Una evidencia más de que las dictaduras además de socavar los derechos humanos se enquistan en la corrupción la entrega el informe que sobre la lucha contra ese flagelo global publicó Transparencia Internacional (TI).

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público. Éste califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en su sector público, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgo, firmas de consultoría, comités de expertos y otras. De esta forma, las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y empresarios.

Al presentar el informe del 2021, la organización identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente las puntuaciones más bajas en el índice y, en contrario, donde hay democracia plena, así como respeto tanto a los derechos tanto individuales como colectivos y políticas claras sobre el manejo de los recursos públicos.

“Los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes. Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, sostuvo Delia Ferreira Rubio, presidenta de la ONG.

Agregó que “la única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en el poder”.

El mencionado Índice califica a los países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). En el reciente informe, con un puntaje de 88, Dinamarca, Nueza Zelanda y Finlandia son los países menos corruptos del mundo, destacando el ascenso de este último respecto a la pasada evaluación.

Al contrario, en el final de la tabla se encuentran Sudán del Sur con una calificación de 11 puntos sobre 100, mientras que Siria y Somalia logran 13, y los latinoamericanos Venezuela y Nicaragua, regidos por dictaduras, con 14.

El informe destaca que, en Venezuela, que tiene la peor nota de Latinoamérica y no deja de empeorar desde 2013, la "gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación".

Transparencia Internacional alerta también sobre el sistema judicial venezolano, que sostiene ha perdido su independencia y "se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia" y "las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes".

En la región, Uruguay siguió como el abanderado en la lucha contra este flagelo global, al obtener una calificación de 73 puntos, ubicándose en el puesto 18 del ranking global, seguido de Chile (27) y Costa Rica (39). . (Ver infografía)

Sobre la buena posición de Uruguay, el informe indica que es "un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (...) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas", al tiempo que agrega que ese contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.

Colombia, por su parte, permaneció inamovible con una nota de 39 y encasillándose tres puestos por debajo de la media de la tabla, mientras que Argentina, que recibió la misma calificación, destaca por ser el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos). La causa, según argumenta TI, “fue la injerencia del poder político en la justicia y los abusos de poder durante la pandemia, al igual que una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones poco transparentes".

En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y "cansado de la corrupción".

Sin embargo, sostiene, que estos líderes "no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas regresivas".

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Nicaragua, mal ejemplo

En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma Transparencia Internacional.

Nicaragua es el ejemplo más flagrante. El país "no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción", según la oenegé.

La concentración de poder en manos del presidente Daniel Ortega, reelegido en noviembre, y de su esposa, Rosario Murillo, "ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral", sostiene el informe.

Pero Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico. TI resalta la llegada al poder de la izquierdista Xiomara Castro, que se comprometió a eliminar las "leyes de impunidad".

También preocupa la situación en Guatemala (25), donde élites económicas y políticas e incluso sectores del "crimen organizado" se han apropiado del poder judicial y "han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción".

Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en "esquemas de corrupción multimillonarios" vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus".

Finalmente, la oenegé lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, "la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos" en la región y se necesitan "acciones contundentes para revertir esta tendencia" y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.

Así, sostiene que América Latina y el Caribe llevan una década "totalmente estancados" en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos.

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Retrocesos en los mejores

En el otro extremo están los mejores calificados en esta lucha, pero en algunos de ellos durante la última década se ha ralentizado la misma, entre ellos Canadá y Estados Unidos.

"La corrupción en los países mejor valorados del índice toma formas menos flagrantes", subraya el informe y lo atribuye tanto a que la pandemia ha puesto a prueba la resistencia de estos países como a que han demostrado que les falta fuerza para hacer frente al reto de una corrupción en redes cada vez más globalizadas, apunta TI. 

Sobre Canadá, que obtuvo 74 puntos, la más baja de la última década, recuerda que tanto el primer ministro, Justin Trudeau, como su exministro de Finanzas, Bill Morneau, estuvieron envueltos en un escándalo por la asignación de un contrato millonario a un organismo con el que tenían vínculos.

En 2021, el Comisionado de Ética absolvió a Trudeau, pero su ministro, que dimitió en 2020, fue señalado. Además, la investigación periodística Pandora Papers mostró al país como centro de flujos financieros ilícitos, que favoreció la corrupción transnacional en la región.

Otros países que han obtenido su puntuación más baja en diez años son Suiza, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos.  

Destaca el informe de Transparencia Internacional que, por primera vez, Estados Unidos quedó fuera del grupo de 25 países que suelen liderar la lista de los países menos corruptos. Quedó en el 27.  La oenegé cita un contexto caracterizado por constantes ataques contra elecciones libres y justas, pero también la opacidad del sistema de financiamiento de campañas electorales, elementos que generan "preocupación”. /Redacción internacional con AFP