Comenzó en Estados Unidos el juicio civil al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, demandado por su supuesto papel en la muerte de más de 50 personas durante los disturbios de 2003, que propiciaron la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia.

El juicio a Sánchez de Lozada y a su entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada "masacre de octubre", comenzó con la selección de los miembros del jurado en un tribunal federal Fort Lauderdale, en el norte de Miami (Florida).

El juez federal James Cohn adelantó que "el juicio tomará cuatro a cinco semanas".

Es la primera vez que un expresidente es procesado en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo al Center For Constituional Rights (CCR), que representa a los demandantes.

El juez y los abogados de ambas partes les preguntaron a los posibles miembros del jurado -cuya selección aún estaba en proceso a media jornada del lunes- sobre su conocimiento del caso para asegurarse de que serán imparciales.

El abogado de los demandantes les preguntó si serán capaces de aplicar la ley a pesar de que el hecho de que la mayoría de los testimonios provendrán de bolivianos que no tienen vinculación con Estados Unidos. Todos dijeron que sí.

El equipo que defiende a los exfuncionarios preguntó a los posibles jurados si habían participado en protestas y si formaban parte de alguna agrupación que buscara un cambio social. También les advirtió que los testimonios pueden ser emotivos y que las declaraciones de las víctimas provocarán empatía.

Uno de los abogados les preguntó, refiriéndose a los demandantes: "¿Serán capaces de verlos en la cara y enviarlos de nuevo a su casa, con nada?"

Varios potenciales jurados se excusaron diciendo que les será difícil escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas sin inclinarse a favor de ellas.

Los familiares de ocho bolivianos muertos en la alegada masacre buscan indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de ambos políticos por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003", según la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.

El CCR, una ONG con sede en Nueva York que representa a los familiares de nueve víctimas, alega que los exgobernantes utilizaron la fuerza militar para suprimir las protestas populares que tuvieron lugar en la llamada "Guerra del gas".

 La guerra del gas

Así se conoce la insurgencia popular que derrocó Sánchez de Lozada y, con ello, cerró una época de gobiernos neoliberales en Bolivia y dio paso al movimiento indigenista encarnado por Morales.

El descontento contra "Goni", quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos en su segundo período, que duró solo un año y acabó el 17 de octubre de 2003.

Ese día, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el proyecto de exportación de gas. El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y ordenó reprimir. Según el CCR, "en total masacraron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras".

Lozada -hoy de 87 años- dimitió y huyó hacia Estados Unidos, ante un panorama que colocaba a Bolivia a las puertas de una guerra civil. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa./AFP