que Benavides informó a Toledo de sus derechos y de los procesos judiciales que debe afrontar en el país, extraoficialmente se dijo que la funcionaria le habría hablado dicho que si acepta colaboración eficaz y entrega información sobre actos de corrupción durante o después de su gobierno (Odebrecht o cualquier otro), podría ver reducida su condena e, inclusive, el perdón total.

Así lo informaron algunos medios de comunicación del país inca, generando recelo político, pero nadie confirmó o desmintió tal ofrecimiento.

Roberto Su Rivadeneyra, abogado de Toledo, se limitó a agradecer la cortesía de la fiscal de la Nación por interesarse en proteger los derechos de su cliente, desde que llegó al aeropuerto hasta ser traslado, vía helicóptero, al penal de Barbadillo, donde también están recluidos dos de sus antecesores, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

De 77 años y diagnosticado con cáncer según sus abogados, Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva a la espera de juicio, anunció el Poder Judicial tras descartar el arresto domiciliario que solicitaba.

El exmandatario había sido detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica y extraditado el pasado viernes. /Redacción internacional