La protesta de 18 comunidades indígenas amazónicas del Perú, en las que se exige atención ambiental del gobierno por las aguas contaminadas de los ríos, cumple cuatro días.

Los habitantes amazónicos le exigen al Gobierno peruano que cumpla con los compromisos firmados para disminuir los daños ambientales causados por las operaciones petroleras internacionales que contaminan los ríos de Amazonas.

El gobierno nacional decretó, a partir del 9 de febrero, una emergencia sanitaria en 31 comunidades amazónicas para evitar brotes epidémicos producidos por el consumo de aguas contaminadas.

El decreto de emergencia estipula que las poblaciones que ingieran estas aguas podrían evidenciar enfermedades como la malaria, diarreas infecciosas y parasitosis.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, indicaron que en marzo entrará en funciones el primer juzgado ambiental para manejar estas problemáticas.

Los nativos de la región amazónica mantienen bloqueada una de las principales vías fluviales entre Iquitos y Yurimaguas, donde retuvieron diferentes lanchas de uso turístico y comercial.

Los indígenas también le exigieron a la primera ministra, Mercedes Aráoz, que cumpla con los acuerdos para promover una economía sostenible con participación de las comunidades.