EN LA SESIÓN extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), ayer en Washington, la conclusión fue la misma que la del martes en Quito: se necesita urgentemente una coordinación regional para enfrentar la oleada migratoria venezolana.
La crisis en el país vecino se ahonda con cifras que numerosos organismos internacionales comparan con Siria. Conscientes de ello, las autoridades regionales convocaron para esta semana dos reuniones, martes y miércoles, que dejaron una serie de conclusiones importantes, aunque algunos consideran gaseosas y poco contundentes.
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Crisis en cifras
La delegación colombiana, liderada por el consejero de la Misión de Colombia ante la OEA, Álvaro Calderón, enfocó su intervención en las cifras que ha producido la migración de venezolanos al país, el mayor receptor en la región.
Antes de entrar hablar de números, Colombia usó un término para calificar el tipo de migración que está enfrentando: “La fuga”. Esto significa una condición de desespero y vulnerabilidad que, como todo tipo de migración por razones humanitarias, está marcada por la falta de capacidad económica asociada a problemas de salud y de alimentación.
El Estado colombiano ha enfrentado la problemática entendiendo que hay tres tipos de migrantes. El mayoritario, que está constituido por aquellos que tienen “vocación de permanencia”, aunque un porcentaje, el 35% son colombianos retornados o con doble nacionalidad.
En total, el país ha recibido a la fecha 935.593 venezolanos con fines de permanencia, dijo Calderón, de los cuales un 57% ingresaron en 2017. A estos se suman los numerosos migrantes en tránsito por el país, que muchas veces no tienen las posibilidades de llegar a otras naciones por falta de recursos. Según el delegado colombiano, 229.674 cruzaron a Ecuador el año pasado, cifra similar a la registrada solo este año en el puente Rumichaca, que registró 206.000 migrantes.
Las cifras son comparables con las de Siria y lejanas, por su cantidad, a las que se han conocido en Europa con la llegada de refugiados provenientes de África subsahariana y Medio Oriente, situación que ha generado un auge del populismo de derecha en ese continente.
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha calculado que Europa recibió en 2017, 170.000 migrantes, cifra que no se acerca si quiera a las reportadas por Ecuador o Panamá frente a la recepción de venezolanos.
Por las dificultades que genera la oleada de refugiados, Colombia pidió, como lo ha venido haciendo en esta y en la anterior administración, la aplicación del artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas para convocar al Consejo Permanente y lograr que se delegue un enviado especial para esta crisis migratoria, como en el caso de Siria.
Medidas
En los últimos tres años han salido de Venezuela 1.6 millones de personas, explicó Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria. Este incremento exponencial hace que se adopten, como lo han pedido varios países, medidas como “la decisión de permitir una serie de documento vencidos (…) tipo de medida práctica que se requiere en este momento”. “No hay nada que afecte más la xenofobia, que la irregularidad del status legal permanente”, dijo Selee.
Es claro que este fenómeno migratorio es nuevo en el continente y requiere medidas que progresivamente se han ido tomando.
Calificándolas de “muy buenas”, la delegada de la CIDH reiteró que los avances en el continente para enfrentar la crisis migratoria han sido “positivos”.
En países como Colombia, Perú o Ecuador, se han adoptado tipos de licencias de estadías especiales como el “Permiso Especial de Permanencia (PEP) en Colombia”, el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú” y la visa de Mercosur en Argentina y Brasil.
Según Acnur, al 31 de enero de 2018 se contabilizaron 133.574 solicitudes de asilo de venezolanos, al tanto que 350.861 optaron por otro tipo de alternativas migratorias. Las demás han logrado adquirir la nacionalidad, pero la mayoría tiene un status ilegal.
Este punto fue central tanto en la reunión de Quito, el martes, como en la sesión extraordinaria en la OEA. En el sexto punto de la Declaración de Quito se determinó que se “permita acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”.
Hace dos semanas, Perú y Ecuador anunciaron que no aceptarían la entrada de venezolanos sin pasaporte vigente. La medida, finalmente, fue eliminada.
En febrero, se adoptó la Resolución 2/18 que conminó a los países a tomar medidas que no solo enfoquen la problemática migratoria desde lo policial y lo administrativo, sino que a su vez, busquen asimilar a los migrantes en las diferentes comunidades.
“La respuesta ha sido muy positiva, pero existen vacíos”, reiteró la CIDH, por tanto, exhortó a los países que impulsen campañas contra el odio y creen medidas operativas capaces de enfrentar una oleada migratoria de gran escala. En total, fueron 17 medidas las recomendadas.
Intervencionismo
En la OEA Venezuela habló, como de costumbre, de intervencionismo. No dejó de referirse a Colombia, a quien calificó de impulsar una guerra con su país que “iba comenzar en la frontera colombiana por un conflicto entre ELN, las FARC y las Fuerzas Armadas de Colombia”.
También hizo énfasis en que, en lugar de construir un argumento migratorio, “Estados Unidos ya ha empezado hablar de la crisis de seguridad producida por Venezuela, para realizar acciones militares. Carlos Trujillo (embajador de EE.UU. ante la OEA) dijo en público que no era Estados Unidos quien iba a invadir Venezuela. No, no. Quienes invadirán Venezuela serán las fuerzas multiregionales”, dijo el delegado venezolano.
Pese a su ataque -que contó con el apoyo de Bolivia- Luis Almagro, la mayoría de países convocados y las organizaciones invitadas, ratificaron que se debe garantizar la condición de refugiados con apoyo internacional que con conlleve a “no criminalizar” a los migrantes.
Las medidas se están tomando. La crisis, sin embargo, no para. Habrá que agilizarlas.