La Suprema Corte de México canceló este miércoles una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la empresa estatal CFE en desmedro de actores privados, y que abrió disputas comerciales con socios clave como Estados Unidos y España.
La modificación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cruzada por retomar control estatal del sector energético y reducir la participación privada, ha activado controversias con Estados Unidos y Canadá, en el marco del tratado comercial T-MEC, y tensó las relaciones con España.
La sentencia de la Segunda Sala del máximo tribunal mexicano considera que la reforma, aprobada en marzo de 2021, "vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable" de la industria establecidos en la constitución desde 2013, indicó la institución en un comunicado.
En aquel año el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) logró modificar la Carta Magna para abrir el sector energético a los privados, en un reforma histórica según expertos, pero que fue rechazada por el entonces líder opositor López Obrador.
El veredicto se dio en respuesta a una serie de recursos de amparo presentados por varias de las empresas afectadas por la modificación de la ley eléctrica y que mantenían en suspenso su aplicación.
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El fallo alega que la reforma de la LIE introducía nuevas reglas en el orden de despacho de energía, en la asignación de contratos de cobertura eléctrica y en la adquisición de certificados de energías limpias, en términos que otorgaban a la Comisión Federal de Electricidad "un trato diferenciado y privilegiado".
"El supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica, ya que no puede soslayarse que en ciertas actividades, como la generación de electricidad, CFE es un competidor más del mercado", precisó la Sala de acuerdo con el comunicado.
Pese a este revés, el gobierno izquierdista de López Obrador ha logrado avances en su agenda energética como la compra, anunciada en abril pasado, de 13 plantas de generación eléctrica al gigante español Iberdrola por 6.000 millones de dólares, una operación que el mandatario celebró como "una nueva nacionalización" del sector.
Con dicha adquisición la CFE aumentará de 39% a 55% su capacidad sobre el total de electricidad generada en el país, según datos del gobierno, que espera alcanzar 65% al término de su mandato el 30 de septiembre próximo.