Rusia consideró este miércoles carente de "toda base legal" en su régimen jurídico una posible liberación del opositor Alexéi Navalni, como exigió este miércoles el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Esta demanda es deliberadamente inaplicable puesto que no existe ningún fundamento en la legislación rusa que permita la liberación de esta persona", consideró el ministro de Justicia, Konstantin Shuichenko, de acuerdo a agencias de prensa locales, denunciando además "una burda injerencia" en los asuntos internos rusos.

El tribunal con sede en Estrasburgo justifica su petición de carácter interino por los "riesgos" que corre la vida de Navalni mientras permanece en las instalaciones penitenciarias, ya que el propio opositor trasladó en una apelación que el Kremlin "no le proporcionaba suficientes guardias para su seguridad".

En primera instancia, el Gobierno ruso había asegurado al ente que Navalni se encontraba protegido en prisión, ya que su celda estaba vídeovigilada y tenía acceso a "comunicaciones electrónicas", como "llamadas de teléfono", además de a recibir visitas de sus "abogados y de los miembros de la comisión pública de observación".

Navalni fue condenado en 2014 a tres años y medio y este mes un tribunal ordenó su ingreso en prisión por violar las condiciones de su libertad provisional, al viajar a Alemania para tratarse de un envenenamiento el pasado agosto del que el opositor culpa al Kremlin, que niega su implicación.

La pasada semana, las autoridades rusas ya descartaron recurrir una sentencia del TEDH que obligaba a Rusia a pagar 8.500 euros a Navalni por una detención que tuvo lugar en 2012 durante unas protestas contra Vladimir Putin, al considerar que el activista no tuvo acceso a un juicio justo y se violó su libertad de expresión.

La detención de Navalni ha desencadenado una ola de protestas en Rusia que se repiten de manera regular y que ha tenido como represalia una cascada de detenciones de miembros del movimiento encabezado por el opositor.

El activista se enfrenta ahora a un nuevo proceso por haber difamado presuntamente a un veterano de la II Guerra Mundial, mientras que organismos por los Derechos Humanos y las principales potencias occidentales piden al Kremlin su liberación.