LA Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la reactivación de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales, un fuerte revés para el presidente Joe Biden que angustia a miles que aguardan en la frontera.
Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan del Supremo han comunicado que han aceptado el fallo del juez Matthew Kacsmaryk que obliga al Gobierno de Biden a reiniciar la política de la anterior Administración y que ha obligado a casi 70.000 solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus solicitudes, según recoge Bloomberg.
Desde principios de año, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo las inscripciones en el programa de asilo de Trump y el Gobierno anunció la admisión de miles de solicitantes que permanecen al otro lado de la frontera con México.
En este sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció el junio formalmente el fin de la política, sin embargo, los estados Texas y Misuri demandaron para impugnar la rescisión, lo cual fue aceptado por Kacsmaryk, y ahora, por el Tribunal Supremo.
La Administración de Biden ha argumentado que rechazar esta política amenaza con interrumpir las operaciones en la frontera y crear una crisis diplomática con México.
Impulsado por el expresidente Donald Trump, el programa "Quédate en México" permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso.
La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esta controvertida política, oficialmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación del programa.
En una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó el martes que "la solicitud de suspensión... está denegada".
El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Biden dijo que "lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión".
Agregó que "mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, el DHS cumplirá con la orden de buena fe".
La Cancillería de México confirmó que fue notificada por el DHS sobre la resolución judicial y que ambas instituciones intercambiarían información sobre la misma para definir una postura.
En tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones, acampando en una plaza pública de la ciudad mexicana de Reynosa (noreste), limítrofe con Texas, expresaron su angustia ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
"Estamos en una frontera peligrosa, en que no estamos seguras (...) estamos durmiendo en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump", dice Daniela Díaz, quien no ha visto una mejoría con las políticas migratorias de Biden.
En el campamento, cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas en gastadas tiendas de campaña, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas oenegés.
"Si no hay una ayuda de aquí, de esta semana a la otra semana, yo me voy para Honduras, me regreso porque aquí estoy como un perro", dice, indignado, Edilberto Fernández.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también desaprobaron la orden de la Corte Suprema./