El gobierno de Panamá anunció el viernes que comenzará a deportar a los migrantes que ingresan al país por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, con el fin de frenar la ola migratoria rumbo a Estados Unidos.

"Dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones" de migrantes que ingresen de forma irregular al país, señaló la directora nacional de Migración, Samira Gozaine, en rueda de prensa.

La frontera natural del Darién, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

Según datos oficiales, en lo que va de año más de 348.000 personas han cruzado el Darién, pese a que Estados Unidos ha advertido de que no permitirá ingresar a su territorio a quienes entren de manera irregular a Panamá.

De ese total, según Gozaine, desde abril las autoridades panameñas han deportado a 452 personas, una cifra ínfima.

Las medidas para contener la ola migratoria, que rigen a partir de esta fecha, "se harán para todas aquellas personas que permanezcan de manera ilegal o pretendan permanecer de manera ilegal en el territorio" panameño, advirtió.

Con este fin, el gobierno panameño está preparando diversas aeronaves y está en proceso de contratación de vuelos chárter para la deportación de migrantes.

El total de migrantes que este año ha ingresado a Panamá por el Darién ya supera en más de 100.000 la cifra de todo el año anterior, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía, rompiendo todos los registros migratorios anteriores por la jungla.

En el último mes, un promedio de 2.500 a 3.000 migrantes han llegado al país centroamericano diariamente desde Colombia.

Sin embargo, Gozaine reconoció que el gobierno panameño no podrá realizar deportaciones masivas por falta de recursos, por lo que se centrarán en primer lugar en las personas que tengan antecedentes penales.

"Obviamente, tenemos recursos limitados, nos gustaría que si entran 3.000 personas [de manera irregular a Panamá] deportar a las 3.000, pero es imposible, no es operativo", dijo la funcionaria.

Casi la mitad son venezolanos, aunque también destacan los haitianos, ecuatorianos y colombianos. Además, hay asiáticos, con un número creciente de chinos, y africanos, sobre todo de Camerún.