TRAS arrinconar a las pandillas en año y medio, estableciendo una seguridad que muchos de los salvadoreños no conocían, el joven presidente de ese país centroamericano, anunció al iniciar su quinto año de mandato, que de seguro no será el último, una guerra inmediata, a todos los niveles y efectiva contra el otro gran flagelo nacional: la corrupción.
Anticipando que esta ofensiva generará rechazo por el alcance que tendrá, ya que “en la corrupción oficial los funcionarios del Estado están en contubernio con empresarios privados”, el llamado presidente millenial anunció que impulsará una reforma legal (política)para reducir el tamaño del Congreso y las alcaldías, lo que no implicará de modo alguno -dijo- el despido de empleados municipales.
"En este país los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado (...) y, ojo, para que exista el funcionario corrupto también hay un empresario corruptor", sostuvo.
Aunque no precisó cifras, aunque aseguró que los actos de corrupción no permiten al Estado destinar fondos a áreas sociales u otras necesidades de la población.
Ante cientos de seguidores que corearon incesantemente “reelección, reelección”, Bukele presentó su informe de gestión y proyectos inmediatos en el Congreso. Así informó sobre una reforma para reducir de 84 a 60 los escaños legislativos y de 262 a 44 los municipios en el país, considerando que habrá no sólo un gran ahorro en gastos de las administraciones, sino que se cerrará una vía a la corrupción que generalmente allí se verifica.
Señaló que "muchos alcaldes solo se dedican a robar" y ver "qué beneficio personal sacan, pero eso se va a acabar”, al tiempo que aclaró que no desaparecerán los organismos ni despedirá a los empleados municipales.
Se mostró convencido de que esa reorganización administrativa, es decir la reducción de los municipios, bajará la carga tributaria y permitirá hacer una distribución "más equitativa" de los impuestos.
"Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas... No se hizo porque no harían nada más que golpear a sus financistas. Ahora se hacen las cosas con valentía y liderazgo. Ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos, es más fácil fiscalizar 44 que 262 ", declaró en su informe de gobierno en medio del cerrado aplauso del Congreso, donde tiene mayoría, y los asistentes al hemiciclo.
El presidente salvadoreño señaló que "espera" que estas propuestas sean "aprobadas" por el Parlamento antes de las elecciones generales de 2024.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha definido que la elección de presidente y de diputados al Congreso se realice el 4 de febrero, mientras que la elección de concejos municipales de los 262 municipios del país y diputados al Parlamento Centroamericano se realice el 3 de marzo de 2024.
Bukele dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema en este mensaje al país.
Esa reestructuración político-administrativa es uno de los pasos claves en su nueva cruzada contra los delincuentes de cuello blanco, a quienes advirtió terminarán en una cárcel especial que pronto construirá.
"Hoy declaramos la guerra contra la corrupción", aseguró el mandatario, tras considerar que se trata de un mal "endémico" que, "al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado" salvadoreño.
"Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que tenemos, sin titubear en ningún momento, también iniciaremos la guerra frontal contra la corrupción", sostuvo Bukele al tiempo que dijo que así como en un lugar alejado y con ultratecnología para su vigilancia levantó la megacárcel donde permanecen miles de miles de pandilleros capturados en su cruzada contra la temida y creciente inseguridad.
"También construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado", prometió.
Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión "más grande de América", con un severo régimen de reclusión denunciado por organismos de derechos humanos.
En su discurso el mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, lanzada hace 14 meses, la cual -dijo- ahora permite a los salvadoreños tener "más seguridad en las calles".
En virtud de un régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, de los cuales han sido liberados unos 5.000, según el gobierno.
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Cristiani, en la mira
Durante su discurso sorprendió al señalar la ausencia de uno de los principales invitados, el fiscal general Rodolfo Delgado, pues se encontraba encabezando un operativo de "extinción de dominio" de propiedades del expresidente derechista Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994), señalado de actos de corrupción.
Cristiani, según Delgado, "huyó" del país, pero la Fiscalía "prepara" una "formulación de cargos de naturaleza penal" en contra del exmandatario por presunta corrupción, aunque no precisó los delitos que se le imputarán.
"Es una investigación que inicia, en desarrollo, y nos ha permitido hasta este momento determinar los indicios de un incremento patrimonial injustificado, de un enriquecimiento ilícito del expresidente Cristiani en su quinquenio de gobierno, de él y de su núcleo familiar", afirmó al día siguiente el fiscal Figueroa a los medios de comunicación.
Agregó que han podido establecer, por ahora, que Cristiani en el quinquenio que gobernó se apropió de fondos públicos, por un monto inicialmente de 37 millones de colones (3,9 millones de euros).
Las autoridades no han mencionado cuándo y hacia qué país se fue el expresidente.
De momento la Fiscalía ha procedido a la "extinción de dominio", avalada por un juzgado, de 156 inmuebles de Cristiani, entre ellas varias mansiones en distintos puntos del país, además de 42 vehículos y varios "productos financieros".
"No podemos tolerar que este tipo de personas se burle de nosotros y básicamente juegue con el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño", agregó el fiscal. /